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| 12/11/1995 12:00:00 AM

LA JAULA DE ORO

Detrás de la casa por cárcel para Santiago Medina hay pasos de animal grande de la Fiscalía contra Fernando Botero.

LA JAULA DE ORO, Sección Nación, edición 706, Dec 11 1995 LA JAULA DE ORO
LA MEDIDA FUE RECIBIDA COMO UN BALDE de agua fría por amplios sectores de la opinión pública. Santiago Medina, el protagonista del proceso 8.000, recibía el beneficio de la casa por cárcel. Teniendo en cuenta que el ex tesorero de la campaña de Ernesto Samper es tal vez el personaje más controvertido de los últimos años y que su residencia con piscina cubierta es una de las más lujosas de Bogotá, la decisión de la Fiscalía dejó a muchos con la boca abierta. La popularidad de Alfonso Valdivieso había creado la sensación de que todo lo que hacía el Fiscal General era bien recibido. Pero mandar a Medina para su casa, en un documento firmado por el mismo Valdivieso, parecía un exceso. O peor aún, podía ser interpretado como que la Fiscalía estuviera tomando partido. Alfonso Valdivieso estaba consciente de que todo esto iba a suceder y estaba dispuesto a darse la 'pela'. La medida a favor de Medina la tomó por razones jurídicas y estratégicas. Pero sin duda alguna las que pesaron más fueron las segundas.
¿Cuáles fueron las consideraciones jurídicas para tomar semejante decisión? Según dijo el Fiscal en múltiples entrevistas ante los medios de comunicación, la colaboración de Medina había resultado "eficaz" (ver recuadro). La verdad monda y lironda es que sin la confesión y la delación de Santiago Medina no hubiera habido proceso 8.000. Y teniendo en cuenta que este es el escándalo más grande de la historia contemporánea en Colombia, la Fiscalía estaba dispuesta a retribuirle al eje de la investigación en forma proporcional.
Medina no es menos culpable que ninguna de las personas a las que delató. Pero la facultad de negociación de la Fiscalía es para transar con delincuentes. El requisito para obtener beneficios no es ser inocente sino colaborar con la justicia para solucionar el caso. Y aparte de Medina ninguno de los acusados, hasta la fecha, ha reconocido responsabilidad alguna.
Aún así, darle la casa por cárcel a Medina no era obligatorio y menos en este momento. Esto significa que detrás de la decisión del Fiscal hay consideraciones estratégicas de peso.
De un lado, quiere enviarle un mensaje a las demás personas vinculadas al proceso para dejar claro que al que confiesa le va bien. Que la diferencia entre negar todo y entre aceptar responsabilidad puede ser muy grande. Para personajes como Eduardo Mestre y Alberto Giraldo, quienes afirman en la Fiscalía que el dinero recibido de los Rodríguez Orejuela fue por cuenta de la venta de cuadros y tapetes, el mensaje es directo: escojan entre la zanahoria y el garrote.
Sin embargo, el Fiscal no solo le estaba enviando un mensaje a los acusados sino también a la opinión pública. El acuerdo firmado personalmente por Valdivieso con Santiago Medina era una señal clarísima de que la Fiscalía avalaba el testimonio del ex tesorero de la campaña y por lo tanto iba a actuar en consecuencia. En términos generales Medina había podido demostrar la veracidad de todos los episodios de los cuales había sido protagonista, es decir, en los referentes a la recepción y distribución de la plata de los Rodríguez. Su versión 'patinaba' en los episodios en los cuales no había participado directamente sino escuchado versiones de terceros (ver recuadro). A pesar de esto, la Fiscalía consideró más importante lo primero que lo segundo. Y por esto firmó el acuerdo. Esto significaba que quedaba atrás la etapa de las investigaciones y se estaba llegando al de las conclusiones.
El Fiscal siempre había manifestado que durante el mes de diciembre pensaba cerrar la investigación, calificar el proceso y llamar a juicio a los responsables. Con esto pretendía divulgar al país y al mundo las conclusiones de Alfonso Valdivieso y su equipo de fiscales sobre lo que verdaderamente ocurrió en la campaña presidencial de Ernesto Samper. Como todo el mundo ha especulado tanto sobre este escándalo, muchos se habían olvidado de que uno de los pocos que no se había pronunciado hasta la fecha era el Fiscal General, quien es la persona a la que le corresponde fallar en la fase acusatoria. Después de un año de investigaciones el acuerdo con Medina era una señal del Fiscal de que habría llegado ese momento.
