LA ESTRATEGIA DEL CARACOL

BIEN PODRIA TRATARSE, como en la ya famosa película de Sergio Cabrera, de una nueva estrategia del caracol. Claro que en este caso el fin es mucho menos loable que el que perseguían los personajes de la cinta. En efecto, a diferencia de lo que sucedía en la película, en la cual los residentes de un inquilinato demoraban con argucias su proceso de desalojo, en esta oportunidad un grupo de abogados del cartel de Cali parece estar jugando a dilatar los procesos que les sigue la Fiscalía a sus defendidos, convencidos de que el Consejo de Estado, al resolver la demanda de un particular, conceptuará que el fiscal Alfonso Valdivieso debe abandonar su cargo en marzo próximo.
"La idea de los abogados es impedir que sea la Fiscalía de Valdivieso la que conduzca la acusación en los juicios que se avecinan", le explicó a SEMANA un auxiliar del Consejo de Estado. La fuente agregó que "los narcotraficantes que están presos saben que, con Valdivieso, la Fiscalía pediría en los juicios la aplicación de las penas más altas y, en caso de negociación, sería muy dura en lo referente a acordar rebajas". Según el funcionario judicial, "aquí hay muchos rumores en el sentido de que esos abogados están haciendo 'lobbying' ante el Consejo para garantizar que Valdivieso se vaya en marzo. Yo no he podido comprobar la veracidad de esas versiones, pero soy testigo de que esos abogados preguntan mucho, averiguan mucho cómo va ese asunto".
Presiones similares ya se habían hecho sentir en el Consejo de Estado el semestre pasado, cuando el alto Tribunal se disponía a resolver una demanda en contra de la elección de Valdivieso por la Corte en 1994. En esa ocasión, el Consejo decidiò respaldar la elección. Pero ahora, cuando el Tribunal debe definir si el Fiscal saldrá o no en marzo, las apuestas están divididas.

LAS TACTICAS
¿Qué están haciendo los abogados? En pocas palabras, todo aquello que dilate los procesos: han bombardeado a los fiscales con toda clase de memoriales que tienen que ser respondidos obligatoriamente y han solicitado decenas de pruebas de todo tipo, algunas de ellas especialmente engorrosas y de lenta obtención. En algunos casos, como el del ex embajador Eduardo Mestre, han pedido que el propio fiscal Valdivieso sea llamado a declarar como testigo, lo cual de paso lo inhabilitaría para seguir adelante con ese proceso y posiblemente obligaría al nombramiento de un fiscal ad hoc. Aunque en este caso los fiscales del proceso 8.000 ya resolvieron que Valdivieso no tiene por qué ser llamado a declarar, estas estrategias siguen en la agenda de los abogados.
Capítulo especial en todo este asunto merece la intervención permanente de la Procuraduría. Con algún grado de éxito, los abogados del cartel han presentado denuncias de tipo disciplinario en contra del Fiscal, el vicefiscal, el director nacional de Fiscalías y hasta los fiscales sin rostro, que se han visto obligados en cuando menos dos casos a revelar sus identidades a petición de la Procuraduría.
Este hecho ha generado críticas por cuanto es bien conocido que la Fiscalía envió hace algunos meses el caso del procurador Orlando Vásquez a la Corte, cuando sus investigadores encontraron indicios de que, siendo Vásquez senador, empresas del cartel le pagaron algunas cuentas en el Hotel Intercontinental de Cali. Además, el Procurador está siendo indagado de modo preliminar por el caso de la filtración al gobierno de la indagatoria de Santiago Medina. De ahí que sea mal vista tanta diligencia de la Procuraduría por actuar en contra de los funcionarios de la Fiscalía. "Se han dado casos -le dijo a SEMANA un alto funcionario de la Fiscalía- en que algunos fiscales han sido amenazados por funcionarios de la Procuraduría que les advierten sobre procesos disciplinarios en su contra, que podrían terminar muy mal".

¿HASTA MARZO?
El debate sobre la elección de Valdivieso y sobre su período en el cargo ha estado plagado de complejas y contradictorias interpretaciones jurídicas. El año pasado, la Corte Suprema de Justicia decidió aplicarle al anterior Fiscal, Gustavo de Greiff, la edad de retiro forzoso establecida para la rama judicial y procedió a elegir en su reemplazo a Valdivieso. Al designarlo, la Corte determinó que su período iría hasta marzo de 1996, pues el nuevo Fiscal debía completar los cuatro años de De Greiff, que se habían iniciado en marzo de 1992. Sin embargo, el Consejo de Estado falló a principios de este año una demanda en contra de la decisión de la Corte de aplicar la edad de retiro a De Greiff y aseguró que en eso la Corte se había equivocado. Los argumentos centrales del Consejo fueron que la Fiscalía tenía un régimen legal propio, que sus normas rectoras eran la Constitución y el Estatuto Orgánico de la Fiscalía, y que ellas no preveían la aplicación de la edad de retiro para el Fiscal. En un fallo emitido pocas semanas después, el Consejo sosfuvo sin embargo la elección de Valdivieso, con el argumento de que aunque el retiro de De Greiff había sido considerado nulo por el Consejo, la elección de su reemplazo se sostenía por el principio de legalidad. Es decir, que cuando la Corte eligió al nuevo Fiscal, lo hizo convencida de que el retiro de De Greiff había sido legal.
Estos antecedentes deberían, desde el punto de vista estrictamente jurídico, garantizar que Valdivieso pudiera seguir después de marzo y hasta julio de 1998. En efecto, si tal y como lo dijo el Consejo de Estado, la Fiscalía se rige por la Constitución y por su Estatuto Orgánico, en ambas normas es claro que la Corte Suprema elige al Fiscal "por un perìodo de cuatro años". La nueva ley estatutaria de la justicia, que entra en vigor a fines de este mes, plantea algo distinto. En un artículo que contó con el vehemente respaldo de numerosos congresistas, se determinó que si un fiscal no terminaba su período, su reemplazo no debía ser elegido por cuatro años, sino por el resto del período de aquél a quien reemplazó. Sin embargo semejante artículo, que a todas luces tiene nombre propio, podría no aplicarse en este caso por cuanto se trata de una ley posterior a la elección de Valdivieso y como se sabe, la aplicación de la ley no puede ser retroactiva.
En el asunto han intervenido ya la Procuraduría y el gobierno. Este último, por intermedio del Ministerio de Justicia, envió un memorial que respalda la interpretación jurídica en el sentido de que Valdivieso debe seguir hasta 1998. Una fuente del gabinete aseguró que "en contra de lo que se ha rumorado y de lo que al parecer creen algunos consejeros de Estado, el gobierno quiere que Valdivieso se quede, y no sólo por las razones aludidas en el memorial, sino por una cuestión de tipo político, ya que somos conscientes de que sería impresentable interna y externamente una salida ahora del Fiscal".
La Procuraduría piensa algo muy distinto. En un concepto que envió a solicitud del Consejo, el Ministerio Público defendió la tesis del retiro del Fiscal en marzo, con base en una asimilación del período del Fiscal al de Procurador y Contralor, algo que por ninguna parte aparece en la Constitución ni en el Estatuto Orgánico de la Fiscalía. Sea como fuere, el asunto está en manos del Consejo de Estado, que deberá decidir en los próximos días si, entre otras cosas, el esfuerzo de la gente del cartel por dilatar los procesos valió la pena.