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LA KGB CRIOLLA

Desmantelada en Bogotá la organización logística de las FARC.

22 de mayo de 1989

Si durante las dos últimas semanas el gobierno demostró que está dispuesto a meter en cintura a los grupos paramilitares, también dejó en claro que no tiene ninguna intención de bajar la guardia frente a la subversión guerrillera. En una acción del Ejército que incluyó una serie de allanamientos en varias casas de Bogotá, se logró desbaratar la que probablemente sea la más importante de las células urbanas de las FARC: la de los "servicios de inteligencia" . La "Comisión Técnica Nacional", como se llamaba en realidad esta especie de central de espionaje del grupo subversivo, cayó en manos de los militares el miércoles pasado y puso al descubierto algunos de los planes claves de la organización, entre los que se cuentan el de la creación de una auténtica industria militar.
La "central de inteligencia" era un organismo adscrito al Estado Mayor de las FARC y estaba encargada de recopilar y organizar los datos de los altos mandos militares, ministros, embajadores, dirigentes de partidos políticos y grandes empresarios del país. Detalles como hojas de vida, movimientos rutinarios, número de familiares,información comercial y bancaria, actividades sociales e inclinaciones ideológicas de casi todos los miembros del gabinete, de la cúpula militar y del servicio diplomático, hacían parte de los archivos y kárdex que se encontraban listos para ser pasados al computador de los "organismos secretos" de las FARC.
La versión criolla de la KGB, contaba entre sus "perlas" de inteligencia un completo croquis de las rutas y movimientos del agregado militar de los Estados Unidos, planos arquitectónicos del edificio del Batallón Guardia Presidencial, un listado de las adjudicaciones hechas por la Caja de Vivienda Militar, una lista de oficiales de las Fuerzas Armadas y una nómina de funcionarios del DAS. Tenía también en su poder un completo archivo sobre el escalafón de los miembros del Ejército, un mapa de las instalaciones de la Escuela de Caballería y uno de la fábrica de la Industria Militar, Indumil.
La red de inteligencia militar de las FARC no sólo recopilaba información relacionada con los personajes de la vida nacional que podrían ser en algún momento blanco de un atentado o de un secuestro por parte del grupo guerrillero. También tenía en su banco de datos, información sobre regiones enteras como Urabá, Caquetá y otras en donde tiene presencia la organización guerrillera. Apoyada en un buen número de monografías y estudios realizados por algunos centros de investigación universitaria, la célula espía podía darse el lujo de tener uno de los más completos atlas del país.
La recopilación de datos y las labores de espionaje de las FARC se venían realizando desde hace por lo menos 12 años y la información obtenida no tiene nada que envidiarle a la que poseen los organismos de seguridad del Estado. Tenian en su poder mapas de las zonas en donde operan los grupos paramilitares, los laboratorios de cocaína, los diferentes frentes de las distintas organizaciones guerrilleras,documentos secretos de los organismos militares, cartillas tácticas de la contrainsurgencia y manuales de los servicios secretos de la Policía y el Ejército.
La "Comisión Técnica Nacional" también tenía extendidos sus tentáculos en el sector judicial. En la sede de contrainteligencia de las FARC se encontró una copia del expediente del caso del cargamento de armas que venían para las FARC, incautado en Jamaica. Además de otros documentos con reserva sumarial, los sabuesos de la organización guerrillera habían logrado conseguir las direcciones y los nombres de los jueces de instrucción criminal y orden público, así como un completo récord de los casos que se siguen contra miembros del grupo subversivo.
Las acciones de la semana pasada contra las FARC golpearon además un flanco crucial: el de las comunicaciones. Una poderosa base telefónica con discado directo internacional y desde donde se comunicaban directamente desde Bogotá con Casa Verde o desde la "central" con cualquiera de los frentes del grupo guerrillero, también cayó en poder de los militares. Material didáctico sobre la fabricación de explosivos, planos de atentados contra convoyes militares y la central de comunicaciones del XXVI frente de las FARC, fueron objeto de incautaciones por parte de la XIII Brigada, al mando del general Ramón Eduardo Niebles Uscátegui.
Pero si las acciones contra la red de espionaje y la central de comunicaciones del grupo subversivo representan uno de los más importantes golpes contra las FARC, el desmantelamiento de la industria militar no se queda atrás. La caída de una moderna fábrica de morteros, rockets, y toda clase de armamento pesado, deja prácticamente a la agrupación guerrillera, después del fracaso de su embarque de armas de Jamaica, sin perspectivas bélicas a corto plazo. Como lo dijo el propio general de la XIII Brigada, Ramón Eduardo Niebles, quien dirigió los operativos de la semana pasada: "Es tal vez el momento más duro para las FARC, les dimos en el "cerebro", en los oídos y en las manos porque les desbaratamos la red de inteligencia, la central de comunicaciones y la fábrica de armas ".

