La estrategia

Todo el mundo habla desde hace un año sobre la Seguridad Democrática de Alvaro Uribe, ya sea para alabarla o para criticarla. Sin embargo sólo hasta este domingo el Presidente presentó formalmente su política para ganar la guerra.

Es un documento estructurado y coherente. Pero sobre todo original en tres sentidos: es una política orientada principalmente a proteger a los ciudadanos más que a derrotar a un enemigo; parte del supuesto de que el origen de la violencia no está en la pobreza ni en la desigualdad sino en la debilidad histórica del Estado para ejercer su autoridad, y asume que la seguridad es responsabilidad de las tres ramas del poder, de la comunidad internacional y de los ciudadanos en su conjunto y no sólo del Ejército y la Policía.

Estos tres conceptos parecen sencillos -y hasta obvios- pero suponen un cambio radical en la forma como tradicionalmente el gobierno ha enfrentado el conflicto armado.

Es novedoso porque entiende el problema de las guerrillas y los paramilitares más como un asunto de seguridad individual que como una guerra. Es decir, que bajo esta política la labor prioritaria de un comandante del Ejército es garantizar que en su zona nadie sea secuestrado, extorsionado, desaparecido, desplazado, amenazado ni asesinado. Su desempeño será evaluado más sobre la base de cuánto disminuyen estos indicadores que según el número de bajas de guerrilleros, como históricamente han sido evaluados para sus ascensos.

Este viraje implica un cambio de mentalidad en las Fuerzas Militares. Hasta que Uribe comenzó a llamar por teléfono a los comandantes todas las semanas el Ejército tenía en la práctica una estrategia más reactiva que ofensiva. Es decir, los soldados salían de sus brigadas principalmente para reaccionar frente a la toma de un pueblo o para una misión de combate específica. Muy pocos hombres se dedicaban a cuidar carreteras, rescatar secuestrados minutos después del plagio o patrullar zonas rurales.

Con este nuevo enfoque la mayoría de los soldados y policías se volcarán a las calles y al campo y será más difícil que, como ya ha ocurrido en el pasado, se roben 10.000 reses de ganado a escasos kilómetros de la base militar de Tres Esquinas o secuestren a pocos minutos de Tolemaida, dos de las brigadas mejor equipadas del país.

La política de Seguridad Democrática define estrategias concretas para proteger a los ciudadanos y la infraestructura del país. Lo curioso es que la mayoría de estas acciones no son militares. Así como para reducir a la mitad los homicidios en Bogotá no se necesitaron más policías, muchas de las estrategias planteadas tienen que ver con una mayor inteligencia humana y electrónica, un manejo más adecuado de la información, una mejor definición de prioridades y un trabajo más articulado entre las instituciones.

Por ejemplo, para combatir el secuestro se propone, entre otras estrategias, realizar inteligencia en las cárceles para prevenir que desde allí se planeen plagios y para obtener información valiosa que permita desarticular las organizaciones de secuestradores. También se establece como meta investigar a fondo el fenómeno del secuestro, sus patrones geográficos, su modus operandi y los flujos de dinero del negocio para poder combatirlo más eficazmente y concientizar a los gremios, empresas, familias y multinacionales para que no paguen secuestros y trabajen con las autoridades en el rescate de sus seres queridos.

Recuperacion gradual

La Política de Seguridad del gobierno asume que los grupos armados ilegales se nutren de la ausencia del Estado y que, por lo tanto, la forma de proteger a los ciudadanos es garantizando la presencia de unas instituciones fuertes y legítimas en todo el país. "La seguridad no es principalmente coerción: es la presencia permanente y efectiva de la autoridad democrática en el territorio", dice el documento elaborado por el Ministerio de Defensa con la participación de otros ministerios.

Como el gobierno no posee recursos para tener a un soldado en cada rincón de Colombia la recuperación del control territorial se hará de manera gradual, comenzando por aquellas zonas más estratégicas. En tres años se espera que, además de los batallones de alta montaña para cortarles el paso a las guerrillas por los páramos, en todas las cabeceras municipales exista un pelotón compuesto por soldados regulares, soldados campesinos y carabineros de la Policía Nacional, que contarán con el apoyo de brigadas móviles. Una vez este grupo asegure la zona y la Fiscalía y los organismos de investigación criminal hayan judicializado a quienes cometen delitos allí, comenzará el ciclo de consolidación del control estatal.

Esta fase, que siempre es la más complicada, supone fortalecer la administración de justicia y la labor de las alcaldías, extender los servicios del Estado e iniciar proyectos productivos que sean sostenibles en el largo plazo.

En ese sentido hay mucho que aprender de lo que ha sucedido este año en las zonas de rehabilitación en Arauca y Montes de María, creadas bajo esta lógica. El tema de la legitimidad del Estado a través de la presencia de sus instituciones es quizás el tema más difícil: cómo hacer presencia en materia de salud, educación y justicia con un Estado sin plata.

Aunque la Corte Constitucional les quitó muchos dientes al declarar inconstitucionales las facultades judiciales de los militares, lo cierto es que la recuperación militar ha sido más efectiva -sin haberla logrado del todo- que la consolidación por parte del resto del Estado. Los habitantes de ambas zonas piden a gritos que además de soldados necesitan que el Banco Ganadero vuelva a operar en Saravena o que los jóvenes tengan algo productivo que hacer.

La coordinación estatal, incluso en lo militar, también ha presentado fallas. En el momento en que la brigada del Ejército en Saravena mostraba con orgullo que, por primera vez en cuatro años, durante más de 100 días no había habido ni un solo ataque guerrillero en el pueblo, se les dio la orden de retirarse para ir a perseguir infructuosamente a 'Grannobles'. Al otro día el ELN atacó la estación de Policía. Y aunque el error fue rápidamente rectificado, la población sintió que la promesa que le habían hecho los soldados de quedarse podría romperse fácilmente.

La política es clara en que "la falta de coordinación efectiva entre las instituciones ha sido quizás una de las mayores deficiencias en la respuesta del Estado a la seguridad de los ciudadanos". Para garantizarla crea un Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, en el que el Presidente de la República coordinará con los ministerios y la Fuerza Pública la ejecución de la Política de Seguridad Democrática. Y conforma una Junta de Inteligencia Conjunta integrada por los directores de los organismos de inteligencia, cuya responsabilidad será producir análisis para que el Presidente y el Ministerio de Defensa puedan tomar decisiones. Este punto de una mayor coordinación entre las agencias de inteligencia es fundamental pues, aunque algo se ha ganado en este campo, los celos interinstitucionales siguen obstaculizando las investigaciones sobre todo para combatir el terrorismo.

El tercer eje de la política es el de la colaboración: acabar la violencia es la prioridad número uno de este gobierno pero todo el mundo tiene que poner su grano de arena. ¿Cómo? Denunciando los delitos, pagando impuestos, ofreciendo empleo a los desmovilizados, acogiendo a los desplazados, evitando el pago de rescates, colaborando con las autoridades.

La transparencia en las actuaciones del Estado y la legitimidad de las instituciones frente a los ciudadanos son el supuesto esencial de la Seguridad Democrática. Es decir, que el respeto a los derechos humanos es su condición básica y también su objetivo último. Ojalá que esto y todo lo demás planteado en la política se lleve a la práctica tal como está escrito de manera tan sensata en el papel.