La historia detrás de la declaratoria de crimen de lesa humanidad del caso Freytter

Han pasado más de 18 años desde que el cuerpo del abogado, profesor y sindicalista Jorge Freytter Romero apareció con signos de tortura en el kilómetro 12 de la vía Barranquilla - Ciénaga. Y fue necesario todo ese tiempo para que la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación declarara su muerte como un crimen de lesa humanidad.

Freytter fue secuestrado, torturado y asesinado por paramilitares en complicidad con hombres del Gaula de la policía entre el 28 y 29 de agosto de 2001. Y su caso es uno de los muchos que quedaron como atroz testimonio del paso violento de los paramilitares por la Universidad del Atlántico y otros centros de educación superior de la región Caribe en esos años, como los del también profesor Alfredo Correa de Andreis y del estudiante Reinaldo Serna, entre otros.

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La petición de declaratoria de crimen de lesa humanidad la había hecho su hijo Jorge Enrique Freytter Florián, a través de la asociación que lleva el nombre de su padre, al argumentar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había reconocido la gravedad de los hechos “con la admisión del trámite del Caso Freytter el 11 de julio de 2013”.

En octubre pasado, el joven, quien también tiene la nacionalidad española, presentó la denuncia ante la justicia del país ibérico. En un documento de 25 páginas, Freytter Florián señaló las demoras en la investigación del caso de su padre, la posible impunidad en la que estarían algunos de los implicados y, además, argumentó la posible participación de agentes del estado.

Ya en pronunciamientos previos a la declaratoria, el hijo de la víctima señaló que la intención era mostrar cómo estructuras de mando de grupos paramilitares coordinaron con miembros de las Fuerzas Militares de Colombia actos violentos contra líderes de las universidades públicas del Caribe, como la Universidad del Atlántico. Y, también, “ver por orden de mando cómo se planeó y ordenó el crimen Freytter Román y denunciar una posible impunidad por parte del Estado colombiano”.

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Secuestro y tortura

Días antes de su muerte, saliendo de la sede de la Alcaldía de Barranquilla, el profesor Freytter Román fue detenido por hombres de la Sijín de la policía, quienes le hicieron un registro de su perfil judicial, le tomaron unas fotografías y se lo llevaron a las instalaciones de la central de inteligencia. Pero este incidente solo tomó relevancia después.

El 28 de agosto de 2001, luego de asistir a una reunión de la Asociación de Jubilados de la Uniatlántico, en la que participó como vocero, Freytter se dispuso a volver a su casa. Mientras se movilizaba por el barrio San Isidro de Barranquilla fue abordado por cuatro hombres, quienes en la esquina de la calle 53D con carrera 26 lo subieron a una camioneta Toyota Hilux. Dentro fue golpeado con un arma en la cabeza y amarrado. Los sujetos lo trasladaron hasta una bodega en el sector de la Vía 40, en donde fue esposado a una tubería y torturado. Luego lo asfixiaron con una bolsa plástica y lo remataron con dos disparos.

“Fue muy curioso porque en el momento en que la familia reportó la desaparición, los primeros que llegaron a la casa fueron hombres del Gaula y después nos dimos cuenta de que miembros de este grupo participaron directamente en su secuestro, retención y tortura durante toda una noche”, contó Jorge Freytter hijo.

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En ese momento, el profesor Freytter tenía 51 años, era docente de ciencias sociales, miembro activo del sindicato y había ganado reconocimiento en la comunidad educativa por sus reiteradas denuncias de irregularidades en el pago de las pensiones y, en general, de malos manejos por parte de la administración de la institución en esa época.  Pero, sobre todo, porque había señalado la forma en que alianzas de paramilitares con políticos querían adueñarse del presupuesto del centro de educación.

Como responsables del crimen han sido condenados Rafael Enrique Mariano Silvera, quien en ese momento era miembro del Gaula y conocido con los alias de Mariano y Adriano; y Albeiro de Jesús García Rendón, soldado profesional. Ambos fueron sentenciados, en julio de 2010, por un juez penal del Circuito de Barranquilla a 35 años de prisión, porque durante la investigación se estableció que “se encargaron de arrojar el cuerpo de la víctima a un paraje de la carretera que conduce de Barranquilla a Ciénaga (Magdalena)”.

Por también participar en los hechos, el exmiembro de la Autodefensas Unidas de Colombia, Carlos Arturo Romero Cuartas, alias Montería, fue condenado a 18 años de prisión. Pero, según este último, el asesinato fue cometido por Óscar Orlando Ortiz, alias Moncho, jefe paramilitar del frente José Pablo Díaz de las AUC, en complicidad con el exteniente de la Policía, Flóver Argeny Torres Sánchez, quien está prófugo, el agente Julio César Pacheco Bolívar, alias La Chacha, y Ángel Berrío Parra, alias Chuqui.

La declaratoria de crimen de lesa humanidad tiene como efecto que la investigación del caso no prescriba al momento de cumplir 20 años de ocurrido, así lo explicó la Fiscalía, al señalar que Freytter fue víctima de tortura en momentos de “las agresiones constantes sufridas por miembros de las universidades públicas de Colombia” y “la existencia de una política contra una determinada comunidad (como la Universidad del Atlántico), el establecimiento de instituciones (o la toma de las mismas) para implementar dicha política, el hecho de que se involucren políticos, directivos o militares de alto rango". Por lo que este crimen hizo parte de una estrategia generalizada y sistemática y aún faltaría establecer los autores intelectuales e instigadores de la muerte.