En La Guajira también rinden cuentas por irregularidades en los programas de alimentación

Las autoridades siguen tomando acciones por las irregularidades encontradas en los programas de Alimentación Escolar (PAE) en la Costa Caribe. Primero, fueron las capturas del alcalde de Aguachica (Cesar), Henry Montes, y seis funcionarios más por las indignantes raciones de comida que entregaban a los niños del colegio Sagrado Corazón de Jesús.

Ahora, la Contraloría dio apertura a un proceso de responsabilidad fiscal por 1.614 milones de pesos contra el exalcalde de Uribia (La Guajira), Abel José Giacometto, la exsecretaria de Educación de ese municipio, Zuleima Moscote, y 11 asociaciones de autoridades tradicionales Wayúu.

La razón: la existencia de presuntos sobrecostos y el “indebido pago de costos operativos en la ejecución de los contratos del PAE, suscritos entre 2014 y 2015".

Este es el primer proceso que abre la Contraloría tras las graves irregularidades encontradas en una Actuación Especial en siete departamentos de la Costa Caribe. Allí, se encontraron con alimentos descompuestos, condiciones sanitarias deficientes y hasta alumnos que se quedan sin comer. (Lea: El indignante hallazgo sobre la alimentación escolar en el Caribe).  

Así es la historia

Las inconsistencias encontradas en Uribia son más que alarmantes. Según la Contraloría, en 2014 la administración Uribia suscribió unos convenios con asociaciones de autoridades indígenas y no indígenas con el objetivo de desarrollar el PAE en el municipio.

Hasta ahí no había mayor inconveniente. Pero el problema empezó cuando las asociaciones que prestaban el servicio de alimentación aumentaron –del primer semestre al segundo semestre de 2014- el costo de la ración de comida en 150 pesos, sin que se justificara ese incremento ni se mejorara los alimentos entregados.

“El equipo auditor encontró que además de los sobrecostos pagados en los convenios suscritos con la Asociación de Proyectos Sociales para el Desarrollo Integral (Asprodein), se pactó el pago de los costos asociados al transporte de los alimentos, gastos que se constituyen en daño patrimonial al Estado y se cuantifican en la suma sin indexar de $629.200.000”, dice el organismo.

Esas mismas irregularidades se encontraron en la ejecución del programa en el 2015, año en el que el municipio también aumentó el valor pagado por cada ración de alimento. Si se consolida este ajuste del año pasado –según la Contraloría- asciende a 534.004.612 de pesos.

“Se pagó por parte de Uribia un costo en exceso por cada ración de complemento alimentario dentro de los contratos bajo examen para las vigencias 2014 y 2015, lo cual se constituye en el daño al patrimonio del Estado”, puntualizó el ente de control.