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| 6/12/2005 12:00:00 AM

La hora de la diplomacia

Las críticas que se han hecho en Estados Unidos al proceso con los paras indican que el apoyo de Washington no es un cheque en blanco.

La hora de la diplomacia La hora de la diplomacia
Aunque la noticia sobre la petición de extradición de 'Don Berna' enfatizó que el proceso se había iniciado antes de la polémica desmovilización del jefe paramilitar, la fecha no podía ser más inoportuna para el gobierno colombiano. La solicitud llegó en medio de la aguda polémica sobre la conveniencia de otorgarle beneficios penales a un sindicado de homicidio. Toda una prueba para la credibilidad del proceso. Y más exigente, aún, si se agrega que el presunto asesino es, además, extraditable.

La forma como se hizo el anuncio aumentó el costo para el gobierno de su negociación con Murillo Bejarano: un comunicado extenso y poco usual de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá. Normalmente las extradiciones se manejan con un alto nivel de confidencialidad y a través de los discretos canales formales de la Cancillería y la Corte Suprema de Justicia. En esta ocasión, el texto se extendió en explicar los argumentos de la solicitud de extradición, originada en el fiscal David N. Kelly, del distrito sur de Nueva York: "las AUC son una organización ilegal paramilitar", "para poder apoyar sus actividades terroristas también están involucradas en el narcotráfico y son responsables de la importación de múltiples toneladas de cocaína a Estados Unidos", "Murillo Bejarano ocupa el cargo de inspector general de las AUC", dice entre otras el acta acusatoria, según el explícito comunicado de prensa.

No se puede descartar que la llegada de la petición en momentos en que se define la suerte de 'Don Berna' ante la justicia colombiana sea pura coincidencia. Aún así, sus efectos políticos son innegables. Reflejan que el apoyo de Estados Unidos a su fiel aliado Colombia no llega hasta hacerse el de la vista gorda ante la impunidad que necesita el proceso de paz para que los paramilitares lo acepten. No hay que olvidar que los comandantes 'paras' han reiterado que aspiran a lograr una norma jurídica que les garantice la no extradición.

El gobierno Uribe tiene fórmulas para hacerle el quite a la incómoda situación. El trámite de la extradición toma más de seis meses, mientras pasa por el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Corte Suprema de Justicia. Un compás de espera de hecho para tramitar la ley de justicia y paz y definir las reglas del juego para la desmovilización de los jefes de las AUC. En últimas, se podría repetir la fórmula de Salvatore Mancuso, cuya extradición fue aceptada por el presidente Álvaro Uribe, dentro de la potestad que le otorgan las normas, pero fue suspendida. Por eso, más que jurídicos, los efectos de esta solicitud de extradición son políticos.

Y preocupantes, porque hay otras señales de que en Estados Unidos cada vez hay menos tolerancia hacia las concesiones que el gobierno colombiano está dispuesto a darles a los paras a cambio de su desmovilización. Los senadores demócratas Edward Kennedy, Christopher Dodd, Barak Obama, Russel Feingold, Joseph Biden y Patrick Leahy acaban de enviarle al presidente Uribe una dura carta para expresar sus críticas a la negociación. "Sería muy lamentable que esta relación (entre Estados Unidos y Colombia) se viera afectada a raíz de este proceso (con los paras)", dice la misiva. Aunque para los signatarios de la carta este es un tema que no compete al Congreso, sino al Departamento de Estado -como le comunicaron a SEMANA las distintas oficinas de los congresistas-, es significativo que un grupo tan importante de legisladores exprese una crítica que tiene connotaciones de advertencia. Y que no es la única: hace apenas dos semanas otro influyente senador, Richard Lugar del partido Republicano, había enviado otra carta en semejante sentido.

