LA LEY DEL SAPO

QUE PASA SI ESCOBAR DELATA AL CURA PErez?", le preguntaron en días pasados en un noticiero de televisión al abogado penalista Eduardo Umaña Luna.
"Que Escobar puede quedar libre", respondió.
Este episodio periodístico ilustra a las claras el mar de confusión y de dudas éticas y jurídicas que ha despertado el decreto 264, dictado hace pocas semanas por el Gobierno nacional en el marco de la conmoción interior, y que concede nuevos beneficios -que incluyen la inmunidad y la cesación de la pena- a quienes colaboren con la justicia.
A ojos de numerosos juristas y dirigentes nacionales, esta política de concesiones, negociaciones y arreglos, que consigue pruebas judiciales pero no por medio de la investigación realizada por los organismos del Estado, sino gracias a la delación, el pago de recompensas y la disminución de penas con los criminales, no tiene presentación.
Otros más pragmáticos se sitúan en la orilla de frente de este debate, con el argumento de que el sistema de delación a cambio de recompensas que incluyen la negociación y hasta la eliminación de la pena, es un instrumento de uso excepcional que se com padece con las excepcionales características del crimen organizado y del terrorismo, que no pueden ser combatidos con los instrumentos tradicionales de la justicia penal, Por eso, detrás de los últimos decretos del Gobierno, y en especial del 264, lo que hay no es simple y llanamente una nueva medida en el marco de la conmoción, sino la consolidación en las normas penales colombianas de una nueva mentalidad, de una nueva cultura jurídica, más cercana al pragmatismo que a la ortodoxa filosofía del derecho.

EL CASO VALLACHI
Estos instrumentos de delación y rebaja de penas tienen origen en legislaciones europeas y norteamericanas, que en su momento han debido enfrentar fenómenos desbordados de crimen organizado y terrorismo. En los Estados Unidos esta política judicial lleva el nombre de plea barganing. En Italia se le conoce como plagia mentto. Sin ella, es muy posible que ni los americanos ni los italianos hubieran podido hacer frente a las organizaciones cerradas de mafia o de guerrilla urbana y terrorista.
Fue gracias a esa política de negociación con criminales, que el entonces Fiscal General americano Robert Kennedy logró, a principios de los años 60, asestarle el golpe más certero dado al sindicato del crimen organizado en Nueva York al lograr que Joe Vallachi, uno de los soldados de la organización, delatara a sus jefes.
Hijo de inmigrantes napolitanos, Vallachi trabajaba para los Geno vese, una de las cinco familias que integraban la Cossa Nostra. Fue capturado por tráfico de narcóticos en 1962 y sentenciado a una pena de 15 años.
Convencido de que la mafia lo había sentenciado a muerte, por creer que él se había convertido en informante, asesinó en su celda a quien equivocadamente él suponía que había sido enviado para matarlo. Desesperado y en busca de protección del gobierno, decidió negociar su testimonio. Lo que dijo Vallachi conmovió al cerrado mundo de la Cossa Nostra' que vio por primera vez cómo un soldado raso traspasaba la omertá, el tradicional código de silencio de la mafia, para contarlo todo. Vallachi reveló inva luable información. Se destapó la existencia de la Cossa Nostra, y de cómo estaba gobernada por cinco familias que a su vez le respondían a un capo di tutti capi.
Su testimonio implicó acerca de 300 miembros de la organización, y fue el comienzo no sólo del programa de protección de testigos de los Estados Unidos, sino de una cadena de delaciones que 30 años después haría que otro lugarteniente de la mafia, Salvatore Bull Gravano, delatara a Jonh Gotti, el capo que se hiciera famoso entre otras cosas por sus trajes especialmente cortados de 2.000 dólares y por sus impecables corbatas de seda. Gravano sorprendió en la sala de la Corte a su bien vestido ex jefe, al relatar cómo Gotti había sido el autor intelectual de la muerte del antiguo jefe de la mafia de Nueva York, Paul Castelano, quien fue acribillado cuando entraba a almorzar a su restaurante favo rito en Manhattan.
Sin el testimonio de Gravano, Jonh Gotti -quien había logrado salir sin cargos de tres juicios en su contra no hubiera podido ser sentenciado ni condenado.
Producto de esta cadena de delaciones y de grabaciones obtenidas por el FBI, hace tres años los cinco jefes de la Cossa Nostra fueron condenados a prisión, con penas hasta por 100 años.

