La hora de la 'Farc-política'

La semana pasada el tema de los vínculos entre políticos y miembros de la guerrilla, conocido como Farc-política, volvió a ser noticia después de muchos meses. El miércoles el procurador general, Alejandro Ordóñez, anunció la apertura de investigación preliminar contra el senador Jorge Robledo y el concejal de Bogotá Jaime Caicedo, quienes serán llamados a rendir explicaciones por sus presuntos vínculos con las Farc. La decisión, según Ordóñez, se fundamentó, entre otras, en evidencias encontradas en los computadores de 'Raúl Reyes'. De acuerdo con el funcionario, también están siendo investigadas las senadoras Piedad Córdoba y Gloria Inés Ramírez, y el representante a la Cámara Wilson Borja.

Aunque Ordóñez no dio mayores detalles sobre las pruebas que la Procuraduría tiene para ordenar abrir las investigaciones, su anuncio generó diversas reacciones. En un tono calmado, Piedad Córdoba leyó un comunicado en el que afirmó que estaba "dispuesta a acatar cualquier decisión de ese organismo, a atender requerimientos y a dar las explicaciones pertinentes acerca de mi conducta y mis actuaciones como ciudadana y como congresista, actuaciones las cuales, siempre han estado ajustadas a la ley". Frente al anuncio del Procurador, otros, como Robledo y Borja, no dudaron en afirmar que la determinación es "una persecución política". A pesar de las diversas interpretaciones y suspicacias que se han despertado, lo cierto del caso es que el tema de la llamada Farc-política parece que finalmente se empezará a mover en otros escenarios aparte de la Procuraduría.

Corte de cuentas

SEMANA conoció parte de las pruebas que serán valoradas por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que adelantan desde el año pasado la investigación por Farc-política. Uno de los datos más sorprendentes y desconocidos para la opinión pública hasta ahora tiene que ver con el hecho de que los investigadores de la Corte comenzaron sus pesquisas sobre un total de 10 congresistas.

Los senadores sobre los cuales se indagó inicialmente eran Alexander López, Carlos Julio González, Mauricio Jaramillo, Luis Fernando Velasco, Gloria Inés Ramírez y Piedad Córdoba. También figuraban los congresistas Gema López, Luis Enrique Dussán, Pedro Nelson Pardo y Wilson Borja. Después de muchos meses de pesquisas por parte de los sabuesos del CTI asignados a la sala penal de la Corte, los investigadores no encontraron evidencias concluyentes sobre posibles vínculos entre siete de los 10 políticos investigados y las Farc. "El trabajo de investigación adelantado por el CTI y las investigaciones que se han adelantado hasta ahora permiten afirmar que la Corte ya tiene pruebas sobre las relaciones de tres de esos congresistas invetigados: Piedad Córdoba, Gloria Ramírez y Borja", explicó a SEMANA uno de los miembros de la Corte que conoce la investigación y quien, además, dijo que es probable que en las próximas semanas la Corte haga un anuncio al respecto.

Aunque no son la única, ni la principal prueba que está en poder de los investigadores de la Corte, los documentos y los correos hallados en los computadores de 'Raúl Reyes' se han convertido en pilares de las evidencias contra la senadora y los dos políticos del Polo Democrático Alternativo.

La semana pasada Borja negó que alguna vez tuviera correspondencia con 'Reyes'. Los investigadores consideran que el congresista deberá explicarles a los magistrados, entre otras cosas, por qué habría recibido dinero de las Farc para costear un pasaje aéreo y viáticos para asistir a un evento político en 2002, como está escrito en varios correos del abatido jefe guerrillero.

Un poco más compleja es la situación de Gloria Ramírez. Más allá de la evidente simpatía que manifiesta 'Reyes' por ella, a quien se refiere en varios correos como "la camarada Gloria", las investigaciones apuntarían a que la senadora ayudó a Fensuagro, una polémica ONG, a establecer relaciones de diversas organizaciones en el exterior. El asunto es que la directora de Fensuagro está detenida e investigada por presuntos vínculos con las Farc. De igual forma, Ramírez deberá explicar si sostuvo reuniones con María Remedios García, alias 'Irene', una presunta integrante de las Farc detenida por las autoridades españolas el año pasado, que es acusada de hacer parte de las redes de apoyo de la guerrilla en Europa.

La mayor parte de las pruebas, sin embargo, implica a Piedad Córdoba. Para los investigadores del CTI, está demostrado que la persona que firma y escribe decenas de correos con 'Raúl Reyes' usando el seudónimo de 'Teodora de Bolívar' es justamente la senadora. Ella ha negado en repetidas oportunidades que hubiese utilizado algún tipo de alias en sus comunicaciones con el jefe guerrillero y mucho menos el de Teodora. Para los investigadores de la Corte no hay duda de que Teodora es Córdoba. Aunque pueda parecer irrelevante, este es un dato que genera preguntas sobre la labor de mediadora que ejerció.

Si bien es cierto que Piedad fue autorizada por el gobierno para realizar, por un tiempo limitado, gestiones encaminadas a lograr que las Farc liberaran a los secuestrados, los investigadores consideran que la senadora pudo extralimitarse en ese intento. Son innumerables los correos escritos por ella en los que da o pide consejos a los guerrilleros, entrega y recibe información de las Farc. En algunas comunicaciones incluso usa polémicas afirmaciones más propias de los subversivos que de una senadora o alguien en gestiones humanitarias. Un ejemplo de esto, según la investigación, es un correo entre Córdoba y 'Reyes' del 27 de octubre de 2007. "Esto es alta política, es filigrana, cuál es la próxima movida, es ajedrez y, por primera vez, el gobierno no puede controlar nada, ni siquiera los Estados Unidos, Francia, Europa en general, les han perdido algo de confianza, no les creen del todo y los pusieron en remojo, el gobierno no tiene idea qué sigue. Mucha gente creyó que yo era boba, que necesitaba protagonismo, yo soy PATRIA O MUERTE -VENCEREMOS". Este es uno de los correos que, según la investigación, deben ser aclarados por ella ante la Corte

Para los investigadores resulta cuestionable también una serie de comunicaciones en las que Córdoba aparentemente se pone de acuerdo con los guerrilleros para trazar estrategias contra el gobierno, como queda en este correo enviado el 29 de noviembre de 2007 a 'Reyes'. "...Los tengo locos por todo lo que estoy soltando, eso que no saben bien lo de Sarkozy, pero ya verán. Voy abrir otro correo para escribirte y escribirles, me da temor por aquí, yo estoy muy inteligenciada (sic), de todas formas no se preocupen por algunas cosas que yo digo de lo que ustedes cedieron, les conviene, no piensen en ese monstruo, piensen en la organización, tengo una encuesta que mandamos a hacer para mi debate, voy a enviártela, te va ser muy útil, envíala a todos los del secretariado, hay días que favorecen a las Farc, y en eso hay que trabajar...".

Lo llamativo: firma como Teodora y el correo fue enviado cuando ya había sido desautorizada como mediadora oficial.

La Corte Suprema analizará si la senadora y los políticos del Polo cruzaron la línea que separa la interlocución humanitaria y neutral de la militancia. También deberá estudiar si el abierto apoyo de Piedad Córdoba al presidente venezolano, Hugo Chávez, viola su condición de servidora pública de los colombianos.