La historia detrás de la tortura y asesinato de un campesino a manos de militares; uno de ellos confesó y dijo donde lo enterraron

SEMANA conoció en exclusiva detalles desconocidos en la investigación que tiene en graves líos judiciales a diez militares por el atroz crimen a un campesino de 53 años de edad. Los hechos, que parecen sacados de la peor película de terror, ocurrieron en la madrugada del pasado 25 de octubre en zona rural del convulsionado municipio de Santander de Quilichao, en el Cauca.

El jornalero fue retenido por los militares cuando caminaba por la vereda El Broche, lugar donde estaba ubicado transitoriamente una base del pelotón Cancerbero n.° 3 del Ejército Nacional. Como si se tratara de hacer una alusión al monstruo mitológico de tres cabezas que custodiaba la entrada al inframundo, los uniformados torturaron hasta el extremo al campesino.

¿Por qué? Esta es la gran pregunta que quieren responder los investigadores adscritos a la seccional de homicidios dolosos y feminicidios de la Fiscalía General que, al sol de hoy, no entienden tal desprecio por la vida humana.

“Un personal militar (…) procedió a retener al mencionado sujeto, golpeándolo con ‘puño y pata’, el cual a raíz de dichos golpes perdió la vida”. Esta es la cruda descripción que hizo el comandante del Batallón de Operaciones Terrestres n.° 12 que denunció directamente a sus subalternos por esta retención a todas luces ilegal y el homicidio.

El dictamen forense elaborado por Medicina Legal da cuenta de la crueldad: “Los hallazgos de necropsia son consistentes con traumas causativos de producir dolor y lesiones en cuello con fracturas de esqueleto laríngeo”.

En el análisis se concluye que se trató de un homicidio por los traumas que presentaba el cuerpo de la víctima, la mayoría de estos causados por golpes reiterados con elementos pesados. “Los músculos intercostales tienen una cantidad moderada de sangre extravasada no cuantificada (…) los pulmones están colapsados”.

En el documento de siete páginas, el médico forense expone la cruda realidad: “En mi opinión, la muerte (…) es el resultado de la encefalopatía hipoxia secundaria a fractura del esqueleto laríngeo debida a comprensión extrínseca del cuello con traumatismos previos causativos de producir dolor”.

Teniendo en cuenta las versiones de testigos, el campesino fue golpeado y amarrado a un árbol mientras un grupo de militares lo custodiaban. De nada sirvió que con las pocas fuerzas que le quedaban les señalara que él solamente caminaba rumbo a la casa de un familiar en cercanías al resguardo Munchique Los Tigres.

Las evidentes marcas en el cuello que presentaba la víctima se relacionan directamente con la asfixia a la que fue sometido por sus captores, que en un acto más que barbárico le pusieron una cuerda para acabar con su vida.

Luego de esto, hicieron un pacto de silencio para sepultarlo y ocultar toda evidencia que permitiera sospechar que el jornalero estuvo en esa guarnición militar. Por eso no dudaron en incinerar la ropa y otras pertenencias.

El pacto de silencio no tuvo en cuenta la existencia del peso de conciencia. Fue así que uno de los soldados profesionales les contó a un mayor y a otros dos compañeros lo ocurrido. “Sobre la ocurrencia de los hechos informa que ocurrieron y que tenía deseos de ‘pegarse un tiro’”.

Esta amenaza obligó a que el comandante del batallón ordenara a recoger todo el armamento de dotación de petición. El peso de conciencia llevó a señalar a cada uno de los partícipes en esta atrocidad: el sargento segundo Ricardo Cotera Angulo, el cabo tercero Anderson Ordóñez Arenas, y los soldados profesionales Luis Hernando Camacho López, Cristian Camilo Anzola, Edison Parra Suárez, Julio César Jiménez Angulo, Cristian Camilo Cuper Hernández, Jhervvint David Morales Montaño, Exnaider Salazar Ramírez y Hebert Alexander Puyo Campo.

Incluso, uno de los soldados que decidió contar la verdad hizo un dibujo con todas las indicaciones del lugar donde se presentaron los hechos, la ubicación de todos los militares en tiempo real. Con lapicero negro reseñó la palabra “intruso” para hacer referencia al campesino, el lugar donde fue trasladado para ser torturado y asesinado cerca de la “Palomera”.

“Nunca se abandonó el lugar de los hechos. Mi capitán Rojas me dio la orden de moverme a una ubicación en tiempo real”. Igualmente, el capitán dio indicaciones sobre lo que ocurrió después y la entrega de los soldados.

Los diez militares ya fueron vinculados a una investigación por los delitos de homicidio agravado y desaparición forzada. Se enfrentan a la pena máxima de 60 años de prisión.