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| 4/17/2000 12:00:00 AM

La guerra secreta

El reciente escándalo del DAS por posible intercepción telefónica dejó nuevamente al descubierto una práctica ilegal que se ha generalizado peligrosamente en el país. ¿Qué hay detrás de esta siniestra forma de espionaje?

La guerra secreta, Sección Nación, edición 933, Apr 17 2000 La guerra secreta
EL EPISODIO DE Las cuatro ‘casas fantasma’ que encontró la Fiscalía en Bogotá, en las que aparentemente agentes del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) interceptaban las líneas de varios personajes de la vida pública, ha puesto sobre el tapete el espinoso tema del espionaje telefónico en la política nacional.

El escándalo de la semana pasada, sin embargo, sólo confirmó lo que toda la clase dirigente del país ya comentaba sotto voce: en Colombia, como en el mundo de George Orwell, hay un Gran Hermano escuchando. Con la única diferencia de que aquí no hay sólo uno. Son varios los que “chuzan”: la guerrilla, los paramilitares, los organismos de inteligencia del Estado, la DEA, los narcos y la CIA, entre muchos otros. A tal punto ha llegado la paranoia en los círculos de poder que varias personalidades ya han desarrollado un lenguaje críptico o sólo dicen por teléfono lo que serían capaces de sostener en público. Para el precandidato presidencial Horacio Serpa, uno de los primeros en denunciar esta práctica, lo que está pasando es “una vergüenza” que lesiona la credibilidad del gobierno. “Yo tengo cuatro celulares, de los cuales sólo conozco un número, para despistar al enemigo. Uno no habla muchas cosas por teléfono y la situación es incómoda. Uno trata de no mencionar nombres sino que busca que el interlocutor lo identifique. Pero el uso de ese lenguaje cifrado hace que a veces ni uno mismo entienda el mensaje”, dijo Serpa.

Para el senador conservador Juan Manuel Ospina desde hace tiempo se sabe que en Colombia se ‘chuzan’ los teléfonos . “Uno siempre está pensando que lo están oyendo y que esa grabación puede ser sacada de contexto. Pero el que nada debe, nada teme”, dice Ospina, miembro de la comisión de paz del Senado.

Se ha vuelto tan delicado el tema que en los últimos dos años se han duplicado las solicitudes a las autoridades y a compañías privadas para que verifiquen que las líneas no estén interceptadas. Según el gerente de una de las más reconocidas empresas privadas de seguridad “en los últimos seis meses la cifra de clientes que piden que miremos si su teléfono está chuzado pasó de cuatro a nueve por semana”.



Política en ‘on’

Pese a su gravedad esta situación no es nueva. Desde la explosiva divulgación de los ‘narcocasetes’, que le dieron vida al proceso 8.000 hace casi seis años, los colombianos se acostumbraron a oír conversaciones telefónicas en los medios de comunicación. Como ha sucedido también en Estados Unidos con las travesuras sexuales de Monica Lewinsky con el presidente Bill Clinton y que luego ésta le confesó a su amiga ‘intima’ Linda Tripp; o en Inglaterra con la sorpresiva divulgación de conversaciones eróticas entre el príncipe Carlos y su amante Camilla Parker; o en Francia con el descubrimiento de un grupo élite de espionaje del gobierno de François Mitterrand.

Pero si el espionaje telefónico existe en muchos países del mundo, en el caso de Colombia ha llegado a niveles tan preocupantes que gran parte del proceso político interno está siendo orientado y determinado por las grabaciones que salen a conocimiento de la opinión cada vez con más frecuencia. Basta con mirar el rumbo que cogió el país luego de conocer las conversaciones entre los jefes del cartel de Cali, Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, y su relacionista público, Alberto Giraldo, sobre la financiación de la campaña de Ernesto Samper; o el célebre diálogo entre dos ministros de entonces, Saulo Arboleda y Rodrigo Villamizar, sobre la manera en que se iba a adjudicar la licitación de radio y que a la postre se conoció como el ‘miti-miti’; o la grabación en que se oía la voz deHeine Mogollón, presidente de la comisión de acusaciones de la Cámara durante el juicio al presidente Samper, cuando solicitó un controvertido préstamo a un banco y provocó la caída de altos mandos de inteligencia del Ejército.

