La extradición ¿el coco por el que peligra el proceso de paz?

Se creía que los términos en que procedía la extradición para integrantes de las Farc habían quedado claro en el acuerdo de paz, sin embargo, el caso de Jesús Santrich puso a prueba el pacto y ahora Gobierno, Farc y Congreso no logran superar esta nueva sinsalida.

Mientras la Jurisdicción Especial para la Paz continúa con un trámite que dejó un descontento institucional generalizado -la Procuraduría lo califica de inconstitucional-, las partes intentan de manera simultánea abrirle camino a una ruta que dé cumplimiento a lo pactado. El camino es el del proyecto que establecerá las reglas de procedimiento para esta jurisdicción y aunque hay varios puntos de discordia lo de fondo sigue siendo la extradición.

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En declaraciones a La W Radio, el representante a la Cámara Hernán Penagos reveló las intimidades de una discusión que comenzó en la mañana de este martes, junto con el gobierno y el abogado Diego Martínez, en representación de la Farc durante un encuentro de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación. Según Penagos, la propuesta que llevó Martínez referente al tema de extradición hace una interpretación del artículo 19 del Acto Legislativo 01 del 2017 que desconoce las competencias de la Fiscalía y de la misma Corte Suprema. 

"En caso de que la ejecución de la conducta haya comenzado con posterioridad a la firma del Acuerdo Final y no esté estrechamente vinculada al proceso de dejación de armas, la remitirá a la autoridad judicial competente para que sea investigada y juzgada en Colombia, sin excluir la posibilidad de extradición", dice la norma, ahora en cuestión. 

Para los delegados del gobierno y del Congreso, la disposición es clara en cuanto a que la competencia que tiene la Jurisdicción Especial para la Paz se limita a verificar si la conducta delictiva por la que se pide en extradición al jefe guerrillero ocurrió después de la firma del acuerdo de paz. Las Farc, sin embargo, insisten en que sus facultades van más allá, incluso para revisar si las pruebas son suficientes para ordenar su envío.

"A mi modo de ver es incorrecto, no hay bases constitucionales, se invadirían competencias de gobiernos requirientes, no sé en qué va a terminar pero en lo personal no daré ese paso", aseguró Penagos en enrevista con la cadena radial, en la que expresó que el tema está muy jodido. Su malestar-continuó- se incrementó cuando lo señalaron como responsable de que se acabe el proceso de paz cuando ha sido uno de las personas más jugadas por el proceso y ponente de todos los Actos Legislativos.

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"El Estado colombiano está cumpliendo pero los señores de las Farc no pueden reincidir. Como por qué vamos a aceptar que si se cometen delitos el tratamiento es diferente. El acuerdo es para las dos partes. Venirme a señalar de responsable porque el proceso no avance me pone en circunstancias difíciles en lo particular. Es injusto y además me aprece peligroso", dijo.

Con más optimismo sobre los términos de la reunión pero con la misma conclusión de fondo, se refirió el ministro del interior, Guillermo Rivera, quien aseguró que la posición del gobierno se mantiene en firme frente a la interpretación del artículo 19. "Esta dificultad la vamos a supererar. La reunión no ha terminado, me salí para atender la llamada, estamos discutiendo la totalidad del artículos que proponen los miembros del partido Farc. Nos hemos compromentido a escucharlos (...) Esta película que estamos viendo hoy la hemos vivido muchas veces", dijo Rivera en entrevista con Julio Sánchez Cristo.

Consultado por SEMANA, el abogado Diego Martínez confirmó que la discusión con Penagos subió de tono durante un encuentro con la Csivi en la que presentaron una serie de reparos a la Ley de Procedimiento que se tramita en el congreso. Pero la discusión se centró en tres puntos claves: una norma que quieren introducir para que terceros civiles y agentes de Estado tengan tres años de plazo para hacer su manifestación voluntaria para entrar a la JEP, una disposición con la que quieren darle competencias a la Fiscalía General de la Nación en la justicia transicional y el polémico artículo 19. "Sin seguridad jurídica el mensaje que se envía a las zonas es nefasto", concluyó.

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