La guerra del fútbol

En la familia del fútbol se considera que los conflictos de dinero, por la propiedad de los jugadores o las disputas entre clubes y dueños de los equipos se tienen que resolver en familia, sin necesidad de que un tercero intervenga, en especial el Estado.

De ahí la importancia de lo que ha ocurrido en los últimos días en los estadios y los tribunales del país. Espectadores y televidentes vieron cómo los futbolistas salieron a las canchas con pancartas en las que rechazan un proyecto de ley que va a tramitar el Ministerio de Trabajo para regular las relaciones laborales en este deporte.

Los jugadores protestaron también sentándose durante 30 segundos, antes del pitazo inicial, en el círculo central del campo, para denunciar y rechazar, además, la conformación de listas negras por parte de los clubes, promovidas por  la Dimayor, para no contratar a los jugadores que decidan renunciar y convertirse en agentes libres.

 

El hilo conductor del enfrentamiento entre clubes, dirigentes y futbolistas está en el caso del futbolista Jhonny Ramírez. Este volante de marca jugaba en el Chicó, equipo propietario de sus derechos deportivos. El año pasado, Ramírez se fue en calidad de préstamo con opción de compra a Millonarios. Vestido de azul decidió dar por terminado con justa causa su vínculo con el Chicó porque el club nunca le pagó  oportunamente seguridad social, primas y cesantías y declaraba a las autoridades que le pagaba un salario mínimo legal cuando en realidad el jugador devengaba mensualmente algo más de 9 millones de pesos. 

En respuesta a esta ‘renuncia’, el Chicó demandó al jugador y a Millonarios, no ante la Justicia ordinaria, sino ante la Comisión del Estatuto del Jugador de la Dimayor por considerar que habían incumplido un convenio deportivo y que el jugador seguía teniendo una relación laboral. El Chicó pidió indemnizaciones de  500 millones de pesos por derechos deportivos perdidos y 100 millones por perjuicios. Además, exigió que el jugador le pagara 60 millones de pesos y que fuera suspendido por seis meses.

Esa comisión, compuesta por el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Romero; el expresidente del Consejo Superior de la Judicatura, Francisco Escobar, y el procurador 10 judicial aministrativo de Cundinamarca, Víctor Buitrago, se declaró competente para decidir la demanda del Chicó, aunque el abogado del jugador advirtió que la comisión no tenía competencia para tratar conflictos laborales, de los que solo deben ocuparse los jueces de la República. 

Frente a esta advertencia, la queja del Chicó contra Millos y Ramírez pasó en apelación a la Comisión del Jugador de la Federación,  segunda instancia en estos casos, que también se declaró competente para conocer y fallar el caso. Esta comisión también está conformada por eminentes juristas como el exmagistrado de la sala penal del Tribunal de Bogotá Álvaro González; el magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia Raúl Cadena Lozano y el magistrado de la sala laboral del tribunal de Manizales Gildardo Muñoz. 

Cuando esta comisión estaba a punto de tomar una decisión, Ramírez interpuso una tutela por considerar que se le estaban violando sus derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo y al acceso a la Justicia, arguyendo que un comité disciplinario no puede actuar como un juzgado laboral. La Dimayor y la Federación alegaron que por ser entidades privadas deportivas pueden expedir sus propios reglamentos y estatutos que deben ser acatados por equipos y jugadores.

Hace unas semanas, al fallar la tutela en primera instancia, la juez Ibeth Maritza Porras le dio la razón al jugador y sostuvo que la Corte Constitucional estableció en 1997 que los reglamentos de las federaciones deportivas no pueden desconocer ni vulnerar los derechos fundamentales de las personas y ordenó a la Dimayor y a la Federación anular todo lo actuado en este caso.

 

El caso de Ramírez dejó al descubierto los problemas que existen en la contratación de los jugadores y el desconocimiento de las leyes en materia laboral por parte de algunos directivos de los equipos colombianos de fútbol, que han mantenido a los jugadores bajo un régimen laboral particular. 

Precisamente para subsanar estos y otros problemas el ministro de Trabajo, Rafael Pardo, comenzó desde el año pasado un proceso para redactar un proyecto de ley que busca “poner fin a formas precarias y no formalizadas de contratar, tratar y remunerar a los trabajadores”; armonizar la normativa de la Fifa a la ley colombiana; regular las transferencias temporales o definitivas de los jugadores, y reglamentar claramente la terminación unilateral con o sin justa causa de los contratos, ya sea por parte de los jugadores o de los equipos. 

Este último punto es uno de los más importantes para el ministro, quien dijo a SEMANA: “El proyecto tiene como objetivo evitar que vuelvan a ocurrir casos como el del jugador Ramírez”.

