La férrea defensa del presidente Duque y el BID para que Hidroituango no cambie de contratistas

Ante la eventualidad de que se registre un cambio de contratistas en Hidroituango o se produzca la cesión del contrato, el presidente Iván Duque alertó que un cambio de constructores en el proyecto hidroeléctrico de Ituango pone en riesgo la seguridad energética del país, al insistir en que no se puede jugar con un tema que es de vital importancia para Colombia.

El debate

El contrato del proyecto Hidroituango para la construcción de la hidroeléctrica que generará el 17 % de la energía del país parece estar en un limbo que motivó al consorcio constructor (CCC Ituango) a enviar una carta al gerente de EPM, Jorge Carrillo, en la que le pide definir su continuidad o no en la obra.

En dicha misiva se expresa que EPM le solicitó al consorcio buscar una o varias firmas constructoras para cederles el contrato. De esa manera, a quien tome el contrato le prorrogarían el plazo hasta la culminación de la cuarta turbina. Esta alternativa será analizada en profundidad en un nuevo encuentro, previsto para el 26 de octubre.

De antemano, el consorcio expresa que ceder el contrato es un camino que solo debería tomarse, en el caso de que surgiera una inhabilidad, al proferirse el fallo de segunda instancia. “Actualmente, conservamos plena capacidad jurídica para continuar ejecutando el contrato, e, inclusive, suscribir los acuerdos contractuales que beneficien al proyecto”, sostienen.

Precisamente, en el Concejo de Medellín se realizó un debate de control político el pasado jueves 21 de octubre, en el que se expusieron varias de las aristas alrededor de este contrato, cuya vigencia va hasta el 31 de diciembre de 2021.

En el cabildo de la capital antioqueña, en lo que más se enfatizó fue en la necesidad de que la hidroeléctrica empiece a generar energía en 2022, de lo contrario, se presentarán múltiples riesgos económicos, legales y de racionamiento energético de las comunidades asentadas en la parte baja del proyecto.

Lo que estaría en juego

El cambio de contratistas de Hidroituango que ha planteado Daniel Quintero, alcalde de Medellín y presidente de la junta directiva de EPM, frente al fallo de la Contraloría tendría efectos catastróficos para el país.

El proyecto sufriría un retraso que algunos han calculado en 18 meses, lo que generaría riesgos en el suministro de energía y aumento en las tarifas. Además, SEMANA anticipó que uno de los principales peligros sería la salida del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) del proyecto y eso se traduciría en el cobro inmediato de la deuda a EPM por al menos 450 millones de dólares (unos 1,7 billones de pesos), y aceleraría los cobros de otros financiadores.

El presidente Duque lanzó esa alerta el pasado viernes, y agregó que estaría ‘en jaque’ la seguridad energética del país. El primer mandatario aseguró que se debe garantizar que el proyecto tenga continuidad y que lo culminen quienes lo han trabajado. Esto sin contar con las multas de la Creg a EPM por incumplimientos en la energía que debe entregar el año entrante y que podrían superar los 500.000 millones de pesos.

Por su parte, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) advirtió que, si hay cambio de contratistas en Hidroituango o una cesión del contrato, se retirará del proyecto. Así lo confirmó SEMANA con fuentes de alta credibilidad.

El BID considera que, de darse algunos de estos cambios en las condiciones del proyecto, se afectará gravemente la credibilidad en el mismo. Por esa razón, si el banco se retira, la financiación de la megaobra se vería afectada de manera grave y quedaría en el limbo su continuidad.

Así mismo, el jefe de Estado advirtió que puede existir un grave riesgo de que el BID se retire del megaproyecto si se materializan los cambios de contratistas, señalando que el país no se puede dar el lujo de perder la fuerte presencia de este organismo multilateral.

“Eso que hoy se ha conocido de que el Banco Interamericano de Desarrollo saldría si hay un cambio de contratistas, tenemos que tomarlo muy en serio los colombianos, porque no podemos perder la presencia del BID”, sostuvo Duque.

También fue enfático en indicar el futuro del megaproyecto: “Lo que hay que garantizar es que el proyecto tenga continuidad, que lo culminen quienes han estado trabajando en él, aquí no podemos correr riesgos con esa estructura y la seguridad energética, y sobre un proyecto que beneficia a toda la nación”.

El retraso tiene impactos en dos frentes: uno, para EPM en el corto plazo, y otro, para el sistema eléctrico nacional. Por el lado de la empresa, en 2019 EPM entró en la subasta de cargo por confiabilidad y se comprometió a entregar energía en firme al sistema por cuenta de Hidroituango. Esta energía provendría de las dos turbinas que entrarían en operación el año entrante.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) ya le había dado una ventana de oportunidad al proyecto, permitiendo un retraso de un año sin sanciones. Sin embargo, si en 2022 Hidroituango no entra con las dos turbinas, EPM podría ser multada por unos 200 millones de dólares, según cálculos de la administración municipal. Pero se abriría un debate jurídico, esta vez con la CREG, porque la empresa podría responsabilizar a la pandemia, como fuerza mayor, para justificar al menos cinco meses del retraso.

Además, algunos de los financiadores del proyecto están a la espera de su entrada en operación. Si no lo logra, podrían ejecutar esas deudas, como sucede con el caso del BID Invest, cuyo crédito supera los 400 millones de dólares. De hecho, una de las cláusulas en el crédito –que hoy está en discusión con esa entidad y en la que EPM espera la ayuda del Gobierno– está relacionada con la permanencia de los contratistas al frente de la obra.

Ahora la prioridad debe ser terminar la obra en los tiempos estipulados para que pueda entrar en funcionamiento a mediados del 2022.