El Paisa: ¡Atrápalo si puedes!

Hernán Darío Velásquez es el primer exguerrillero de las Farc al que la Jurisdicción Especial para la Paz le recorta los beneficios después de dejar las armas. Lo hace por los reiterados incumplimientos del excomandante de la temida columna Teófilo Forero, que se negó a atender los llamados para aportar verdad ante la Sala de Reconocimiento. Desde que huyó en julio pasado de Miravalle con Iván Márquez, se perdió el rastro de su paradero y de paso él se desentendió de las obligaciones que asumió al acogerse al sistema.

Wilson Acosta, su abogado de oficio, alega que su cliente no tiene garantías para comparecer. Pero los magistrados cuestionaron que no haya hecho ningún esfuerzo por hacerlo, en contraste con una treintena de excomandates guerrilleros que han comparecido a pesar de múltiples adversidades. El Paisa, junto a Márquez, decidió replegarse y esperar en la clandestinidad el destino de Jesús Santrich para definir su futuro. Pero los tiempos no le dieron. Llegó primero su castigo por no atender los llamados de la JEP que el fallo de la Sección de Revisión acerca de si aplica la garantía de no extraditar en el caso de Santrich.

Como era de esperarse, este viernes el Paisa no apareció. Sin su presencia se llevó a cabo la lectura de fallo en la que la Sala de Reconocimiento de Verdad resolvió quitarle el beneficio de la libertad condicionada y el acceso a las sanciones propias del sistema. Es decir, activó todas las órdenes de captura en su contra, y si las autoridades consiguen ubicarlo y detenerlo, al exjefe guerrillero le quedan dos opciones en la JEP: pagar de 5 a 8 años de cárcel si acepta su responsabilidad o hasta 20 si no lo hace. En la justicia ordinaria al Paisa le aguardan 26 condenas y más de 128 procesos abiertos.

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Los magistrados no aplicaron la máxima pena a la que estaba expuesto: expulsarlo de la JEP. Al menos dos grandes razones lo salvaron, por el momento, de la tarjeta roja. Primero, como expuso la procuradora delegada, Mónica Cifuentes, hasta ahora no hay prueba de que el Paisa se haya rearmado. Segundo, la esperanza de preservar el derecho de las víctimas a la verdad. Sacarlo de tajo del sistema implicaría prescindir de sus versiones en más de una decena de episodios graves del conflicto. El Paisa, por ejemplo, concibió las llamadas pescas milagrosas, y ese fenómeno de los secuestros sistemáticos de las Farc constituye uno de los macrocasos que juzga la JEP.

Este viernes, en la primera audiencia pública llevada a cabo desde la creación de la JEP, los magistrados ordenaron revocar los beneficios que tenía el Paisa, con lo que en la práctica activaron la cacería en su contra. Los togados hicieron una claridad clave: pueden revisar la decisión dependiendo del comportamiento futuro del Paisa. De modo que para acceder a una nueva oportunidad, le exigen presentarse voluntariamente a la JEP, reconocer sus responsabilidades, aportar verdad plena, detallada y exhaustiva, y contribuir a la reparación satisfactoria de las víctimas.

El futuro del Paisa se convertirá en otro barómetro para medirle el pulso a la JEP, como viene ocurriendo desde hace unos meses con el proceso contra Jesús Santrich. Hay muchos interrogantes sobre la mesa. Aunque la decisión de este viernes parece de gran calado, solo tendrá peso y valor efectivo si las autoridades consiguen materializar la captura. Si no lo hacen, se quedará en el papel como un castigo simbólico. Y ponerle esposas al Paisa no será nada fácil, pues probablemente permanece del lado venezolano de la frontera. Ahora, no está claro qué podría llegar a pasar si lo capturan y decide empezar a hablar. ¿Quedaría a disposición de la JEP o de la Fiscalía? ¿Qué sucedería si una autoridad extranjera lo requiere en extradición sin que la justicia transicional lo haya expulsado?

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“He ordenado a nuestra Policía capturar a alias el Paisa, según providencia de la JEP”, dijo el presidente Iván Duque en Valledupar, apenas minutos después del pronunciamiento de los magistrados.  Parar acelerar el proceso, este sábado el ministro de Defensa, Guillermo Botero, manifestó que el Gobierno está dispuesto a pagar 3.000 millones de pesos de recompensa por información que ayude a la captura del exjefe guerrillero.

El abogado del ahora prófugo se enfocará en apelar la decisión, pero lo cierto es que si el Paisa no compareció cuando todo lo favorecía, menos ahora que tiene todo en contra. Es el momento para que las autoridades actúen.