Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

×

| 1/17/1994 12:00:00 AM

LA ENTREGA COJEA

Por debajo de las expectativas resultó la reunión de Fiscal y Procurador con abogados del cartel de Cali para una posible entrega.

LA ENTREGA COJEA LA ENTREGA COJEA
LA EXPECTATIVA HABIA crecido con el paso de las horas. La idea de una reunión entre el fiscal general de la Nación, Gustavo de Greiff; su mano derecha, el vicefiscal Francisco Sintura; el procurador general de la Nación, Carlos Gustavo Arrieta, y los abogados Juan Fernández Carrasquilla y Bernardo González Gómez, quienes actuaban en representación de Gilberto Rodríguez Orejuela y Julio Fabio Urdinola Grajales, había congregado el jueves en la tarde a decenas de periodistas en las afueras del edificio de la Fiscalía, en el sector de La Merced en Bogotá.
Había motivos para el optimismo. Desde mediados del año, cuando se comenzó a hablar de la posibilidad de que los principales líderes del narcotráfico en el Valle del Cauca se sometieran a la justicia, nunca se había llegado a nada tan concreto: dos abogados, cada uno con su respectivo poder autenticado ante Notario, habían sido autorizados por Gilberto Rodríguez y Julio Fabio Urdinola para que, en el marco del artículo 3691 del Código de Procedimiento Penal -aprobado hace pocas semanas por el Congreso-, llevaran a cabo los contactos preliminares con la Fiscalía General para estudiar la procedencia de los posibles beneficios a que se harían acreedores sus defendidos si se someten a la justicia.
Dos elementos contribuían a aumentar las expectativas: la impresión generalizada de que los abogados del cartel de Cali habían hecho lobby en el Congreso para conseguir la aprobación de algunos de los artículos del Código de Procedimiento Penal y de que, aunque no hubieran quedado del todo contentos con el resultado, lo consideraban un avance que podía facilitar el sometimiento de sus defendidos; y la muerte de Pablo Escobar, por parte del Bloque de Búsqueda, con lo cual se eliminaba uno de los obstáculos que al parecer impedían el sometimiento de las gentes del Valle del Cauca, quienes se encontraban desde mediados de la década pasada en guerra con Escobar y se mantenían reacios a entregarse mientras el jefe del cartel de Medellín continuara activo.
Pero después de tres horas de reunión, los periodistas vieron que sus ilusiones de obtener una gran noticia se desvanecieron. La Fiscalía produjo un escueto comunicado que no contó nada nuevo, los abogados hablaron poco y las declaraciones del fiscal De Greiff, el funcionario que había mostrado siempre mayor optimismo frente al asunto, resultaron más bien prudentes.
LA REUNION
En opinión de uno de los altos funcionarios vinculados al proceso desde hace varios meses, "la verdad es que la reunión del jueves fue la más pobre en contenido de todas las que se han realizado, pues de parte de los abogados no hubo ninguna oferta concreta más allá de la expresión de la voluntad de sometimiento". Según el alto funcionario "lo único nuevo de este encuentro fue el hecho de que por primera vez se estaba hablando con personas que contaban con poderes legalmente constituídos como representantes de dos jefes de los carteles del Valle". En efecto, en el pasado tanto la Procuraduría como la Fiscalía y algunos altos funcionarios del Gobierno habían sido contactados por abogados que no presentaban poder legal alguno, o por dirigentes políticos que traían mensajes de las gentes del cartel.
Por lo demás, poco o nada se avanzó en la reunión, que uno de los dos abogados participantes calificó de encuentro de "tanteo y exploración ". Al iniciarse la conversación, poco despues de las tres y media de la tarde, los apoderados de Rodríguez y Urdinola aseguraron que estos se quieren someter a la justicia y colaborar con ella, e indagaron sobre los caminos que podrían recorrerse para alcanzar ese objetivo. La respuesta del Fiscal y del Procurador fue que los caminos estaban claros en la legislación vigente.
Más adelante los dos penalistas plantearon algo que ya había sido mencionado en reuniones anteriores: que, al menos en el caso de Gilberto Rodríguez, él no quiere ni confesar delitos ni entrar a la cárcel en espera de que el proceso se desarrolle. Por el contrario, pediría que durante el proceso su casa en Cali le sirviera de cárcel -algo contemplado en el nuevo Código de Procedimiento-, y, en vez de confesar, esperaría a que las autoridades judiciales le demostraran las acusaciones que pesan en su contra.
