La justicia cojea...

La aniquilacion de la Unión Patriótica (UP) es uno de los pesos más grandes que carga la conciencia colectiva de los colombianos. Sucedió en una época en la que en el mundo se hablaba de la “tercera ola de la democracia”, un proceso de 25 años en el que 113 países adoptaron sistemas políticos pluripartidistas. En Colombia, en cambio, ese intento por integrar al bipartidismo tradicional una izquierda democrática fracasó por cuenta de ‘fuerzas oscuras’ que mataron, uno a uno, a una generación de líderes populares. La UP nació en mayo de 1985 como resultado de los acuerdos de paz firmados entre el gobierno de Belisario Betancur y las Farc. Ocho años después 1.163 de sus miembros habían sido asesinados, incluidos los candidatos presidenciales Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo, y 123 desaparecidos. Para entonces el caso era lo suficientemente dramático e inmoral para ser admitido en la historia universal de la infamia. Pero como la historia puede tomarse demasiado tiempo para emitir un veredicto, en 1994 la Corporación Reiniciar y la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) denunciaron lo ocurrido, en su concepto “el genocidio de la Unión Patriótica”, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), una de la dos entidades pertenecientes a la Organización de Estados Americanos encargadas de la protección y la promoción de los derechos humanos consagrados en la Convención Americana. La Comisión está conformada por siete expertos independientes, que se reúnen dos veces al año en Washington. El caso de la UP, identificado con el número 11.227, es uno de los 800 que tiene a su cargo. Hoy el proceso está en un punto que, si bien no puede considerarse ideal, por lo menos permite tener una esperanza de que puede ser resuelto en un mediano plazo por lo que la Comisión denomina una “solución amistosa”. El ‘tio Bob’ El caso de la UP es muy complejo. Cuando la Comisión lo recibió en febrero de 1994 se encontró ante una denuncia que, por la cantidad de víctimas y de combinación de violaciones que denunciaba, no tenía ningún referente en la región. Lo más parecido que habían conocido antes los comisionados era la matanza de los indígenas miskitos en Nicaragua y una denuncia de los Testigos de Jehová en Argentina por hechos ocurridos durante la dictadura. Durante los tres años siguientes los representantes de los demandantes y los del Estado colombiano, funcionarios de la cancillería de turno, discutieron en las audiencias confidenciales de la Comisión sobre si el caso podía ser considerado como un genocidio por razones políticas. Los primeros creían que las cifras de muertos hablaban por sí solas del hecho. Los segundos no negaban el horror de lo sucedido pero alegaban que al Estado (sobre cuya responsabilidad por acción u omisión se pronuncian los comisionados) no se le podía achacar toda la culpa de lo sucedido y que el genocidio político no estaba tipificado como tal en la convención internacional sobre esta materia. Jurídicamente el argumento del gobierno era correcto pero chocaba de frente con una realidad atroz: la masacre contra la UP no se detenía. Cada dos días, entre enero y septiembre de 1996, mientras las dos partes discutían, había sido asesinado un militante de la UP. El proceso llegó a un punto muerto. En marzo de 1997 la Comisión presentó el informe en el que admitía el caso de la UP, pero sin el alegato de genocidio. Este detalle suponía un empate para los demandantes y para los demandados. Seguir adelante con el proceso no fue fácil. Para que la situación saliera del marasmo en el que había caído fue necesario que el profesor Robert Goldman, uno de los comisionados, ‘regañara’ de manera amistosa y por separado a las partes. Después de la reconvención Goldman les dijo que en lo sucesivo, por la ayuda que les había prestado, podían llamarlo ‘tío Bob’. La charla tuvo efecto porque la propuesta hecha por la Comisión de encontrar una “solución amistosa” al caso fue bien recibida. Los demandantes presentaron la primera propuesta en este sentido. Los representantes gubernamentales la rechazaron porque los obligaba a reconocer de antemano la responsabilidad estatal en todos los hechos que se le imputaban. De nuevo hubo un tira y afloje con momentos de gran tensión. Para la UP la investigación sobre los asesinatos de sus militantes es un asunto crucial, por eso cuando la contraparte ofrecía investigar sólo 30 de los casos de homicidio se sentían ofendidos e irrespetados en su dolor. En octubre de 1997, en la reunión de la Comisión, el gobierno presentó