Pero, ¿qué ha hecho de Colombia uno de los lugares más fértiles del hemisferio para las grabaciones ilegales? Al respecto hay varias explicaciones. Por un lado, esta situación es el reflejo de la guerra que vive el país. Los combates que a sangre y fuego se libran en el campo se han extendido a las ciudades por otros medios: una batalla frontal por la información, cuya arma más efectiva es la intromisión y manipulación de las conversaciones privadas.

Por otro lado esta proliferación de intercepciones revela también una tendencia hacia un Estado seudopolicivo donde muchos se sienten jueces —o en la necesidad de incurrir en prácticas delictivas para esclarecer hechos vitales de la realidad nacional— debido a su desconfianza en los organismos de control encargados de solucionar los grandes problemas de corrupción y de seguridad que enfrentan los colombianos. “Lo que está pasando es aberrante. Lo más terrible no es tanto que se chuce sino que se chuza sin autorización y control y luego esa información es utilizada para tomar decisiones e influir a todos los niveles de Estado”, dice Manuel José Cepeda, decano de la facultad de derecho de la Universidad de los Andes. Pero además de ser una extensión del conflicto y una vía ilegítima —pero eficaz— para resolver los problemas que el Estado fue incapaz de hacer, el dilema de las intercepciones telefónicas refleja, en el fondo, la falta de transparencia de la política colombiana, cuyos actores tienen que acudir a los subterfugios de la ilegalidad, la mentira y la manipulación para impulsar los debates públicos o conseguir sus objetivos políticos.



El papel de los medios

Todas esas grabaciones necesitan de los medios para cobrar vida en la agenda nacional y es por eso que cuando los periodistas reciben estas grabaciones de manos de las fuentes se enfrentan al dilema ético de publicar o no publicar. “El periodista debe publicarlas en la medida en que sean de relevancia pública porque un periodista cumple una función de control en una democracia y todo lo que revele corrupción, ineficiencia, injusticias está muy bien que lo conozca la gente”, dice Cepeda. En ese sentido la libertad de prensa no pertenece a la órbita de los medios sino que es un derecho que tiene toda la sociedad a estar bien y oportunamente informada. Por esta razón el deber del periodista, según Juan Manuel Charry, defensor del lector en El Espectador, está en valorar la pertinencia pública de la información, verificar su veracidad y darle contexto: “El medio no es sólo un conducto para transmitir información, lo hace con un valor agregado. Este debe evaluar la fuente y la información respondiendo a su misión y responsabilidad social”.

El hecho de que la grabación haya sido interceptada ilegalmente y sea luego entregada a un periodista no se vuelve, como algunos piensan, un problema del medio. “Lo ilegal es la chuzada del teléfono, no la grabación”, aclara Charry. Por tanto, el origen ilegítimo de las grabaciones y las oscuras intenciones que puedan tener las fuentes al filtrar la información se vuelven criterios secundarios para el periodista a la hora de publicar. Para el comunicador lo más relevante es que la información sea veraz y de interés público. La situación se complica para los medios en el momento en que violan la intimidad de las personas o en los casos en que se adelanta un proceso penal y un juez obliga al periodista a revelar la fuente que le filtró la grabación ilegal. En este último caso el periodista puede ir a la cárcel si se niega a revelar el nombre de la fuente.

Estos dilemas a los que se enfrentan los medios serán cada vez más cotidianos en las salas de redacción ya que, como dijo a SEMANA una fuente de inteligencia, “Colombia se ha convertido en uno de los epicentros del espionaje mundial debido a que en el mismo territorio conjuga el tema del narcotráfico, la guerrilla y los paramilitares.

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