El procurador Arrieta les hizo saber que eso era muy poco frente a contactos anteriores en los cuales se había hablado de entrega masiva de personas del cartel, así como de laboratorios y aviones, nutrida información sobre rutas de tráfico de cocaína y redes de distribución del producto en los países consumidores, y reducción efectiva del negocio. La respuesta de los abogados fue que para sus poderdantes es difícil convencer a decenas de personas vinculadas al negocio, de someterse. Y en lo referente a la reducción significativa del tráfico, dijeron que es algo difícil de garantizar.
UN LARGO CAMINO
Lo sucedido la semana pasada confirma que el proceso hacia una eventual entrega de importantes narcotráficantes del Valle del Cauca no será, como algunos creyeron en un principio, un asunto sencillo. Y es que hay muchas razones para que, si las cosas avanzan, se hagan lentamente. La primera es que, a diferencia de lo que sucedía con el cartel de Medellín, en Cali no existe una organización tan férreamente jerarquizada como la que lideraba Escobar, y eso dificulta un sometimiento en bloque de los distintos grupos que integran las organizaciones Valle del Cauca. La segunda, que en opinión de las autoridades judiciales, los abogados que han hablado a nombre de las gentes de Cali son más penalistas que negociadores experimentados. La tercera, que, a juzgar por la poca audacia de la oferta de sometimiento -ni confesión de delitos ni aceptación de encarcelamiento- por momentos las autoridades tienden a creer -como le dijo uno de los funcionarios a SEMANA- que, "más que someterse a la justicia, lo que estas gentes quieren es limpiar sus hojas de vida; resolver su situación jurídica sin pagar por sus delitos .
Claro que se puede decir que como ya hay poco más de una docena de procesos en curso contra gentes del cartel de Cali -especialmente los hernanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela-, sería aceptable la no confesión y aun que se quedaran recluídos en sus residencias, en la certeza de que, una vez concluídos los procesos, habría importantes condenas.
No obstante, el problema es que la mayoría de esos procesos están lejos de constituir lo que los estadounidenses llaman "strong cases" (casos sólidos), y sólo llegarían a perfeccionarse con la ayuda de la justicia de Estados Unidos. En principio, los acuerdos de intercambio de pruebas firmados en 1991 por los gobiernos de Washington y Bogotá preven este tipo de colaboración. "Pero se equivocan quienes creen que esa ayuda judicial estadounidense se va a dar con una base tan débil como la no confesión por parte de los sometidos de Cali, y la casa por cárcel", le dijo a SEMANA un alto funcionario judicial. Según la fuente, las autoridades de Estados Unidos no han visto con buenos ojos las modificaciones al Código de Procedimiento Penal y estan convencidas de que lo que busca la cúpula del cartel de Cali es resolver sus problemas jurídicos y seguir adelante con el negocio, en el que, según ha dicho la DEA, los principales capos ya no se dedican a exportar cocaína sino a alquilar sus redes de distribución de droga en las ciudades estadounidenses.
Queda claro, entonces, que por ahora no es mucho realmente lo que se le puede apostar al proceso de entrega de las gentes del Valle del Cauca, proceso en cuyo avance es previsible que las exigencias internacionales y de algunos sectores nacionales se encaminen hacia el aumento de la presión militar y policiva contra el cartel de Cali, con la esperanza de que esto impulse a los jefes de la organización a ir más lejos en sus propuestas de sometimiento.

EDICIÓN 1894

PORTADA

Los secretos de la red de espionaje

SEMANA revela detalles y conversaciones desconocidas de la organización de chuzadas ilegales más grande descubierta en el país. Las víctimas eran empresas, funcionarios públicos, miembros de las Fuerzas Militares y particulares.

Queremos conocerlo un poco,
cuéntenos acerca de usted:

Maria,

Gracias por registrarse en SEMANA Para finalizar el proceso, por favor valide su correo a través del enlace que enviamos a:

correo@123.com

Maria,

su cuenta aun no ha sido activada para poder leer el contenido de la edición impresa. Por favor valide su correo a través del enlace que enviamos a:

correo@123.com

Para verificar su suscripción, por favor ingrese la siguiente información:

O
Ed. 1894

¿No tiene suscripción? ¡Adquiérala ya!

Su código de suscripción no se encuentra activo.