EL SENADOR Y LAS ARMAS
En el expediente del caso del contrabando de armas de Jamaica encontrado en una de las sedes urbanas de las FARC allanadas la semana pasada, aparece el nombre del senador liberal por el departamento del Magdalena, Ricardo Villa Salcedo. Según el testimonio rendido ante las autoridades jamaiquinas por el traficante de armas inglés, David Michel Eveleigh, "el senador colombiano, Ricardo Villa Salcedo, manifestó su interés en servir de intermediario para adquisición de armas de Israel y Alemania Federal con destino a la guerrilla colombiana". En el interrogatorio, el traficante británico dijo además, que Villa Salcedo se había reunido varias veces con el narcotraficante antioqueño llamado Jacobo Lerner y que las FARC no estaban de acuerdo con la intermediación de Villa, ya que lo consideraban "como un estupido".
El expediente tiene documentos según los cuales el senador Ricardo Villa, el segundo secretario del Partido Comunista, Alvaro Vásquez, y un exparlamentario antioqueño, Gilberto Zapata Isaza, se habrían reunido en Panamá con Jacobo Lerner,miembro del cartel de Medellín, y el traficante de armas inglés para acordar las fechas del primer embarque de armas. Se asegura además que Villa Salcedo estuvo en un hotel panameño en Navidad, días antes de que se produjera el embarque de armas. Desde allí llamó a Kingston (Jamaica), en donde se encontraba David Eveleigh,con el fin de enterarse de cómo iba la operación. Posteriormente Villa Salcedo saldría para Cuba mientras en Colombia se recibiría el primer embarque de armas por valor de 8 millones de dólares.
Aunque el juez Alvaro Medina ha manifestado que él no ha hecho ningún requerimiento contra el senador y que no lo va a llamar a indagatoria porque el testimonio de Eveleigh no tiene validez en Colombia, las dudas sobre la participación del senador,así como la de los demás personajes nombrados por el traficante inglés, no han sido aclaradas. El senador Ricardo Villa se ha limitado a decir que no responderá sino ante el juez y que todo se debe a un montaje producto de la persecución política de que se siente víctima. SEMANA se ha enterado que el senador ha reunido una serie de documentos en los que incluye croquis y mapas de seguimientos en su contra y un buen número de amenazas tanto escritas como telefónicas, con el fin de hacerlos llegar al juez y a los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales.
Ricardo Villa fue intermediario en la primera etapa de negociaciones entre el actual gobierno y el grupo guerrillero M-19 y ha sido abogado defensor de antiguos traficantes de marihuana de la Costa Atlántica. Es hoy senador por el Poder Popular y se ha distinguido por ser uno de los coordinadores de movimientos cívicos. Fue amigo personal de Jaime Bateman y desde entonces tiene un especial afecto por el M-19. Ha sido un conocido defensor de presos políticos y su actuación en el Parlamento se ha caracterizado por los debates sobre derechos humanos.