"La Dijin me pasó la cuenta de cobro"

SEMANA: De la desgrabación magnetofónica aparecida en el diario El Tiempo del viernes primero de octubre, se desprende una gran familiaridad entre usted y el señor Miguel Rodríguez Orejuela. ¿Cómo explica eso?
GUILLERMO VILLA: LO primero es que no he aceptado que mi interlocutor fuera el señor Miguel Rodríguez Orejuela. He dado algunas declaraciones bajo el supuesto de que lo fuera. Que era él, lo tendrán que demostrar quienes lo han afirmado. Reparando el contenido de las conversaciones, se puede deducir, como lo plantea su pregunta, y como afirmó el señor Fiscal General, una familiaridad en el trato entre mi interlocutor y yo. Pero nada más. Nadie puede deducir de los textos transcritos, coparticipación delictiva o actividad ilegal alguna, y la familiaridad de que se habla no está tipificada como infracción a la ley penal.
SEMANA: Entonces, ¿quién era la persona con quien usted estaba hablando?
G. V.: No estoy autorizado, hasta tanto hable con esa persona, para revelar su nombre. En tanto se me autorice, lo haré. De lo que tengo absoluta seguridad es de que mi interlocutor no estaba al margen de la ley, ni era requerido por la justicia penal colombiana, por lo menos el 23 de septiembre, día de la conversación.
SEMANA: En todo caso, sea quien fuere el interlocutor, hay algunas cosas que no se entienden muy bien. La primera es: ¿por qué aparece usted brindándole asesoría legal a un particular?
G. V.: Si ustedes revisan bien el texto, yo no asesoro, ni ofrezco asesoría. Mi interlocutor plantea un problema de una irregularidad grave por parte del director de la Dijin, y me la plantea en mi condición de Procurador delegado para la Policía Judicial. Mi respuesta no podía ser más obvia: necesito una queja. Es lo que cualquier funcionario habría respondido y requerido. Luego se me pregunta que ante quien es la queja, se me pide consejo en ese sentido, y mi respuesta es más obvia aun que la anterior: ante mí, no como Guillermo Villa sino como Procurador para la Policía Judicial. Y esto porque es a esa Procuraduría Delegada a la cual asignó la ley el manejo de los asuntos disciplinarios por hipotéticas violaciones a los reglamentos realizadas por funcionarios de la Policía Judicial.
SEMANA: Aparte de la familiaridad y de la supuesta asesoría, hay el ofrecimiento de parte suya de redactar un borrador de la queja. ¿No es eso ir demasiado lejos en el celo del cumplimiento de sus funciones?
G. V.: Reitero: no hubo asesoría, sino la indicación del cauce legal que debía seguir mi interlocutor, y ese consejo yo lo habría dado a cualquier persona que me hubiere planteado idéntica situación. Cuando un ciudadano arriba a la Procuraduria, es deber del funcionario que le atiende indicarle cuál es el trámite legal que debe tener su asunto y por dónde debe iniciarlo. Además, no me ofrecí a redactar nada. Cuando se habla en el texto de un borrador, a lo que hago referencia es a unos apartes que tomé de la resolución 10033 de noviembre 13 del 92, conocida como Manual de Inteligencia para la Policia Nacional, señalando tres normas de la misma resolución que a mi juicio habrían podido ser violadas por el director de la Dijin con la alteración del informe de inteligencia denunciada por mi interlocutor. Aunado ello a que yo vi el informe de inteligencia preliminar, original, y el ulterior con las alteraciones manuscritas en las cuales se incluían unos nombres que no contenían los originales. Ciertamente fue una expresión infortunada aquella del "borrador". Realmente a lo que me refería, como yo la expresé, era a unos apartes de la resolución citada.
SEMANA: Los nombres que fueron adicionados al informe original de inteligencia al que usted hace referencia, ¿son acaso los de Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela?
G.V: Sí.
SEMANA: Usted dice que no revela el nombre de su interlocutor, pero en todo caso debe ser una persona vinculada o cercana al cartel de Cali, pues de lo contrario no se entendería que quisiera hacer una denuncia contra un informe de la Dijin por haber sido este alterado para incluir los nombres ya mencionados.
¿Es así?
G. V: Retomo unas declaraciones recientes del señor Fiscal General, persona muy respetada por todos los colombianos, según las cuales el cartel de Cali, como tal, no existe. Hay personas que tienen asuntos pendientes con la justicia y tienen abogados, y a través de ellos se expresan. No sé de vínculos de mi interlocutor ajenos a mi alcance.
SEMANA: Cuando usted le ofrece a su interlocutor unos mapas, ¿a qué se refiere?
