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| 5/5/2003 12:00:00 AM

La encrucijada

El tema del intercambio humanitario está sobre el tapete. ¿Le conviene a Colombia? Análisis de SEMANA.

La encrucijada, Sección Nación, edición 1096, May  5 2003 La encrucijada
Quizá no hay otro tema que tenga tan presionado a Alvaro Uribe hoy como el del acuerdo humanitario. Todos los que tienen interés en el intercambio de guerrilleros presos por secuestrados lo están apretando pública o privadamente. Los familiares, por obvias razones, quieren a sus seres queridos de regreso; los cuatro ex presidentes liberales apoyan el acuerdo; la Unión Europea está interesada en Ingrid Betancourt mientras que Estados Unidos tiene tres de sus ciudadanos en poder de la guerrilla y Alan Jara, ex gobernador del Meta, fue sacado de un carro de Naciones Unidas.
 
Las Farc, por su parte, están motivadas por los beneficios militares y políticos de un canje. El primer mandatario está acosado y dando bandazos. En estas circunstancias, ¿cuál es el futuro del acuerdo humanitario? Una encuesta exclusiva de SEMANA, realizada por Invamer-Gallup la semana pasada, confirma que el acuerdo humanitario de guerrilleros por secuestrados cuenta con un creciente clima de opinión favorable. El 50 por ciento de los colombianos respaldan hoy esta iniciativa, en contraste con el rechazo que producía a principios del gobierno de Alvaro Uribe.
 
Cuando la propuesta es explicada en detalle el apoyo de la ciudadanía se eleva a 54 por ciento (ver gráficos). El péndulo de la opinión ha cambiado gracias no sólo a las fuertes presiones de estos grupos influyentes sino también a la sensibilización con el dolor continuado de estos colombianos que se pudren en la selva. Como afirmó María Isabel Rueda en una columna reciente en SEMANA, los secuestrados políticos de las Farc están en una sin salida. No se ve claro que la guerrilla los vaya a soltar voluntariamente y tampoco que las Fuerzas Armadas sean capaces de rescatarlos.
 
Los más antiguos soldados y policías en poder de las Farc cumplirán seis años en unas semanas y no hay pruebas de que los militares siquiera sepan dónde los tienen retenidos. Por otra parte, la opinión pública no espera que el conflicto interno colombiano termine en el gobierno de Uribe, lo que llevaría a pensar que si no se consigue un acuerdo en esta materia estos secuestrados podrían llegar al 7 de agosto de 2006 sin mayor esperanza de recuperar su libertad.
 
¿Cómo reaccionaría la opinión pública si al final de la actual administración Ingrid Betancourt, los ex ministros, el gobernador de Antioquia, los diputados del Valle, los ex parlamentarios y los políticos cumplieran más de tres años de secuestro? ¿Aceptarían los colombianos que los soldados sufrieran casi una década de cautiverio? Es evidente que esta es una situación política a la que el gobierno tiene que prestarle atención y darle solución.
 
El tema del acuerdo humanitario con las Farc ha estado, está y estará en la agenda de la administración Uribe. Más aún en estos momentos en que la tragedia de estos colombianos secuestrados ha calado en la sensibilidad de la gente. Pasar de una amplia negativa a cualquier intercambio de guerrilleros presos por militares y políticos en manos de la guerrilla a un respaldo del 50 por ciento en nueve meses es una muestra más de la importancia del tema.
 
El dilema
 
Sin embargo para el primer mandatario impulsar un acuerdo humanitario tiene más contras que pros. Por la posición de mano dura que llevó a Alvaro Uribe a la Casa de Nariño, el aceptar que unos 600 ó 700 mandos medios guerrilleros abandonen las cárceles implica un duro golpe a la coherencia de la política de seguridad, máxime cuando las Fuerzas Militares ya están obteniendo los primeros resultados positivos.
 
Según el Ministerio de Defensa, no sólo han disminuido los ataques a poblaciones, torres y oleoductos sino también han aumentado en 200 por ciento el número de abatidos y capturados. Hasta los secuestros han caído en 11 por ciento desde la posesión de Alvaro Uribe según datos de Fondelibertad.
 
Abrir las rejas de estos cuadros de las Farc sería un factor de desmoralización de una tropa que ha venido mejorando su capacidad de combate. ¿Con qué motivación van los militares a capturar guerrilleros si saben que por razones políticas podrán regresar de nuevo a la guerra? Paradójicamente, en nombre del Derecho Internacional Humanitario (DIH), se podría estar invitando a su violación ya que los soldados ya no detendrían a los guerrilleros sino que podrían ejecutarlos extrajudicialmente.
 
Además, según críticos del acuerdo, como el analista Rafael Nieto Loaiza, las consecuencias de esta iniciativa pueden ser desastrosas. Sería un paso a reconocerle a la guerrilla el estado de beligerancia, "en la medida en que el Estado renuncia a la aplicación de su derecho penal interno".
 