 Sin embargo, los jugadores profesionales se sintieron  marginados y atropellados por el ministerio, que según ellos ha trabajado de la mano de la dirigencia en este proyecto. Por eso las protestas del fin de la semana pasada. “El ministerio quería, a través de una ley, resolver los problemas que hay entre los jugadores y la dirigencia, sin tener en cuenta a los jugadores profesionales.

Las protestas sirvieron para que el ministerio adoptara otra posición y ajustara positivamente el proyecto inicial”, dijo Carlos González Puche, director de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) que agremia a los jugadores de los 32 equipos que juegan en la Liga y el Torneo Postobón. El ministerio sostiene que el proyecto fue concertado con todos los actores.

El debate se avecina en el Congreso, pero el caso Ramírez sigue su curso y mantiene en alta tensión a los jugadores. 

La Dimayor y la Federación impugnaron el fallo favorable a la tutela del jugador y, en segunda instancia, la juez 43 civil de Circuito, Mary Luz Roncancio Ramos, anuló la decisión de su colega, alegando que en los estatutos de la Federación se establece que los líos de contratación deben resolverse por las comisiones de la Dimayor y la Federación. Esto quiere decir que Millonarios y el jugador deberán someterse a la decisión que impongan estas comisiones creadas por la dirigencia del fútbol.

La única instancia que les queda a los jugadores es la Corte Constitucional, que podría escoger la tutela de Ramírez para revisión. Pero aquí es donde este caso cobra nuevos visos y plantea otros interrogantes de fondo sobre el manejo de ciertos temas en el fútbol profesional. 

Resulta que el presidente de la Corte Constitucional, Jorge Iván Palacio, es miembro de la comisión disciplinaria del campeonato de la Dimayor y, también, del comité de Ética de la Fifa. Otro magistrado de esta Corte, Luis Ernesto Vargas, es el presidente de la comisión arbitral de Colfutbol. Y el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, también hace parte de esta comisión arbitral.

“¿Qué garantías tenemos los jugadores de que la Corte revise y emita un fallo justo cuando estos magistrados, imbuídos por la pasión del fútbol, hacen parte de comisiones de la Federación y la Dimayor que les quita independencia? Es más, con su presencia avalan la aplicación de una Justicia privada y no la del Estado colombiano”, dijo González Puche.

Esta participación de magistrados y funcionarios en instancias administrativas del fútbol colombiano y las críticas que suscita hacen todavía más complejo el debate sobre cuál debe ser la autoridad competente en disputas laborales.

Por una parte, el caso Ramírez ha puesto sobre la mesa la discusión de si un jugador de fútbol tiene derecho a las mismas garantías laborales de cualquier otro trabajador en Colombia o si, por ser parte de un deporte que mueve pasiones, se le puede aplicar una ‘legislación’ definida por un organismo privado como la Federación. Este caso muestra que los futbolistas que decidan cancelar sus contratos, así la ley se los permita, pueden ser sancionados por las comisiones de la propia Federación.

Está por verse si esta discusión va a despertar tantas emociones en el Congreso como lo está haciendo por estos días en los estadios. Pero a ella se añade el otro gran debate que ha destapado el caso de Ramírez: el papel que desempeñan importantes funcionarios públicos en el fútbol. 

Ellos, como los demás miembros de los comités no reciben salario, pero tienen ingreso gratuito a todos los estadios y la Federación los invita, con desplazamiento, hotel y tiquetes, a los partidos de la Selección Colombia o del torneo. 

¿Pueden magistrados de altas cortes y otros funcionarios ser parte de este tipo de organizaciones y recibir este tipo de beneficios? ¿Incurren en conflictos de interés cuando a algunos de ellos les toca decidir, en las comisiones y comités de los que son miembros, sobre disputas laborales que pueden llegar a ser competencia de los altos organismos del Estado que ellos mismos representan?

SEMANA le preguntó al ministro Pardo si había conflicto de intereses entre los magistrados que pertenecen a la vez a la Corte Constitucional y a las comisiones de la Dimayor y la Federación y que son los encargados de revisar en tercera instancia la tutela de Ramírez (ver infografía). Pardo respondió que “posiblemente puede haber un conflicto de intereses, como lo puede haber en otras ocasiones, pero eso puede solucionarse con una recusación”.

El defensor del Pueblo declaró que no hay impedimento alguno para ser parte de la comisión arbitral y dijo que por el contrario su presencia y la de otros altos funcionarios y magistrados ha ayudado a mejorar el entorno del fútbol. Y dijo que nunca ha buscado mediar en favor de los jugadores porque no se lo han pedido. En el mismo sentido se pronunció el procurador Víctor Buitrago. Según él, antes de aceptar el cargo en la Comisión del Estatuto de la Dimayor, consultó con varios colegas y expertos y llegaron a la conclusión de que no hay conflicto de intereses. 

Sin embargo, la polémica apenas empieza. Y entre los estadios, los estrados judiciales y las curules del Congreso se anuncia tan emocionante y dividida como una final de copa.