La emergencia al desnudo

En noviembre del año pasado, gran parte del país estaba ahogándose. Las impactantes imágenes de los pueblos inundados hicieron comparar esta tragedia con la del Katrina, el huracán que provocó la mayor inundación de la historia de Estados Unidos. El ánimo de los colombianos se descolgó: mientras en octubre el 61 por ciento de los consultados por Gallup creía que las cosas iban a mejorar, con el invierno solo lo creyó así el 42 por ciento.

En ese entonces, el presidente Juan Manuel Santos planteó que la crisis era una gran oportunidad para transformar el país. Y puso a reconocidos líderes del sector privado, como el presidente de Bancolombia, Jorge Londoño, al frente de la locomotora de la reconstrucción. La idea de Santos es hacer un proyecto al estilo del Tennessee Valley Authority, con el que el presidente Roosevelt "hizo maravillas" después de una furiosa inundación provocada por el río Mississippi.

Hoy, casi cuatro meses después de haber comenzado la tragedia, ¿qué ha pasado? ¿La crisis sí se ha convertido en oportunidad? ¿Cómo están los damnificados? ¿Cuánta plata se ha invertido y en qué?

Ya comenzaron a salir a flote todo tipo de problemas. La Contraloría detectó hace dos semanas un sobrecosto de 2.200 millones en la compra de mercados en Montería. Y, según pudo establecer SEMANA, se descubrió que lo mismo ocurrió en Sucre, por cerca de 2.400 millones y con el mismo contratista.

En diez municipios de Atlántico y uno de Magdalena, la semana pasada no se había restablecido completamente la temporada escolar porque las escuelas y colegios seguían inundados u ocupados por los damnificados. Apenas el viernes comenzaron el trasteo de los afectados al primer albergue construido expresamente para esta emergencia en el país, en Sabanalarga, Atlántico.

En departamentos como Boyacá, Tolima y La Guajira, apenas hace 15 días comenzaron a entregarse las ayudas. Y también se presentaron retrasos considerables en Huila y en capitales como Quindío y Pereira. En cinco municipios de Bolívar, los mercados no alcanzaron para la atención de todos los que alegaban ser damnificados. Los censos se han convertido en un dolor de cabeza. Cuando llegan las ayudas no alcanzan porque aparecen más de los inscritos. En pueblos como Plato, Magdalena, y Sicuco y Mompox, Bolívar, los delegados de la Contraloría han tenido que acudir a un procedimiento particular: en una audiencia pública hacen que pasen uno a uno los inscritos en la lista y la comunidad toda dice si se trata de un damnificado o no.

El presidente del Senado, Armando Benedetti, también aprovechó el momento y dijo que le pedirá a la contralora Sandra Morelli investigar a los gobernadores que no han ejecutado recursos para la ola invernal. Según Benedetti, al del Atlántico le han girado 37.338 millones de pesos y ha gastado solo 4.625 millones de pesos.

La plata no va lenta solo en algunas de las gobernaciones y alcaldías. También se ha atascado en entidades como el Invías, a la cual Colombia Humanitaria le giró 50.000 millones para acondicionar vías y evitar así que se repita el rompimiento de jarillones o la aparición de chorros que han provocado las mayores inundaciones. Sin embargo, de ese dinero no se ha ejecutado nada.

El vaso medio lleno

A pesar de todas estas quejas, sería una injusticia, tan monumental como la tragedia misma, 'rajar' de buenas a primeras el proyecto de reconstrucción que se está adelantando. Esos problemas, muchos de ellos puntuales, pueden hacer perder de vista el tamaño del desafío: se trata de atender una emergencia que no estaba prevista, mientras las lluvias no amainan y con un número de damnificados que ya asciende a 2,5 millones en 902 municipios del país. Con esas cifras, podría incluso decirse que las quejas que se oyen son pocas.

Jorge Londoño dice, convencido: "Estamos satisfechos porque el modelo viene funcionando". Y explica que han entregado cerca de 400.000 mercados y que, según los gobernadores, no hay gente desatendida.

Sin duda, la cantidad de plata que hayan girado o ejecutado no es el mejor indicador para calificar el éxito o el fracaso de este empeño. Y menos cuando apenas han pasado tres meses de funcionamiento de Colombia Humanitaria y de los dos fondos que la componen: el Fondo de Calamidades -que atiende la emergencia con ayudas como viviendas, mercados, elementos para cocina, aseo y colchonetas- y el Fondo de Adaptación o Reconstrucción -que se debe encargar de las megaobras.