También indicaría que el Fiscal está ambientando al país para un fallo condenatorio. Si no es así no tendría sentido haber creado la noticia de la casa por cárcel, cuyo objetivo real es subrayar la veracidad que la Fiscalía le atribuye al testimonio de Medina.
¿Qué significa un fallo condenatorio? Como el Fiscal no tiene atribuciones para juzgar al Presidente, ya que esto es competencia de Heyne Mogollón, el peso de la culpa va a quedar probablemente en cabeza del ex ministro Fernando Botero.
Es previsible que la Fiscalía certifique que las sumas de dinero de las que se habla en los narcocasetes entraron efectivamente a la campaña presidencial. Aunque no hay un solo documento con la firma de Botero, la resolución acusatoria va a argumentar que según múltiples testimonios ninguna decisión importante se tomaba sin que él la aprobara. Igualmente, está el testimonio de Medina, quien afirma que el recibo y distribución del dinero en efectivo del cartel de Cali se hizo con la autorización de Fernando Botero.
Esta combinación de factores sería suficiente para que la Fiscalía ratifique los cargos contra el ex ministro de Defensa y lo llame a juicio. Este proceso duraría alrededor de un año, tiempo durante el cual Botero permanecería privado de la libertad. Para que saliera libre al final del juicio se requeriría que el juez sin rostro que fallara en última instancia contradijera las teorías jurídicas y las pruebas de la Fiscalía. Si esto no sucede y el juez acepta o confirma las recomendaciones de la Fiscalía, Fernando Botero podría ser condenado a una pena de prisión que oscilaría entre seis y ocho años efectivos. Como ha negado absolutamente todos los cargos en su contra no gozaría de ninguna rebaja.
Todo lo anterior significa que el proceso 8.000, que durante un año ha obsesionado a los colombianos, está a un mes de terminarse. Va a concluir con el probable llamamiento a juicio de Eduardo Mestre, Alberto Giraldo, Juan Manuel Avella y al menos uno de los tres hermanos Murcillo. Pero el acusado central, el que va a concentrar la atención de la opinión pública, va a ser Fernando Botero, quien puede llegar a ser sindicado como máximo responsable de las denuncias de dineros calientes en la campaña presidencial pasada.
Este es un resultado que no va a ser automáticamente asimilado por todo el mundo, particularmente por el propio Botero y su familia. La captura que él dirigió de casi todos los jefes del cartel de Cali es hoy un capítulo del pasado asociado a la figura del general Rosso José Serrano. La elegancia con la que el ex ministro de Defensa manejó su renuncia ha quedado atrás. Si hubiera permanecido en el ministerio, habría sido juzgado por la Corte Suprema de Justicia y no por la justicia sin rostro. No se sabe qué interpretación le podría haber dado la Corte a su caso, pero lo que sí se puede anticipar es que peor no le puede haber ido.
Otra carta que se jugó Botero fue la de la lealtad con el Presidente. Esto le generó inicialmente la simpatía de muchos sectores. Ahora, sin embargo, este elemento le va a acabar resultando adverso. Se llegó al punto donde la única forma de que el Presidente sea inocente es que Botero sea culpable. Y el que salió elegido Presidente de la República no fue Botero sino Samper. Por eso, aunque hasta la fecha la relación entre ambos ha sido excelente, este callejón sin salida amenaza con agrietarla. No debió parecerle neutral a Botero la respuesta que el Presidente le dio la semana pasada a una pregunta de Andrés Pastrana sobre qué haría si se demostraba el ingreso de dineros del narcotráfico a la campaña: "Pues que el que tenga que pagar con cárcel que pague con cárcel y el que se tenga que ir de mi gobierno se irá del gobierno".
Todo lo anterior no significa ni que Botero sea inocente ni que el Presidente sea culpable. Pero sí deja la impresión de que el proceso 8.000 terminó siendo un episodio muy complejo en el que nada es blanco o negro. Sin embargo, lo que sí se puede predecir desde ahora es que cerrada la investigación los resultados preliminares sí van a ser en blanco y negro. El próximo año nuevo Santiago Medina lo celebrará en la piscina de su mansión, el Presidente en la Casa de Huéspedes de Cartagena y Fernando Botero en la carcel.-