G.V.: A un mapa, a un levantamiento de un terreno que muestra su forma y su configuración en relieve. Explico: interesaba una negociación sobre un inmueble que un amigo mío tiene en venta desde cuando lo conozco, y mi interlocutor, para saber si era de su interés, quería mirar el mapa para saber cómo era y las condiciones y el estudio de todo el terreno. Como quiera que yo lo tenía y en mi despacho, ese documento con sus anexos quedó relacionado en el acta de entrega de mi despacho ayer (el jueves 30).
SEMANA: Cuando SU interlocutor le habla de que ya tiene listos unos pasajes, ¿a qué se refiere?
G. V.: A que mi interlocutor, en ocasión anterior, me había propuesto que en un fin de semana o un puente nos fuéramos a Cartagena. Y yo le dije en esa ocasión: si usted pone los pasajes, yo pongo el hotel y vamos. Y él me dice que ya tiene los pasajes.
SEMANA: En todo caso, ¿no cree usted que no tiene sentido que con un particular que se prepara para someter ante usted una queja contra el director de la Dijin, usted organice un plan de viaje a Cartagena de un fin de semana?
G. V: Primero: yo no conocí a esa persona el jueves 23 de septiembre, ni tuve mi primer contacto con ella ese día. Segundo: los quejosos no son parte en los procesos disciplinarios. Y tercero: tengan ustedes absoluta seguridad de que ante las nuevas circunstancias de estar esa persona en alguna forma interesada en un asunto que iba a tramitar la Procuraduría Delegada, ese plan vacacional se habría abortado, porque ya entonces, de haberlo materializado, podría configurarse ahí sí una infracción. Cuando se habló de un viaje, no existía la circunstancia de la expectativa de una queja. Sin lugar a dudas, eso cambió todo.
SEMANA: Pero aparte de estos pasajes, usted acepta en la conversación con interlocutor que el envíe a alguien a recogerlo al aeropuerto. ¿No es eso malo también?
G. V: Malo, ¿por qué? ¿Quien no ha ido a buscar a un amigo al aeropuerto? Yo fui a Cali a atender un compromiso social de carácter familiar. Y no fui solo, sino que además fueron mi papá, mi mamá y mi hermano,. que hasta donde sé no tienen vínculos con ningun cartel, o por lo menos no lo ha dicho así la Dijin. Y ese día, como siempre a donde yo viajara me acompañaron al aeropuerto mis escoltas de la Dijin, que además siempre informaban de mis desplazamientos a sus superiores, y enviaban poligramas a mis lugares de destino para que allí se me prestara protección por miembros de la respectiva Sijin, que usualmente salían a recogerme.
SEMANA: ¿Tuvo usted algo que ver con el proceso de contactos que se dio en el primer semestre de este año entre abogados del cartel de Cali y el Fiscal General y el Procurador General?
G. V.: Absolutamente nada.
SEMANA: ¿Se equivocan entonces los que piensan que entre esos contactos y la conversación del 23 de septiembre hay alguna relación?
G. V: Claro. Nada relaciona lo uno con lo otro. Es que en esto cada quien ha inventado una interpretación.
SEMANA: En todo caso, en el curso de la conversación usted se refiere a los hombres de la Dijin como "hijueputas". No cree que es un lenguaje poco apropiado para calificar a funcionarios de la Policía a quienes usted estaba investigando?
G. V.: Es cierto que no es elegante, pero sabía que ilegalmente era escuchado por ellos. Era una forma de enviarles un mensaje y en varias ocasiones lo hice cuando, por ejemplo, cortaban las llamadas. Yo lanzaba, entonces, alguna expresión a mi interlocutor refiriéndole lo chocante que era ser escuchado a hurtadillas.
SEMANA: En conclusión, ¿usted qué cree que hay detrás de todo esto?
G. V.: He tenido el valor de cuestionar a fondo actuaciones por fuera de la ley de la Policía Judicial y particularmente de la Dijin, que es donde con más frecuencia, se suceden. Decisiones recientes por mí adoptadas como los cargos por los hechos del barrio Santamaría del Lago; por el famoso "cambiazo", de Cali; por el frustrado atentado contra Jorge Eliécer Velásquez ("El Navegante"); la sanción al general Luis Enrique Montenegro por incumplir una orden judicial; la investigación contra el coronel Arango y el mayor Estupinán de la Dijin por manejos de dineros fuera de la ley, es decir, estando suspendido el mayor Estupiñán y no pudiendo manejar dinero, y el coronel como ordenador del gasto mientras fué director encargado de la Dijin, y lo que se veía venir por las alteraciones a los informes de inteligencia -que es de lo que trata la conversación-, motivaron toda esta explosión de protagonismo en la cual los transgresores de la ley terminan en el papel de víctimas y de acusadores, sobredimensionando un asunto con una imaginación calenturienta y novelesca que lleva a conclusiones gratuitas, en un asunto que se explica bien fácil: la Dijin me pasó la cuenta de cobro. -