su fórmula de solución. La UP no contestó de inmediato y el proceso de concertación entró en receso por cuenta de las elecciones presidenciales de 1998. En marzo de 1999 los representantes de la UP y los del gobierno de Andrés Pastrana se encontraron en la Comisión y, gracias a los buenos oficios de Goldman, decidieron acelerar la búsqueda de una solución acordada. Con este propósito crearon ese mes una comisión mixta integrada por representantes de la UP, el Partido Comunista Colombiano (PCC), Reiniciar, la Comisión Colombiana de Juristas, la Fiscalía, la Procuraduría, la Vicepresidencia de la República y la Cancillería. Este grupo tendría que “definir una metodología de trabajo para propender por el esclarecimiento de los hechos a los que se refiere el caso en mención y por la realización de los derechos a la verdad y a la justicia y por el reconocimiento de una reparación integral”. ¿Solucion amistosa? Desde su creación hasta marzo del año pasado la comisión mixta se reunió 20 veces y se llevaron a cabo cinco sesiones especiales. Lo que se hizo en esta etapa puede ser considerado, sin lugar a dudas, como el mayor avance de todo el proceso. De común acuerdo se elaboró una ficha técnica de las víctimas de la UP, un equipo de 10 personas recopiló la información sobre las mismas y con la totalidad de las fichas elaboradas se creó una base de datos en la Cancillería. Para solucionar el problema de impunidad que rodeaba el exterminio de la UP la Fiscalía creó 26 subunidades nacionales, apoyadas por personal del Cuerpo Técnico de Investigaciones, en las que se concentran e impulsan los casos de violación a los derechos humanos de los militantes de este movimiento. En los informes preliminares de estos grupos se habían identificado 420 víctimas de esta organización política en 230 casos. Tan importante como aclarar el pasado era preservar la vida de los dirigentes y militantes de la UP y el PCC. Por eso el gobierno creó en junio del año pasado el Programa especial de protección integral para dirigentes, miembros y sobrevivientes de la Unión Patriótica y del Partido Comunista. El Ministerio del Interior se encarga de los esquemas de seguridad blandos del programa. Esto quiere decir que, por ejemplo, facilita pasajes para el desplazamiento de un militante amenazado de un lugar a otro del país, consigue becas para quienes deban salir del país y otorga ayuda humanitaria económica durante tres meses, entre otras acciones. El Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), por su parte, se encarga de lo que denominan esquemas de seguridad duros, que incluyen escoltas y carros blindados. Los agentes escolta de los miembros de la UP y el PCC son personas recomendadas por las mismas organizaciones, que son incorporados con todos los derechos laborales a la nómina del DAS. En la actualidad hay 50 agentes escolta por este sistema, dotados con armas cortas y de apoyo, chalecos antibalas, vehículos y motocicletas. Para mantenerlos dentro del programa se requiere que el gobierno gire 700 millones de pesos, adicionales a los 2.000 millones con los que lo creó. Reparacion integral El otro aspecto que estudió la comisión mixta fue el diseño de una propuesta de reparación integral para la UP. En este tema de nuevo volvieron a chocar el gobierno y los demandantes. Los lenguajes y las expectativas que manejaron unos y otros son diferentes al respecto. La comisión mixta terminó su trabajo hace un año y ahora está pendiente la creación del grupo de trabajo, en el que se incluirá a la Defensoría del Pueblo y a dos personalidades elegidas por acuerdo de las partes, que va a continuar y a profundizar su labor. El gobierno deseaba presentar en público el grupo la próxima semana cuando llegarán a Colombia tres miembros de la Comisión Interamericana, entre ellos Robert Goldman. Es posible que esto no suceda. Lo grave del asunto es que hasta que el grupo de trabajo no opere los demandantes no acordarán la solución amistosa. La UP aparentemente no tiene afán. Ha sabido esperar y el ambiente mundial, con Corte Penal Internacional de por medio, empieza a desequilibrar la balanza a su favor. Al gobierno, en cambio, se le acaba el tiempo para terminar de impulsar de una buena vez la resolución de un proceso que lo dejaría muy bien parado ante la comunidad internacional y que podría mostrar como un as en la mesa de negociación con las Farc. Independientemente de estas consideraciones políticas, lo cierto es que el país necesita reparar de una forma u otra el daño que se autoinflingió al exterminar una alternativa política legal.