También estimularía la impunidad porque los guerrilleros no cumplirían sus penas de cárcel; la violencia porque delinquirían con la certeza de que serían dejados en libertad en acuerdos humanitarios subsecuentes, y el secuestro de nuevas figuras políticas porque mientras más personalidades y militares sean secuestrados las Farc tendrán más carne de cañón para negociar por sus combatientes que sean capturados en el futuro. Por otra parte, quedaría institucionalizada una diferencia injusta entre secuestrados de primera y de segunda.
 
Para los de primera la libertad dependería de las condiciones políticas mientras que los de segunda podrían pagar su secuestro extorsivo y obtener la libertad. Para el analista Alfredo Rangel, un eventual acuerdo "es visto por la guerrilla como una grieta en la política de seguridad del gobierno mientras que en lo militar recuperarían prisioneros que les serían muy útiles en un escalamiento".
 
Así como el presidente Alvaro Uribe sufre presiones externas a su gobierno para seguir adelante con la liberación de los guerrilleros por secuestrados, dentro de las Fuerzas Armadas el eventual acuerdo es visto como un anatema. Contar con la confianza y el respeto de las tropas al mismo tiempo que darle un espaldarazo al acuerdo con la guerrilla es una situación que Uribe no podrá sostener por mucho tiempo. Por lado y lado el primer mandatario está caminando en el filo de la navaja. A pesar de este panorama hay también ventajas al suscribir este acuerdo con las Farc.
 
En primer lugar, el gobierno de Uribe resuelve la tragedia humanitaria de estos secuestrados y mejora la imagen guerrerista que aún tiene en algunos sectores internos e internacionales. Además queda bien con estos poderosos grupos de presión y cede en un punto de la agenda que es crucial, no sólo para las Farc sino para 'Manuel Marulanda Vélez' en persona.
 
Este gesto podría abrir la puerta a nuevos escenarios de negociación en los que esta flexibilidad del gobierno le daría una importante ventaja para sacarle a la guerrilla decisiones más trascendentales para la paz. "Hoy el gobierno tiene un excelente respaldo para negociar directamente con las Farc", dice el ex ministro Angelino Garzón, miembro de la comisión facilitadora. Claro está que estos pros y contras dependen intrínsecamente de los términos en que gobierno y guerrilla impulsen este acuerdo.
 
No es lo mismo que liberen a todos los secuestrados que a todos los secuestrados 'políticos', ni tampoco que los guerrilleros salgan de las cárceles para regresar a las filas de la subversión o que salgan hacia un país amigo y no puedan volver a Colombia. ¿Cuáles son las posturas actuales de ambas partes?
 
La estrategia
 
Las contradicciones del presidente Alvaro Uribe en el acuerdo humanitario han sido evidentes. Ha querido quedar bien con todo el mundo aunque, en el fondo, no parezca dispuesto a dar el primer paso. El Presidente ha desplegado una estrategia de ser blando con las familias y duro con las Farc.
 
A los familiares de los secuestrados los ha atendido personalmente y ha avalado los esfuerzos políticos de dirigentes, como el del senador liberal José Renán Trujillo, para conseguir apoyos como el de los ex presidentes. Además autorizó en enero una comisión facilitadora integrada por monseñor Luis Augusto Castro, el padre Darío Echeverry y el ex ministro Garzón. Sin embargo el mismo Uribe pone unas condiciones que alejan la viabilidad del acuerdo, como la participación de las Naciones Unidas y la renuencia a desmilitarizar "ni un centímetro del país".
 
Asimismo, el primer mandatario usa un lenguaje agresivo, como calificar a las Farc de "caterva de bandidos" mientras que al mismo tiempo declara su voluntad política para consolidar el acuerdo. Esta actitud de zigzag del Ejecutivo tiene desconcertados a los grupos de familiares, que no saben muy bien si el acuerdo humanitario está cerca o lejos. Según Rangel, el haber generado expectativas a las familias de los secuestrados "le está saliendo costoso al presidente Uribe". No obstante, el gobierno ha cedido en estos meses en puntos que en agosto pasado parecían inmodificables.
 
En primera instancia Uribe exigía un alto al fuego para dar inicio al acuerdo humanitario. Luego lo condicionó a la existencia de un proceso de paz y después montó la comisión facilitadora. Las Farc también han dado muestras de acercamiento al dejar de exigir un despeje departamental e incluir en el paquete de secuestrados a los tres estadounidenses. Sin embargo, en la última carta, la guerrilla no mencionó a los ex parlamentarios en su poder, como el senador Jorge Eduardo Gechem, Orlando Beltrán, Leonor González de Perdomo, Luis Eladio Pérez, Oscar Tulio Lizcano y Consuelo de Lozada. Esto ha preocupado a sus seres queridos, quienes exigen al secretariado una respuesta clara sobre si siguen en el abanico de los secuestrados políticos o si han pasado a ser considerados por la guerrilla como secuestros extorsivos.
 
En su estrategia el gobierno ha identificado unos inconvenientes que evitan que el acuerdo humanitario tome su propio impulso. Sin embargo algunos de esos problemas son ficticios, aunque otros son muy reales. En primer lugar, el temor de que realizar el acuerdo es regresar a la zona de distensión es claramente ficticio. Lo que las Farc piden son garantías para la eventualidad de que se sienten a negociar.
 