LO QUE PUDO DEMOSTRAR MEDINA
QUIENES CONOCEN de cerca el proceso 8.000 no dudan en asegurar que sin la colaboración de Santiago Medina la investigación de la supuesta presencia de dineros calientes en la pasada campaña electoral estaría prácticamente empantanada. Esas mismas fuentes admiten que aun sin el testimonio que en los próximos días va a rendir Guillermo Pallomari, el contador del cartel de Cali que se entregó a la DEA, lo que contó Santiago Medina es suficiente para cerrar el caso. Hasta ahora, dijeron fuentes cercanas al proceso, la confesión de Medina ha sido confirmada en más del 60 por ciento.
Con base en diversas fuentes, SEMANA logró obtener un panorama completo de las principales pruebas que presentó el ex tesorero de la campaña samperista y que posteriormente fueron confirmadas por los investigadores. La veracidad de su testimonio y la validez de los documentos entregados, sirvieron para que el propio Fiscal General suscribiera un acuerdo en el que reconoció la eficacia de la colaboración prestada a la justicia por Santiago Medina:
- A través del testimonio de la mayoría de tesoreros regionales se comprobó que pocos días antes de la segunda vuelta presidencial éstos fueron citados a la sede de la campaña en Bogotá donde les entregaron paquetes que contenían dinero en efectivo con destino a los departamentos. Además, los tesoreros admitieron haber firmado recibos que sustentaban la recepción de los recursos. Sumadas las cantidades entregadas, Medina anexó comprobantes que demuestran la distribución de 3.450 millones de pesos en efectivo. Para la Fiscalía este hecho demostró que Medina dijo la verdad cuando afirmó que para la segunda vuelta entraron a la campaña grandes cantidades de dinero en efectivo.
- La indagatoria a Juan Manuel Avella, gerente administrativo de la campaña, sirvió para comprobar afirmaciones de Medina en el sentido de que al terminar la primera vuelta presidencial hubo una reunión en la que le dijeron a Fernando Botero que la campaña había excedido la cifra de 4.000 millones de pesos en gastos. Y lo peor: que el déficit de la campaña frente a la segunda vuelta era enorme y no había dinero.
- Los investigadores confirmaron, como lo dijo Medina, que la campaña movilizó recursos en dólares a través de algunas cuentas bancarias en el exterior. Para la Fiscalía, que aún no ha recibido la información de tres entidades bancarias de Nueva York, por ahora es suficiente el que el propio Botero hubiera reconocido que en efecto manejó dólares de la campaña a través de cuentas en Estados Unidos.
- La captura por orden de la Corte Suprema del congresista por Caldas Rodrigo Garavito, comprueba la afirmación de Medina en el sentido de que algunos dirigentes regionales del samperismo viajaron personalmente a Cali para recibir dineros del cartel. Estas afirmaciones fueron corroboradas además por Guillermo Pallomari en la reunión informal que sostuvo en Tampa con dos fiscales colombianos a finales de agosto pasado.