El ruido contra el proceso de Ralito no se limita a los organismos oficiales. Human Rights Watch, una ONG que cuenta con respetabilidad en el Congreso de Estados Unidos, ha criticado el proyecto de ley de justicia y paz porque se aparta de los parámetros internacionales de castigo a la delincuencia. Dos de sus miembros, José Miguel Vivanco y María McFarland Sánchez-Moreno, publicaron hace poco una columna en el International Herald Tribune que cuestiona en duros términos los diálogos con las AUC: "Estados Unidos está a punto de ser traicionado por uno de sus más cercanos aliados en la lucha contra las drogas y el terror (...) si el plan (es decir, la ley de justicia y paz) se aprueba, sería un enorme golpe a los esfuerzos de Estados Unidos contra las drogas y el terrorismo, a favor de los derechos humanos en Colombia", dice.

Sería prematuro y exagerado afirmar que el ambiente hacia el gobierno Uribe en Washington se está deteriorando. Pero tampoco se puede negar que la política hacia las AUC está perdiendo adeptos y que las inquietudes van en ascenso. El Presidente lo sabe, y por eso decidió lanzar la intensa campaña de defensa de sus resultados contra los paras. La semana pasada anunció que enviará en julio a la canciller Carolina Barco y al alto comisionado Luis Carlos Restrepo a hacer una campaña de pedagogía en la capital de Estados Unidos. Sus focos principales serán el Congreso y los medios.

La misión es crucial. No solamente para responder las críticas que se han hecho, sino para prevenir que los futuros debates que se harán en el Capitolio -y que normalmente se extienden a los periódicos y a los centros académicos- la imagen de Colombia salga contaminada y se debilite la credibilidad que con tanto esfuerzo ha ganado el gobierno Uribe. En los próximos meses se tratarán asuntos cuyo trámite por examinar a fondo la realidad colombiana: la renovación de la ayuda militar, por una parte, y la ratificación del TLC, después de su firma, esperada para el segundo semestre. Ambas iniciativas se debilitarían en caso de que se consoliden las inquietudes sobre el proceso con las AUC.

¿Hasta dónde llega el peligro? Los congresistas, según una amplia reportería hecha por SEMANA entre los equipos que apoyan a varios de ellos, tienden a minimizar las implicaciones a largo plazo de estos hechos. Un staffer del senador Barak Obama -uno de los más emblemáticos miembros del nuevo Senado- dijo que "esta es una preocupación concreta que tiene el senador frente al tema de los paramilitares y no implica problemas a futuro para Colombia". Y en este punto coinciden las oficinas de los legisladores, quienes sostienen que las dinámicas de los temas que maneja el Congreso con respecto a Colombia son distintas en cada caso.

Más difícil, y menos manejable, es la atmósfera que existe en el entorno más amplio de la opinión pública. Michael Shifter, vicepresidente del Diálogo Interamericano, le dijo a SEMANA que "la carta (de los congresistas) refleja que el Congreso puede estar más escéptico frente a la ayuda que se le puede dar a Colombia". Y no se puede olvidar que hay fuertes presiones para que el gobierno le dedique más recursos a otros puntos de su política exterior, como Irak y el Medio Oriente.

El viaje de la Canciller y el Comisionado tendrá una gran importancia, porque las posiciones oficiales de Estados Unidos reflejan con frecuencia los puntos de vista de ONG y otros líderes de opinión. Aunque, según Shifter, "la labor del embajador Moreno ha sido brillante y muy importante para el gobierno colombiano y es cierto que la administración de Uribe goza de un amplio apoyo y confianza en Washington", por el peso que tiene la política interna en la política exterior el apoyo del gobierno Bush a Colombia no podrá ser nunca un cheque en blanco.

El presidente Uribe se juega en el delicado filo de una navaja. No puede poner en peligro la valiosa relación con la Casa Blanca, pero tampoco puede aceptar todos sus puntos sobre el proceso con los paras, que con frecuencia carecen de realismo y reflejan un 'deber ser' que haría imposible la negociación. Un equilibrio digno del más hábil acróbata de la diplomacia.

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