LUCIANO: LA OTRA CARA
Sin embargo y pese a sus éxitos evidentes, el criterio con que el sistema de delación y cooperación de los delincuentes ha operado no siempre ha sido el más justo. Ha habido casos en que después de haber sido condenados, grandes criminales han conseguido negociar con la justicia su libertad. El caso más sonado fue el de Lucky Luciano, un siciliano que emigró a Nueva York en los años 20 y que se convirtió en el capo que le dio a la Cossa Nostra la estructura y la organización que hoy conserva y en el fundador de una organización clandestina -Murder Incorporated- encargada de hacer los trabajos sucios de la mafia.
Condenado en 1936 por dirigir una red de prostitución Luciano fue sentenciado a 35 años de prisión. Pronto sus lugartenientes empezaron a maquinar varias ideas para negociar su salida. Después de muchos intentos infructuosos, la entrada de los Esta dos Unidos a la Segunda Guerra Mundial les dio una salida. Washington estaba preocupado ante la posibilidad de que los buques de guerra apostados en los puertos de Manhattan y Brooklyn pudieran ser objeto de atentados terroristas por parte de la mafia -de origen italiano y afinidades fascistas-, que controlaba totalmente los puertos de Nueva York. Inmediatamente la oportunidad de un deal (arreglo) entre capos y autoridades, apareció. Si liberaban a Luciano, la mafia garantizaría la seguridad de los buques en los puertos. El dilema era cómo hacer para que el gobierno accediera al trato.
La respuesta la tuvo Alberto Anastasia, lugarteniente de Luciano, quien propuso la idea de hacer un sabotaje a uno de los barcos. Su blanco fue un buque de guerra francés, el Normandie, que fue incendiado hasta hundirse en el puerto frente a los ojos de los neoyorquinos. La destrucción del Normandie tuvo el efecto deseado por la Cossa Nostra.
Causó conmoción dentro del ejército norteamericano que pronto recurrió a la mafia, Luciano parecia el único capaz de evitar un nuevo hundimiento, y por eso su liberación fue pactada. Las fuerzas armadas de EE.UU. acordaron una alianza con el bajo mundo que no sólo le aseguró los puertos, sino que produjo más tarde la cooperación de la mafia siciliana para facilitar el desembarque de los aliados en 1943 por el sur de Italia. Como recompensa por patriótica cooperación, Luciano fue trasladado de la prisión de alta seguridad a una carcel normal. Allí pudo emprender de nuevo el manejo del negocio y ayudar a los Estados Unidos en su gue rra.
Según las propias memorias de Luciano, la invasión de los aliados en Sicilia fue posible en gran parté gracias a las gestiones he chas por él desde la cárcel. Luciano hizo saber a sus amigos si cilianos, que si colaboraban con los ame- ricanos serían recom pensados. Y asi fue: muchos lugartenientes de la mafia fueron nombrados alcaldes en Sicilia por las fuerzas aliadas, luego de la invasión de la isla. Luciano recibió su último regalo en febrero de 1954 cuando fue liberado de prisión y escoltado hacia un barco en el puerto de Brooklyn que lo llevaría a un exilio vitalicio en Sicilia, su tierra natal. Después de intentar negocios lícitos que no le produjeron mayores resultados, Luciano sentó en Sicilia las bases para el comercio de la heroína y fue el creador de uno de los primeros carteles de droga del planeta. Murió a los 70 años, cuando aún continuaba dirigiendo la Cossa Nostra desde su restaurante en Palermo.
El caso dejó enseñanzas y con el tiempo las autoridades y la comunidad de abogados adquirió conciencia de la necesidad de poner un poco de orden en el sistema. El Congreso dictó una ley que fijó unos criterios de reducción de penas que todos los jueces deben observar y que sólo se pueden alterar a pedido de la Fiscalía y cuando se trate de un testimonio realmente excepcio nal.
Sin embargo, prueba de que aún hay cargas por ajustar es el caso de Carlos Lehder, y de muchos otros condenados que por prestar testimonio en contra de Noriega hoy han entrado al programa de protección de testigos y han recibido beneficios de reducción de penas. Lehder pudo así salir de la severísima prisión de Marion hacia otro correccional, donde pagará una pena reducida oculto bajo una nueva identidad.
