La ley y la trampa

En materia de contratación pública, hay una situación que lleva al extremo y de manera descarada la frase que dice que "hecha la ley, hecha la trampa".

Hasta 2007 fue común entre los alcaldes hacer convenios con asociaciones y cooperativas de municipios. En ese momento la Ley 80 de contratación pública permitía esas operaciones con la idea de que ante una necesidad común, dos o varios municipios se juntaran, trasladaran a esos entes sus presupuestos y, sin tanto requisito, seleccionaran a quien pudiera suplirles lo que necesitaban.

Pero esta fórmula, útil por ejemplo para que dos poblaciones vecinas pudieran tener y administrar en conjunto una ambulancia o un carro de basura, se degeneró. Cada vez se hicieron más populares entre algunos mandatarios locales las asociaciones de municipios sin importar su región, que sin reparo recibían los presupuestos y contrataban con quién les dijeran, sin transparencia alguna. Miles de millones de pesos se entregaron a dedo a amigos de políticos y contratistas que nunca cumplieron.

Luego la Ley 1150, que empezó a regir en 2008 y que reemplazó a la Ley 80, buscó entre otras cosas evitar esas operaciones. Por eso, uno de sus artículos dice que: "las cooperativas, las asociaciones conformadas por entidades territoriales (...) estarán sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (...),y se someterán a los procesos de selección (...), en los que participarán en igualdad de condiciones con los particulares". Esta fórmula tenía dos componentes. Al decir "entidades territoriales" cerraba la posibilidad de que a alguien se le ocurriera crear, por ejemplo, asociaciones de gobernaciones o distritos para desviar contratación, aduciendo que la ley era sólo para municipios. También al considerarlos privados, cerraba la posibilidad de firmar convenios con estas entidades, y los ponía a competir con los particulares.

Con el cambio de mandatarios a inicios de 2008, se esperaba que la vieja práctica se superara con facilidad. Pero un estudio de la Oficina de la Lucha Contra la Corrupción de la Presidencia sobre la contratación de Córdoba, Sucre y La Guajira mostró que el 10 por ciento de las regalías se trasladó con la vieja fórmula a asociaciones de municipios. Han detectado hasta ahora 50.000 millones de pesos gastados sin mayor vigilancia, por lo que ya varios mandatarios y asociaciones están en la mira de los entes de control.

El zar anticorrupción, Óscar López, calcula que este fenómeno se dio por todo el país y que los fondos comprometidos pueden llegar a 300.000 millones de pesos, sólo con regalías directas sin contar los recursos propios y de transferencias. Lo sorprendente es que los mandatarios implicados sostienen que la ley no es explícita frente a las asociaciones de municipios, y han planteado un debate jurídico con el fin de eludir su falta . "La voracidad y capacidad de los corruptos es más intensa y ágil que la acción de las autoridades", dice Ortiz tratando de explicar por qué no ha pasado nada ante las evidentes irregularidades. Mientras tanto, esa vena rota sigue abierta, y la cauterización de la herida que se esperaba se diera con la nueva ley, aún sigue pendiente.