Desmilitarizar un área para las negociaciones y la entrega no es devolverle a la guerrilla otro Caguán sino simplemente generar unas condiciones de seguridad para los negociadores de la guerrilla. En segunda instancia, que sea indispensable la intermediación de Naciones Unidas se cae de su peso. El acuerdo sería entre la guerrilla y el Estado, por lo que esta organización internacional podría ser garante de las condiciones. Sin embargo el gobierno ya ha cedido en este punto en particular y la comisión facilitadora tiene como papel precisamente la construcción de la confianza entre las partes para sentarse a hablar.
 
Como tercer problema está la propuesta de enviar a los guerrilleros liberados a un país amigo para así evitar que regresen a delinquir en las filas de las Farc. Este país tutelaría las actividades de los subversivos y no los dejaría regresar al territorio nacional. SEMANA consultó con algunos gobiernos extranjeros y encontró no sólo que el primer mandatario no ha expresado esa petición por los canales diplomáticos formales sino también que esos Estados están preocupados por la viabilidad de semejante propuesta. ¿Cuántos guerrilleros serían y si viajarían solos o con sus familias? ¿Por cuánto tiempo se quedarían en el extranjero? ¿Dónde los recluirían y cómo evitar que salgan del país?
 
Enviar y mantener 600 guerrilleros en un país extranjero no sólo es muy costoso sino que le generaría complicaciones a la nación receptora. Estos interrogantes atentan contra la viabilidad de la propuesta. El problema de qué hacer para impedir que los guerrilleros regresen a las Farc es tangible. Una parte de estos 600 prisioneros son cuadros necesarios para la guerrilla, en especial cuando los frentes han ganado autonomía por los problemas de comunicaciones internas del secretariado.
 
Un cuadro de estos vale mucho más que cualquier guerrillero raso porque se ha invertido mucho tiempo en su formación militar. Para la guerrilla es más fácil conseguir un puñado de nuevos reclutas que recuperar un mando medio para la guerra.
 
La capacidad militar de las Farc se fortalecería indudablemente. El presidente Alvaro Uribe fue claro en ese punto: "¿Quiere el país que yo suelte a los guerrilleros que están en las cárceles para que vuelvan a delinquir?".
 
Y, por último, nadie cree en la afirmación de que este acuerdo sería por una sola vez. Esto es pura ficción ya que con la liberación de los guerrilleros se habría sentado un precedente. Además, como afirma Nieto Loaiza, "si se repiten las condiciones, se repiten las soluciones". Sería ingenuo pensar que las Farc dejarán de secuestrar si consiguen el acuerdo. Es todo lo contrario. Si obtienen la libertad de sus cuadros seguirán secuestrando más militares y políticos para así presionar un segundo acuerdo.
 
Las familias serán distintas pero el drama será el mismo. Esto conduciría, a su vez, a un desprestigio público de los acuerdos como herramienta de humanización del conflicto.
 
El futuro
 
Sean ficticios o reales, los problemas tienen estancado este proceso. El punto en que se encuentra el acuerdo humanitario en la actualidad tiene que ser superado. Alvaro Uribe y 'Manuel Marulanda' están frente a frente y les toca decidir qué tipo de acuerdo harán.
 
En vez de poner condiciones inaceptables para las Farc el gobierno debe buscar condiciones aceptables para la opinión pública. Que sean liberados la totalidad de los secuestrados sin distinción, que los guerrilleros no vuelvan a la guerrilla y que haya un compromiso de no volver a secuestrar sería un acuerdo humanitario que los colombianos aceptarían. El presidente Uribe parece honesto en su convicción de que, en aras de mantener la coherencia de su política antiguerrillera, el acuerdo no se debe dar.
 
Al apoyar esta iniciativa el gobierno rompería la primera regla de oro de la lucha contra el terrorismo: no ceder ante rehenes. Si el Estado de Israel hubiera cedido a demandas de este tipo ni siquiera existiría. Pero no hay país que no haya negociado al menos una vez, y Colombia es un país transaccional. En unos meses, o en unos años, el acuerdo se hará, sea por una decisión política o humanitaria, con todas las consecuencias que eso implicará para la seguridad y para la justicia.
 
A pesar de que el acuerdo sigue siendo interpretado como legal y obligatorio por unos sectores y como una decisión desastrosa por otros, el problema ya dejó de ser el qué para convertirse en el cómo. Aunque todos quieren que se le dé pronta solución a esta tragedia humana aún resta decidir el punto medio en que Uribe y 'Marulanda' aceptarían dejar sus pretensiones y conciliar. De los términos que se negocien dependerán los pros y los contras del acuerdo humanitario tanto para el Estado como para las Farc.
 
Si estas condiciones son amplias las consecuencias serán fatales para el gobierno Uribe, mientras que si son restringidas y se llega a compromisos que las Farc cumplan el acuerdo habrá cumplido su objetivo: aliviar el dolor de unas familias de ver a sus seres queridos sufriendo la tortura de la pérdida de la libertad en condiciones infrahumanas sin que eso sirva para aumentar el poder delictivo de la guerrilla. Sigue siendo más sencillo decirlo que hacerlo.

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