La extraña muerte de un niño en una piscina

Miguel David Torres Enciso tenía 5 años y había sido diagnosticado con un cuadro de autismo. Hacía dos años asistía a la Asociación Colombo-Cubana Aprendices en Cali hasta el viernes 22 de marzo, día en que murió por inmersión en la piscina de la institución.

A su padre, el sargento del Ejército Édgar Tulio Torres Rivera, del Batallón de infantería número 23 Vencedores de Cartago, lo llamó Maryuri Troche, coordinadora administrativa de la institución, cerca
de las 5:00 p. m. del mismo día, a preguntarle si él se encontraba en la clínica. Torres no sabía de qué hablaba. Ella colgó.

En los siguientes minutos el sargento se comunicó con ella para tratar de entender el asunto. “Su hijo tuvo un accidente en la ruta de la institución”. Mientras hablaba con el padre de Miguel, le pidió al
abogado que fuera él quien le contara la noticia.

Según el sargento, el abogado le explicó que su hijo saltó por la ventana del transporte que lo llevaba a su casa, pasó las barreras de seguridad de la piscina y se tiró. Él reaccionó como cualquier padre ante la muerte de su hijo. El abogado colgó el teléfono.

El sargento se comunicó con Maryuri, la coordinadora de la institución, porque quería enterarse de primera mano dónde se encontraba ella cuando ocurrió el accidente. Ella señaló que se encontraba en el Batallón de Cali. “Entonces, ¿quién vio a mi hijo?”. “Yo” –respondió la coordinadora–. Torres no entendió cómo estuvo en dos partes al mismo tiempo. Ella se quedó callada.

Al tratar de comunicarnos telefónicamente con la Asociación Colombo-Cubana Aprendices, una mujer se negó a decir su nombre y a contestar los interrogantes. Insistió en que era el abogado quien respondería las preguntas y colgó el teléfono.

Según La Ley 1209 de 2008, las piscinas tienen que contar con estrictas normas de seguridad como los cerramientos, que son las barreras que impiden el acceso directo al lugar. Para Torres, estas
normas son deficientes en la institución, pues no garantizan la seguridad de los niños, y asegura que al lado de la piscina hay un voladero donde pueden accidentarse.

El abogado de la institución, Gustavo Adolfo Silva Mondragón, dice que la piscina tiene una valla de seguridad de 1,60 metros de altura, suficiente para detener a los niños cuyas edades oscilan entre 5 y 7 años de edad. Agrega que en el momento del accidente dos docentes se encontraban vigilando al niño junto a Mauricio Bárcenas, director de la sede donde se encontraba Miguel.

Silva explica que “son 8 niños los que llevaban en esa ruta. Miguel era uno de los primeros que subían. Cuando la docente se bajó a recoger las maletas, dio la espalda y llegó otra docente. Miguelito era muy hiperactivo. Se quitó el cinturón de seguridad”. Luego se fueron en el bus sin darse cuenta de que el niño no estaba.

Entre dos y tres minutos después, explica Silva, Bárcenas se devolvió a la piscina a buscar a Miguel. Lo encontraron con los signos vitales débiles e intentaron reanimarlo, lo llevaron en moto a un centro de salud de un corregimiento cercano (Silva dice no recordar el nombre de ninguno de los dos) y desde allí lo llevaron en ambulancia a la Clínica del Valle del Lili, donde finalmente murió.

El sargento, a quien la institución le ofreció pagar los gastos funerarios, no quiere ninguna recompensa económica. Sólo quiere “hacer justicia y que la muerte no se quede en una estadística más”. En medicina legal en Cali, Torres no entiende por qué, después de tener a su hijo vivo, ahora se lo devuelven muerto y con un moretón en la parte izquierda de la frente. “Yo les había dicho: “Ojo con Miguel, que apenas ve una piscina se tira”.

Y en la Asociación ya lo sabían. Por eso Silva asegura que están esperando conocer la investigación para determinar si el accidente fue un error humano. Miguel era un niño con autismo. “Aunque no
hablaba, era extremadamente cariñoso, buscaba a la mamá para abrazarla, se le acostaba en las piernas. Se me tiraba encima a darme besos. Se la pasaba todo el día corriendo de un lado para otro. Así era él y así lo conocíamos”, explica su padre.

Desde mayo del 2011, Miguel asistía al colegio donde su padre pagaba una mensualidad adicional de 100.000 pesos para tenerlo hasta esa hora. Allí hacía terapias, pintaba y socializaba. Era el único hijo del actual matrimonio del sargento y había sido operado a corazón abierto cuando tenía un año de edad. También sufría de hipertiroidismo. “Se había salvado y ahora me lo devuelven así”.

Su sepelio fue este lunes en la Funeraria Metropolitana del Norte, en Cali. Torres insiste en que sólo quiere que se haga justicia. Y agrega que “se necesitan entre cuatro y cinco minutos para ahogarse. ¿Por qué no había nadie cuidando a mi hijo? ¿Por qué nadie lo vio? ¿Qué tipo de seguridad tiene esa institución, que, se supone, es especial para discapacitados?