La desgracia del Valle, vuelve la interinidad por la suspensión del gobernador

La suspensión del gobernador del Valle, Héctor Fabio Useche, dejó a ese departamento nuevamente en interinidad administrativa y con el penoso récord de sumar seis gobernadores en menos de dos años.

La sanción se remonta a la época en que Useche era secretario de Salud y, como tal, hacía parte de la junta directiva de la Industria de Licores del Valle. Durante ese periodo la licorera regaló 5 millones de botellas de aguardiente sin pagar impuestos, lo que produjo un detrimento patrimonial de 40.000 millones de pesos.

Useche reaccionó diciendo que no iba a renunciar. Sin embargo, la contralora Sandra Morelli afirmó a través de la radio que aunque Useche pague la sanción fiscal por el detrimento patrimonial de 40.000 millones de pesos en la Industria de Licores del Valle, "no podrá retornar al cargo". El presidente Juan Manuel Santos, por lo pronto, envió a su consejero político, Aurelio Iragorri, para que se haga cargo por ahora de la Gobernación.

Y esta no es la primera desgracia para el Valle. A la destitución en 2010 del gobernador Juan Carlos Abadía por participación indebida en política, se suma la suspensión de su ahijado político Useche, que llegó a ese cargo avalado por el Movimiento de Inclusión y Oportunidades, MIO, y apoyado por el polémico exsenador Juan Carlos Martínez, condenado por parapolítica. Es tanta la influencia de Martínez y Abadía en la actual Gobernación, que dos de los nombres de la terna que propuso el MIO para reemplazar a Useche son alfiles suyos.

Quienes defienden al gobernador han recurrido al argumento de que esta crisis es una persecución clasista liderada por la élite caleña. Un argumento muy parecido al esgrimido por Martínez, que ha dicho que lo atacan "por ser negro". Pero lo cierto es que Useche y Martínez tratan de tapar sus pecados con una mano de populismo en su versión más básica. Desde antes de que Useche fuera elegido, ya era de dominio público la investigación que la Contraloría seguía en su contra, entre otras irregularidades.

Useche insiste en afirmar que el fallo en su contra es una persecución política y, en un gesto retador muy similar al que hizo la fiscal Viviane Morales cuando renunció al cargo acompañada por su esposo Lucio, ofreció el pasado lunes una rueda de prensa escoltado por fichas políticas de sus padrinos, los polémicos Juan Carlos, para decir que "respeto pero no acato el fallo". La conferencia terminó en una bochornosa gresca.

Más allá de la minucia jurídica de lo que podría llamarse la crónica de una sanción anunciada, lo del Valle es solo una fotografía del despelote de algunos procesos electorales salpicados por escándalos de corrupción. El caso de Useche no es aislado. En el periodo anterior tuvieron que dejar sus cargos nueve gobernadores y 132 alcaldes. Y no sería raro que en este periodo se repitan esas cifras vergonzosas. ¿Qué está pasando? ¿Está condenada Colombia a elegir mandatarios locales que tienen que dejar sus cargos por hechos que ya habían sido advertidos?

El politólogo Fernando Giraldo cree que se deben hacer cambios estructurales en el sistema electoral, como "castigar severamente a los partidos y acabar con los candidatos por firmas". Mientras que el constitucionalista Juan Manuel Charry considera que "la política se degeneró en medio de la ineficiencia de los órganos de control".

¿Qué tanto contribuirán la recién estrenada reforma política y el nuevo Estatuto Anticorrupción para frenar a los candidatos cuestionados que se hacen elegir contra viento y marea? Por ahora no se ha visto su efecto.

En el Valle están preocupados. Eduardo Fernández de Soto, presidente de la Unidad de Acción Vallecaucana, en su más reciente informe de gestión dice que el problema más grave del departamento son "las mafias de la política". Y el diario El País de Cali, en un editorial, le pidió a Useche que renuncie. Los vallunos ven con preocupación que mientras en el pasado se disputaban con Antioquia el segundo puesto en liderazgo, hoy los amenaza el fantasma de caer a segunda categoría fiscal.