BRIGADAS Y ARREPENTIDOS
Italia ha sido víctima del terrorismo político y de un sindicato del crimen más poderoso que el propio Estado. Por ello tuvo que recurrir al sistema de premiar a los delatores, después de muchas discusiones y polémicas, explicables en el país de mayor tradi ión jurídica de todo el planeta. Lo hizo en 1978, a través de la ley Cossiga, dictada en el marco de las leyes especiales contra el terrorismo. Su primer objetivo fueron las Brigadas Rojas, grupo de terrorismo urbano que puso temblar a Italia hace más de una década.
La ley prevé una serie de beneficios que incluyen reducción de la pena para todos aquellos que decidan desvincularse de las estructuras en las que operan y que ayuden con sus delaciones a desmantelar las células terroristas. Además de contar con una particular protección, los arrepentidos fueron recluidos en cárceles especiales de máxima seguridad, y muchos de ellos pudieron luego obtener el beneficio de excarcelación y un régimen que les permitía salir a trabajar durante el día y dormir en la cárcel. A esa ley se acogieron numerosos miembros de las Brigadas Rojas, cuyos testimonios públicos contribuyeron de manera definitiva a desmoralizar y destruir a las Brigadas Rojas.
Marco Barbome fue uno de los arrepentidos más famosos. Autor del asesinato de un periodista del Corriere de la Sera, se acogió a los beneficios de la ley y obtuvo una condena de ocho años, de la cual al final sólo cumplió con una cuarta parte.
En razón del rotundo éxito obtenido frente a las Brigadas Rojas, a mediados de 1980, la ley de los arrepentidos comenzó a ser aplicada por primera vez a la Camorra, la temible mafia napolitana. Sin embargo, al principio no hubo el éxito esperado. Los jueces se basaron en las confesiones de dos arrepentidos que hicieron condenar a algunos inocentes, entre ellos a un famoso presentador de televisión que después de varios años salió de la cárcel luego de habérsele probado su inocencia.
Pese a que la política despertó grandes polémicas, de nuevo volvió a usarse en 1985 cuando Tomasso Buscetta, el primer capo de la mafia siciliana se arrepintió y decidió colaborar con la justicia italiana. Este fue el comienzo de una gran campaña contra la mafia siciliana, liderada por los jueces Giovanni Falcone y Paolo Borsellino, que logró por primera vez iniciar un gran proceso en contra del más antiguo sindicato del crimen de Italia. Al igual que sucedió con los testimonios de Vallachi en contra de la Cossa Nostra de Nueva York, se logró conocer por primera vez la estructura interna de la mafia siciliana, sus códigos secretos de conducta y la identificación de sus capos. Se detuvo acerca de 700 personas y al igual que sucedió con los brigadistas, se les ubicó en una jaula búnker frente a la cual se adelantaron los procesos. Sin embargo el golpe de la mafia no se dejó esperar. En l992 fueron asesinados los jueces Falcone y Borsellino.
Una de las grandes dificultades que tuvo que sortear la justicia italiana fue la protección de Buscetta. Para ello los jueces italianos se sirvieron de acuerdos bilaterales con Estados Uni dos, y Buscetta fue enviado secretamente a ese país donde vive con su familia bajo una identidad difernte y, según algunos rumores, con una nueva fisonomía.
En l991 el sistema se afinó aún más. Los ministros de Justicia Claudo Martelli y del lnterior Vincento Scotto, crearon un nuevo plan de protección para los arrepentidos que prevé la posibilidad de otorgar al arrepentido un sueldo mensual -cerca de mil dóla res-, que es igual al básico de un empleado estatal.
Hoy en día en Italia hay más de 200 arrepentidos que se acogieron al programa de protección de testigos.
Es evidente que el crimen organizado sigue existiendo, pero los golpes asestados contra una de las más poderosas mafias -la siciliana- han sido los más certeros y duros que se le hayan propinado en la historia del crimen organizado de ltalia. De no ser por las delacioncs de los arrepentidos, no hubiera sido posible la captura de Toto Riina, capo di tutti capi de Sicilia.

