LA JUSTICIA COJEA...

EL 2 DE MARZO DE 1993; exactamente dos años después de haber quedado en libertad, Alberto Jubiz Hazbum y otros dos compañeros de infortunio, quienes habían sido sindicados de asesinar a Luis Carlos Galán Sarmiento, demandaron al Estado colombiano por las irregularidades en la investigación penal que se adelantó para aclarar el magnicidio del caudillo liberal, ocurrido el 18 de agosto de 1989. La demanda fue instaurada ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y pretende la indemnización por los daños materiales ocasionados a estas personas por un monto superior a los 5.000 millones de pesos. Hoy, seis años después de los hechos, Jubiz Hazbum y sus compañeros slguen esperando que se termine de hacer justicia. "La justicia en el caso nuestro no solo cojeó sino que todavía no termina de llegar", dice el químico barranquillero.
En efecto, pese a que todas las instancias han coincidido en forma unánime en que Jubiz y sus amigos no tuvieron nada que ver con el asesinato de Luis Carlos Galán, el proceso de conciliación entre el Estado y las personas afectadas podría demorar otros tres años más. "Un pronunciamiento del presidente Samper condenando los hechos y reconociendo el error del Estado, como lo hizo en el caso de la matanza de Trujillo, donde se demostró que hubo violación de los derechos humanos, podría ayudar a agilizar el desarrollo del proceso", dijo a SEMANA el abogado Ramiro Borja Avila, ex consejero de Estado y apoderado de Jubiz Hazbum.
No es la primera batalla jurídica que libra Jubiz Hazbum contra el Estado en los tribunales. Desde mucho antes de quedar libre ha venido sosteniendo una serie de enfrentamientos encaminados no solo a demostrar su inocencia sino a comprobar la responsabilidad de algunos organismos de seguridad del Estado en los cuatro años que debieron permanecer en prisión él y sus compañeros sindicados de un crimen que no cometieron. En una oportunidad, inclusive, rechazó una boleta de libertad condicional proferida por el juzgado que llevaba su caso. "A mi no me dan migajas de justicia. Mi libertad es absoluta e incondicional o no lo es", declaró para negarse a salir de la penitenciaria de La Picota.
El más reciente capítulo de esta historia se escribió el 10 de mayo pasado, cuando la Procuraduría General de la Nación solicitó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca llamar en garantía al ex presidente Vggilio Barco Vargas y a los generales Miguel Maza Márquez, ex director del DAS, y Oscar Eduardo Peláez Carmona, ex director de la Dijin, porque, según su parecer, "(...) el poder no es aquí una mera relación de fuerza carente de límites y sin protección jurídica. De tal manera que, si bajo estos postulados jurídico-políticos se surte, como al parecer sucedió en el presente caso, un procedimiento judicial que resuma agresión moral, mudándose en deshonra pública para los falsa o equivocadamente imputados, el Estado será responsable. Pero también lo serán quienes con sus actos propiciaron ese procedimiento".
Pero mientras el Tribunal Administrativo de Cundinamarca se pronuncia de forma definitiva sobre la demanda de Alberto Jubiz y sus compañeros al Estado, el químico barranquillero está a la espera de que, al menos, la justicia repare el daño material que le ha hecho. Los cuatro años en prisión le significaron, según él, millonarias pérdidas económicas y materiales. "La demanda es por los daños materiales causados a todos nosotros y a nuestras familias, para resarcir solo la parte material porque para resarcir la parte moral no basta todo el oro del mundo", dijo Jubiz Hazbum a SEMANA.