La Habana: llegó la hora de la verdad

Alas conversaciones en La Habana les llegó la hora. El martes 11 de junio, con el décimo ciclo de discusiones entre las Farc y el gobierno, no solo comienza la discusión de uno de los puntos más difíciles de la agenda, el de participación política, sino una prueba de fuego. 

Luego de los seis meses que tomó llegar a un acuerdo (aún parcial) sobre la cuestión rural, las negociaciones deberán cobrar un ritmo mucho más ágil si es que es verdad que se puede llegar a un acuerdo final antes de terminar 2013.

La tarea de los negociadores no es fácil: nada menos que prefigurar la ruta de transformación del grupo armado en movimiento político. Esto es crucial para el éxito de cualquier negociación, pero en el caso colombiano enfrenta poderosas reticencias en la sociedad y toca el sistema político y los intereses de los partidos –tópicos mucho más sensibles para la opinión urbana que los de la tierra y el agro–. 

Será decisivo, además, cuánto tomen las partes en cerrar este punto. Si la participación política –el segundo de los seis en la agenda– se alarga por tres o cuatro meses, el gobierno puede decirle adiós a sus intenciones de anunciar un acuerdo antes de que el presidente Santos deba notificar, en noviembre, su muy probable intención de reelegirse.

El punto de participación política tiene tres subpuntos. El primero es sobre “derechos y garantías para el ejercicio de la oposición y para los nuevos movimientos que surjan luego de la firma del Acuerdo final”, e incluye el “acceso a medios de comunicación”. El segundo es sobre “mecanismos democráticos de participación ciudadana”. Y el tercero se refiere a medidas para “promover mayor participación en la política” a todos los niveles, “con garantías de seguridad”.

Parecen simples. Pero se trata de acordar las fórmulas políticas, de seguridad, participación ciudadana y acceso a medios de comunicación para que las Farc se atrevan a dar el paso de medio siglo en el monte a la política pública. A diferencia del punto anterior, en el que no estaba en consideración el modelo agrario, en este, por más que el gobierno insista en que el ordenamiento institucional o el sistema político no están sobre la Mesa, es evidente que se hablará de serias modificaciones a los mismos.

Ya el foro sobre participación política, organizado a fines de abril por Naciones Unidas y la Universidad Nacional, anunció varios de los temas que estarán en la Mesa. Reforma institucional, estatuto de la oposición, circunscripcion electoral campesina, tomar medidas contra el monopolio en los medios o crear un poder popular con potestad para hacer actos administrativos son algunos de ellos.

Luego del foro de diciembre sobre el agro, las Farc mostraron que incorporan activamente las propuestas que se hacen en estos escenarios (sus 100 puntos sobre el agro recogieron muchas). Debe esperarse que hagan lo mismo con participación política, cuya relatoría tienen los negociadores como insumo para esta ronda.

A las comprensibles dificultades que tendrán el gobierno y las Farc para acercarse en estos temas, se suman las alarmas que casi todos van a generar entre los partidos –en plena campaña y con varios de ellos temerosos de no alcanzar los 400.000 votos del nuevo umbral–. La presión por una información detallada sobre el contenido de un eventual acuerdo va a ser mucho mayor que frente al punto del agro. Y, aunque es obvio que solo se aplicará si las Farc se desmovilizan y desarman, los opositores al proceso van a redoblar sus acusaciones de que el gobierno hace “concesiones a los terroristas”.

Otros temas menos evidentes son claves. Muchos dan por sentado que una discusión central serán las fórmulas para que a las Farc desmovilizadas se les asignen curules en el Congreso por algún periodo, pero es probable que estén más interesadas en discutir la política local y regional, en especial en los territorios donde cuentan con una base social (de ahí, en parte su insistencia en las zonas de reserva campesina, que seguramente volverá a la Mesa). E insistirán en la Constituyente.

La participación en política de los guerrilleros desmovilizados está íntimamente ligada al tema de Justicia. Los condenados por ciertos delitos no pueden aspirar a cargos de elección popular ni ser funcionarios públicos y está por reglamentarse el Marco Jurídico para la Paz para definir, entre otros, cuáles delitos serán considerados conexos al delito político, quienes serán los “máximos responsables” de las Farc y en qué condiciones harán frente a la Justicia transicional. 

Desde el punto de vista de la realpolitik, no solo es muy improbable que las Farc accedan pasar de 50 años de guerra “a una emboscada que es el sistema electoral” actual, como dijo Iván Márquez al portal Confidencial Colombia, sino aún más remoto que acepten aterrizar en la cárcel. Pese a la reciente disquisición de Humberto de la Calle en El Tiempo contra la teoría de los ‘sapos’, todo indica que de estos animalitos se hablará largo y tendido en la Mesa.

Tiempo, precioso tiempo.

Pero las dificultades no consisten solo en el contenido. Haber pasado al segundo punto de la agenda puede dejar al gobierno preso de su propio invento. Pese a que el presidente Santos puso un plazo perentorio a la negociación, el país asumió con paciencia que las discusiones sobre el agro (y sobre la mecánica de la negociación, que ocupó varias rondas) tomaran seis meses. Pero si un acuerdo sobre participación política se alarga, las posibilidades de cerrar el trato antes del fin de este año se verán seriamente cuestionadas.

Por eso, este décimo ciclo va a ser definitivo para evaluar los reales tiempos de la negociación y qué compromisos se logran entre el ritmo “exprés” que viene pidiendo el gobierno y el más pausado que plantean las Farc.

Complejo es convenir todo esto. Pero aún más es hacerlo antes de discutir la desmovilización y dejación de armas por parte de las Farc, o por lo menos antes de que estas hayan hecho gestos mínimos ante un país que mayoritariamente no quiere ver a sus comandantes en el Congreso, sino en prisión. Y esto plantea desafíos a ambas partes.

Es claro que nada está acordado hasta que todo esté acordado, que en la agenda siguen puntos sobre víctimas y dejación de armas, y que las concesiones para que las Farc participen en política solo se implementarán una vez se desmovilicen. 

Pero no será fácil para muchos colombianos oír de esas concesiones antes de que las Farc, por lo menos, reconozcan las víctimas que causaron, les pidan perdón y se comprometan a repararlas y a dejar las armas. Maniatado como está por la regla de oro de no revelar detalles de lo acordado, el reto del gobierno será mantener la confianza de la opinión pública urbana y convencerla de las concesiones necesarias para que la guerrilla haga el tránsito a la política.

Tampoco es claro qué actitud adopten las Farc. Como lo expresó un reporte sobre un reciente debate promovido por la Universidad Nacional en Manizales: “Parece que esta guerrilla tiene problemas para darse cuenta de cómo es percibida realmente por la opinión pública. En este sentido, su reto es ver cómo tiende puentes y, por ejemplo, responde en cuanto a la reparación de sus víctimas y se reconoce a sí misma como victimaria”. El desafiante discurso público de los guerrilleros en Cuba solo hará más difíciles de tragar en Colombia los ‘sapos’ que resulten del segundo punto.

Por todo esto, más que una ronda más, lo que empieza esta semana en La Habana es una etapa. Después de seis meses en el punto agrario, el de participación política va a aclarar para dónde y a qué ritmo va el proceso de paz.