DELACION A LA CRIOLLA
En Colombia la negociación de penas es un sistema que por lo inusual ha despertado tantas controversias como expectativas.
En realidad, la negociación de penas estaba concebida en nuestro régimen jurídico antes de que se expidieran los decretos de sometimiento del 90 y el 91. Fue introducida por primera vez por el gobierno de virgilio Barco en noviembre de 1988, por medio de un decreto de estado de sitio que pasó practicamente inadvertido. En cuanto a las delaciones y el pago de recompensas hay antecedentes anteriores, como las campañas para detener o dar de baja a los bandoleros que quedaron después de la violencia partidista de mediados de siglo.
Pero fue el decreto de Barco el que planteó el cruce de delación con rebaja de penas. El primer caso condujo al desmantelamiento de la organización de Gonzalo Rodríguez Gacha, "'El Mexicano""' y finalmente a la muerte de éste y de su hijo a fines de 1989. Movido por la desesperación, Diego Viáfara, médico de la organización de Rodríguez Gacha en el Magdalena Medio, se convirtió en importante delator. Fue gracias a su testimonio que se tuvo conocimiento, por primera vez, de la presencia de mercenarios israelíes e ingleses en el Magdalena Medio y de cómo estos estaban entrenando al cuerpo élite del narcotráfico, cuyos miembros fueron los autores materiales de muchos de los aten tados terroristas que el país sufrió en 1989 y l990.
Tras entregarle nutrida información a las autoridades colombianas, fue llevado a los Estados Unidos dentro del programa de protección de testigos dirigido por la DEA. Sus testimonios ante el Congreso norteamericano -que Viáfara dijo tras un biombo fueron escuchados con atención. Sin embargo y después de tantas travesías, Viáfara, quien nunca pudo volver a ver a su familia, deambula hoy solitario por las calles de las ciudades nortea mericanas, duerme en carros abandonados y pasa hambre.
También fueron delaciones las que condujeron a las primeras capturas en el caso del asesinato de Luis Carlos Galán.
Los hermanos Chávez -Enrique y José Orlando, el hombre de la pancarta en la plaza de Soacha- decidieron colaborar con las autoridades tras haber sido detenidos en los días siguientes al crimen. Delataron a Luis Eduardo Rueda Rocha, y obtuvieron su libertad y un régimen de protección que resultó a todas luces insuficiente, pues meses más tarde fueron asesinados por orden de Rueda Rocha. Fue un gran revés para las autoridades, pues en el bajo mundo, que es de donde salen los delatores, se perdió la confianza en el sistema de protección de testigos que se aplicaba entonces.
Los decretos de sometimiento a la justicia recogieron la inicia tiva de Barco y le dieron a la rebaja de penas un marco legal que se afianzó cuando dichas normas fueron convertidas en legislación permanente por el llamado congresito que tuvo a su cargo iniciar la reglamentación de la nueva Constitución en el segundo semestre de 1991. El nuevo Código de Procedimiento Penal, adoptado también por el congresito, abrió otras compuertas. En su artículo 37, le dio facultades a la Fiscalía General para negociar la condena en virtud del grado de cooperación del sindicado y cuando este proponga un acuerdo que implique una terminación anticipada del proceso.
El problema es que tanto en los decretos de sometimiento como en las normas del Código de Procedimiento, las reducciones de condena tienen un carácter automático. Es decir, que no son una posibilidad sino un derecho del procesado como consecuencia de su colaboración. Y como en estos casos el grado de colaboración suele ser más un problema cualitativo que cuantitativo, se corría el riesgo de que no siempre una rebaja grande correspondiera a una colaboración profunda.
Con el decreto 264 se trató de ajustar el sistema, al otorgarle atribuciones bastante amplias a la Fiscalía para evaluar el grado de colaboración del delator. Si antes las rebajas eran automáticas, es decir, que a cada tipo de colaboración -entrega, confesión, delación de cómplices o jefes- le correspondía una rebaja determinada, ahora el beneficio será una decisión discrecional de la Fiscalía y puede ir desde una ligera rebaja de la pena hasta la inmunidad total. Esto puede llegar a aplicarse a los capturados, condenados o quienes hayan sido autores o partícipes de actos delictivos y quieran colaborar con la justicia.
El caso de lván Urdinola, capturado hace más de un año, ilustra claramente las bondades y contradicciones de esta política. Si su captura se hubiera producido bajo el decreto de estado de sitio de tiempos de Barco, Urdinola habría podido correr la misma suerte que corrió entonces Jorge Luis Ochoa, quien fue capturado y puesto en libertad por falta de pruebas. Como no se entregó voluntariamente, los decretos de sometimiento no lo cobijaron. Pero bajo el régimen del artículo 37 del Código de Procedi miento, negoció su pena con la Fiscalía y obtuvo una condena de cinco años.
Esta pena puede resultar insuficiente a los ojos de muchos colombianos, pero teniendo en cuenta que las pruebas contra Urdinola eran más bien escasas, no es un mal resultado, sobre todo si se piensa que, sea como sea, se encuentra tras las rejas.