- Las indagatorias de Fernando Botero y Juan Manuel Avella permitieron confirmar lo que dijo Medina sobre la manera como funcionaba administrativa y financieramente la campaña de Ernesto Samper. Así, los investigadores comprobaron que los más altos directivos de la campaña estaban al tanto de la manera como se obtenían y se distribuían los recursos obtenidos por la tesorería.
- A través de más del 70 por ciento de documentos originales entregados por Medina, los investigadores verificaron que en la campaña samperista se manejaron dos contabilidades paralelas: una, la presentada al Consejo Electoral y otra, que contenía aportes en dólares, en cheques y en efectivo, que no eran incluidos en los libros de contabilidad.
- A través de los números de los tiquetes y las reservaciones en el Hotel Intercontinental de Cali, los investigadores también confirmaron las afirmaciones de Medina en el sentido de que debió viajar a Cali en compañía de Alberto Giraldo para, según él, obtener el apoyo del cartel para pagar los gastos de publicidad de la segunda vuelta presidencial.
- Con base en el testimonio de Medina y la gran cantidad de pruebas recopiladas por el Bloque de Búsqueda en los allanamientos contra el cartel de Cali, los investigadores ya no tienen dudas de que los narcocasetes que circularon dos días después de la segunda vuelta presidencial, son auténticos. De acuerdo con algunas fuentes judiciales consultadas por SEMANA, a lo largo del proceso ya está plenamente establecida la identidad de todas y cada una de las personas que fueron mencionadas durante su diálogo por Alberto Giraldo y Miguel Rodríguez Orejuela.
- Los investigadores obtuvieron copia de la lista de invitados especiales a la posesión del presidente Samper en agosto del año pasado. Allí aparece el nombre de la señora Elizabeth Montoya de Sarria, hoy investigada por enriquecimiento ilícito y quien, como afirmó Medina, asistió a la Casa de Nariño ese día. También está identificado el oficial que la recogió en un automóvil blindado en su casa del norte de Bogotá.


LO QUE NO PUDO DEMOSTRAR MEDINA
LAS PRINCIPALES fallas de Santiago Medina en el proceso 8.000 han corrido por cuenta de afirmaciones que ha hecho y que según reconoce ahora, fueron formuladas después de oírlas de terceras personas. Fuentes consultadas por SEMANA aseguraron que después de revisar el conjunto de la confesión del ex tesorero samperista no queda duda de que Santiago Medina ha trastabillado en lo anecdótico, es decir, en lo que no le constaba. He aquí algunas de las principales inconsistencias descubiertas después de que los investigadores se dieron a la tarea de corroborar los testimonios rendidos por Medina después de su captura:

- Hasta ahora los investigadores no han hallado el rastro de la supuesta reunión que según Medina habrían sostenido Ernesto Samper, Eduardo Mestre y Alberto Giraldo en Madrid (España) en mayo de 1993 y que se denominó como Pacto de Recoletos. Según el relato no verificado aún, los asistentes planearon la estrategia para el financiamiento de la campaña presidencial de Samper. Los investigadores tampoco han hallado al supuesto fotógrafo que pasaba por el lugar y que habría registrado el momento en que las tres personas dialogaban.

- En la ampliación de la indagatoria, el mismo Santiago Medina se retractó de su afirmación en el sentido de que el periodista Daniel Samper fue secuestrado por Pablo Escobar. Medina también rectificó su versión de que el candidato liberal Ernesto Samper había solicitado la ayuda de Miguel y Gilberto Rodríguez para que intercedieran por su hermano.

- Otra de las afirmaciones de Santiago Medina que no pudo ser demostrada es la del traslado a Estados Unidos de Ernesto Samper, después de ser herido de gravedad en un atentado en el aeropuerto Eldorado en 1989, en un avión privado contratado por los hermanos Rodríguez Orejuela. De igual manera el ex tesorero tampoco pudo demostrar que Alberto Giraldo viajó con un maletín con dólares en efectivo para cubrir los gastos médicos de Samper.
- No se ha confirmado la afirmación de Medina en el sentido de que quienes le entregaron en su casa el dinero enviado por los Rodríguez fueron Eduardo Mestre y su conductor. Mestre niega rotundamente esa versión y el chofer está desaparecido desde el día de la captura de Rodrigo Garavito, con quien trabajaba desde hacía pocos días. Los investigadores buscan al conductor como aguja en un pajar.

- Aún cuando los investigadores tienen en su poder un documento firmado por una persona que se llamaría Nelson Urrego, hasta ahora no se ha podido comprobar lo que dijo Medina con respecto a que Urrego es una persona de Cali, de dudosa procedencia y quien le habría donado 100.000 dólares a la campaña de Ernesto Samper. Lo cierto es que este personaje, dueño de numerosas propiedades en San Andrés, no aparece.

- Tampoco se ha comprobado, como lo dijo Medina, que el general Miguel Maza hubiera exigido el pago de 165 millones de pesos que tenía de déficit en su campaña como requisito para adherir a la campaña de Ernesto Samper. Hasta ahora Medina no ha entregado documentos que soporten esa afirmación.-

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