El primero no ha invertido ni una séptima parte de los 2,1 billones que tiene en sus arcas. Al 18 de marzo ese fondo había girado 238.000 millones de pesos en ayudas a los gobernadores.

El Fondo de Adaptación o Recons-trucción es otra historia. Todavía no ha recogido el grueso de los recursos con que se va a financiar -la venta del 10 por ciento de Ecopetrol y el impuesto al patrimonio- y la Corte Constitucional aún no le ha dado el visto bueno al decreto que lo creó. Según la gerente de este fondo, Cecilia Álvarez, en los primeros meses han diseñado los estudios e identificado los costos de las obras. "Ese informe detallado lo hizo la Cepal. Nos ayudó a estimar los daños causados por el invierno", dijo, tras aclarar que a en mayo se deben inscribir los proyectos de obra civil más grandes. ¿Qué está ocurriendo entonces?

La gran conclusión es que a pesar de las buenas intenciones y de la alta calidad de las personas elegidas para emprender la tarea de la reconstrucción, una tragedia como esta deja al desnudo la debilidad de las instituciones y la falta de preparación de ciertas autoridades y operadores locales para atender la emergencia.

Puede que Colombia Humanitaria haya hecho los giros a tiempo, pero, en algunos casos, los otros engranajes pueden atorar la rueda o hacerla más lenta. Y también ha tenido que ver el hecho de que la emergencia creada por el invierno no es estática. Everardo Murillo, el gerente del Fondo de Calamidad, explica que la variación permanente de las cifras es otro dolor de cabeza. "Por ejemplo, en enero se registraban 220.000 familias afectadas; luego, en febrero, fueron 362.000. En enero eran 600 municipios afectados, o algo más. En febrero eran poco más de 800 y hoy son 902", explicó.

Los pilotos de la reconstrucción esperan que esa dificultad se supere a partir del 15 de abril, cuando el Dane entregue el Registro Único de Damnificados (RUD). "La magnitud de la tragedia es directamente proporcional a la magnitud de toda la operación, y esa operación incluye hacer este Registro Único, que prácticamente equivale a hacer un censo en todo el país. Hay que recordar que en el censo de 2005 en Colombia, los resultados se conocieron un año y un mes después. En este caso vamos a tener los resultados en apenas tres meses", agrega Murillo. Para tenerlo listo ese día, el Dane tiene hoy más de 4.000 recolectores de información en terreno aplicando el formulario que se diseñó para ese fin.

Es difícil calificar esta especie de examen parcial de la reconstrucción. Si se mira el vaso medio lleno (y no el medio vacío de las quejas), se puede pensar que las cosas van por buen camino. Con el RUD y el diseño de las grandes obras, en teoría, las cosas se verán mejor en los próximos meses.

Y a eso se suma algo que no se ha tenido muy presente y es que la Contraloría está haciendo control en tiempo real, algo nunca antes visto en el país. Por eso ha detectado los dos goles de sobrecostos que debían haber sido atajados por la interventoría respectiva. Si se mira más detenidamente, son pocas las quejas y las irregularidades encontradas para el tamaño del proyecto y su inmediatez.

SEMANA recorrió la carretera que conduce de Candelaria a Campo de la Cruz, en Atlántico, la misma que había transitado hace casi tres meses. El estado de la vía y de las fincas es tan desolador que es como si se ingresara a una casa abandonada en la que hace meses o años no viviera nadie. La vía está cubierta de lodo, troncos y hojas secas sobre las cercas de las fincas. Las puertas de entrada a las casas están con candado; los árboles, podridos, y un mal olor de agua descompuesta y animales muertos domina el ambiente. La soledad de la vía agrava la sensación de orfandad y abandono.

Han pasado cuatro meses y cuando está a punto de comenzar otra vez el invierno, grandes extensiones de tierra todavía están bajo el agua, amenazando a miles de familias que todavía no se recuperan de la ruptura del Canal del Dique, en Santa Lucía. Por lo pronto hay que apostarle a que las cosas se sigan afinando. Porque la historia puede comenzar a repetirse.