CASTILLO DE NAIPES
Sin embargo el caso más evidente de que este sistema puede funcionar en Colombia es el de la organización de Pablo Escobar. Cuando el jefe del cartel de Medellín se entregó a la justicia, no había ningún proceso sólido en su contra. Hoy, gracias a la cadena de delaciones que se ha producido y que ha permitido dar con la ubicación de algunos de sus mas siniestros lugartenientes como Brances Muñoz Mosquera, alias "Tyson, Jhonny Rivera, alias EI Palomo, y Jhon Jairo Posada, alias "El Titi, entre otros, no sólo el cartel se está desbaratando sino que su jefe tiene hoy l6 procesos en su contra.
Adicionalmente, gracias a la oferta de recompensas a cambio de información y delación, los organismos de seguridad han recibido 53 mil llamadas telefónicas, entre las cuales un pequeño pero significativo por centaje de ellas ha permitido desactivar 56 ca rros bomba, realizar 7.200 operativos y detener a 1.200 personas vinculadas al narcotráfico y el narcoterrorismo.
Los ajustes al sistema continúan y se hacen especialmente necesarios en el frente de la protección de los testigos. Por la falta de experiencia, en muchos casos las recompensas han sido pagadas a individuos que, después de brindar la información y de que ésta resulte de utilidad, han preferido desaparecer con el dinero y protegerse y proteger a su familia por sus propios medios. Este es un síntoma de la desconfianza que aún les despierta a estos sujetos -provenientes casi siempre del bajo mundo- la protección de las autoridades.
Otro de las flaquezas de esta nueva concepción de la justicia Senal es el hecho de que la negociación de penas sea una facultad discrecional única y exclusiva de la Fiscalía. Antes de la expedición del decreto 264, los acuerdos a que llegaran la Fiscalía y los abogados del sindicado, debían ser aprobados por el juez, previo concepto de un agente de la Procuraduría.
Ahora el juez sólo puede vetar el acuerdo, incluso si éste prevé la inmunidad para el delator, cuando pueda demostrar que el proceso de negociación se hizo bajo amenazas contra el funcionario negociador.
Todo esto convierte a la Fiscalía en una de las instituciones con más poder en la historia jurídica de Colombia. Y ante la posibilidad de que no todos los fiscales sean tan probos e inta chables como el fiscal De Greiff, no es bueno que sea sólo la Fiscalía la que sostenga sobre sus hombros toda esta responsabilidad.
Pero más allá de todo esto, la verdad es que la utilización de los sistemas de delación y negociación de penas parece tener futuro en Colombia. Si se combina con mayores progresos en ma teria investigativa que hagan que la justicia penal no dependa exclusivamente de este expediente, y con mejores resultados en materia policial y represiva que acorralen a los delincuentes puede que se cumpla la profecía del ex ministro y precandidato liberal Carlos Lemos, según la cual la delación "es el más repugnante de los instrumentos con que cuenta la justicia para que no caigamos en algo peor: la impunidad".

JUAN DIEGO JARAMILLO - CANDIDATO PRESIDENCIAL
La delación pagada en dinero es, en el mundo entero, un instrumento de la inteligencia del Estado. No sucede nada lo mismo con la delación pagada en rebaja de penas, que puede conducir a un incremento de la impunidad y beneficia principalmente a los grandes delincuentes.

ANTONIO JOSE CANCINO-ABOGADO PENALISTA
Por acudir a estos mecanismos facilistas, se debilita el esfuerzo por establecer una justicia eficiente en la cual la prueba se allegue no por el camino de la delación, la traición y la componenda, sino por el de la efectividad investigativa de los organismos del Estado.

ENRIQUE PAREJO GONSALEZ - PRECANDIDATO LIBERAL
A pesar de que pueda dar resultados prácticos, me opongo al sistema de delación, pues termina corrompiendo la administración de justicia. Delatar a los criminales es un deber de todos los ciudadanos. No es ético que se haga por dinero. Debe hacerse como deber cívico.

HUMBERT0 DE LA CALLE - PRECANDIDATO LIBERAL
Por medio de los sistemas de delación, recompensas, protección de testigos y colaboradores y rebajas de penas, se trata de romper la ley del silencio, de inocular en el interior de las organizaciones criminales, el germen de la deslealtad, el de su destrucción y su desintegración.

GUSTAVO SALAZAR - ABOGADO PENALISTA
Ya es hora de que prime el interés público sobre el particular. La delación es una medida con mucho futuro, asi como los sistemas de rebaja de penas y la política de sometimiento. Antes nadie confesaba ni delataba. Ahora tenemos un instrumento cuya efectividad se ha probado en otros países del mundo.

JAIME BERNAL CUELLAR - ABOGADO PENALISTA
El Estado colombiano debe emplear todos los mecanismos jurídicos necesarios para combatir a la delincuencia organizada. En el pasado, cuando se trataba de luchar contra la delincuencia común, se empleaba otro tipo de mecanismo. Pero ahora que se trata de la delincuencia organizada, hay que buscar nuevos mecanismos, más idóneos.

CARLOS LEMMOS - CANDIDATO PRESIDENCIAL
La delación es el más repugnante de los instrumentos con que cuenta la justicia, para que no caigamos en algo peor la impunidad. Se trata de una incitación a la deslealtad, pero es una herramienta a la que hay que acudir a falta de otras que conduzcan al esclarecimiento de los delitos.

RODRIGO MARIN BERNAL - CANDIDATO PRESIDENCIAL
La delación es un instrumento de defensa de la sociedad contemporánea frente a la magnitud y el poder del crimen. Es una evidencia de la impotencia del Estado para reprimirlo con métodos tradicionales. Cuando se remunera en dinero el costo moral resulta inexistente, y cuando se paga con reducción o la eliminación de la pena, no es calificable.