La ley de víctimas, por las víctimas

Esta semana arranca la discusión, en tercer debate, del proyecto de ley que busca la restitución de las víctimas del conflicto armado. La iniciativa, que además busca devolver las tierras a los campesinos que las perdieron a causa del conflicto armado, es una de las banderas del gobierno del presidente Juan Manuel Santos.

Sobre la intención del proyecto y la mayor parte de su contenido hay consenso entra las diferentes bancadas. No obstante, la U ha expresado reparos al costo que tendría la efectiva reparación de las víctimas. También ha propuesto que Acción Social sea la institución que ejecute la reparación y que las víctimas renuncien a demandar al Estado en caso de ser reparadas administrativamente.

Esas propuestas, sin embargo, no son respaldadas por el Partido Liberal. Así lo dejó ver el senador Juan Fernando Cristo en un artículo publicado por el diario El Nuevo Siglo: “esa es una propuesta de la U, es inconstitucional, antitécnica, que victimiza a las víctimas”, dijo Cristo.

Por su parte, el Polo Democrático ha indicado que tanto la fecha a partir de la cual una persona se considera víctima (según la ponencia presentada por la mayoría es 1986) como la fecha a partir de la cual una persona puede acceder a la restitución de tierras (1990), debe ser la misma.

Las víctimas también han hecho observaciones que en criterio de algunos no son simples detalles formales, sino aspectos de fondo, como la constitucionalidad del proyecto presentado para su debate.

Lo que dicen las víctimas

La Mesa Nacional de Víctimas, a la que pertenecen varias organizaciones sociales, suscribió un documento en el que reconoce la importancia del proyecto y la trascendencia que tiene el hecho de que el Gobierno se haya apersonado de él. No obstante, también advierte que hay “vacíos” en la norma propuesta y da cuenta de la preocupación que tiene por la probabilidad de que la ley se convierta en “instrumento de la legalización del despojo”.

En el mismo sentido, la Comisión de Seguimiento a la Política sobre Desplazamiento Forzado, dirigida por el economista Luis Jorge Garay, argumentó que existen “falencias y vacíos de especial envergadura” y propuso hacer varias modificaciones.

Entre los vacíos señalados por las organizaciones sociales y el equipo de académicos expertos que integran la comisión están:

Diferenciación entre atención, ayuda humanitaria y prestación de servicios sociales, y medidas de reparación:

En criterio de la Comisión, hay varios artículos de la propuesta que se definen como reparación y son en realidad ayudas humanitarias. Por eso, la propuesta de la Comisión pide respetar la prohibición de descontarles a las víctimas lo que se les da como ayuda humanitaria de lo que se considera indemnización.

Por su parte, la Mesa de Víctimas indicó: “El proyecto insiste en confundir medidas de reparación con programas de asistencia humanitaria o acceso a servicios sociales a los que tienen derecho todos los ciudadanos”.

Restitución del patrimonio:

Las víctimas han señalado que perdieron no solo tierras a causa del conflicto, sino también la infraestructura para producir, la vivienda, graneros, en algunos casos.

“Una restitución de tierras que ignore, por ejemplo, la necesidad de restituir la vivienda, sería insuficiente. Recuérdese que el 64,6 por ciento de la población desplazada, conforme a la III Encuesta Nacional de Verificación de la Comisión de Seguimiento, perdió finca con casa, y el 25 por ciento perdió lote o parcela con casa”, indicó la Comisión.

Las víctimas también han solicitado medidas que alivien los pasivos que afectan su patrimonio, como créditos que aún no han podido pagar. El argumento de fondo es que no sólo la tierra es importante para que los despojados puedan reactivar su capacidad productiva, sino que se requiere un impulso institucional mucho más amplio. De lo contrario, ha reiterado Garay, los despojados podrían preferir no volver al campo.

Universo de las víctimas:

El proyecto de ley descarta a las víctimas y familiares de personas que pertenecen a los grupos ilegales. En criterio de la Mesa y de la Comisión, esa disposición no se ajusta a las normas del Derecho Internacional. La condición de pertenencia a un grupo ilegal, argumentan, no le quita la condición de titular de derechos humanos. Además, indica la Mesa, el proyecto excluye a menores que han sido reclutados forzosamente.

Figuras que “contribuirían a la legitimación del despojo”:

La Comisión señaló que hay tres figuras incluidas en el proyecto que podrían terminar afectando a las víctimas, más que ayudándoles. Una de ellas es el “derecho a superficie”, que es ceder la explotación de los terrenos a terceros que acrediten que obtuvieron de buena fe la posesión y la inversión en esas tierras, y estén explotándolas. A cambio, las víctimas recibirían una renta.

En criterio de la Comisión de Seguimiento, esta figura desconoce el derecho de propiedad plena y de usufructo que tienen las víctimas del desplazamiento forzado. “A su vez, significaría reducir la probabilidad de que el campesinado colombiano afectado por el desplazamiento forzado retornara al campo a realizar sus actividades productivas regulares”, agrega.

La Comisión propone que para los casos en los que haya personas que estén usufructuándose de territorios –que demuestren buena fe– y estén pendientes de recoger frutos a corto, mediano o largo plazo, se creen mecanismos para que las víctimas reciban una reparación en especie y, excepcionalmente, una compensación en dinero.

La segunda figura contemplada en el proyecto, que podría terminar vulnerando los derechos de las víctimas, es que el desalojo del bien objeto de restitución quede en manos de jueces municipales. En criterio de la comisión, esta figura no está acompañada de garantías de seguridad para los jueces que son “susceptibles de verse afectados por el constreñimiento por parte de los actores ilegales”.

Y en tercer lugar, el proyecto de ley establece una causal de “restitución imposible” en casos en que los predios que les fueron despojados a las víctimas coincidan con proyectos de utilidad pública. La Comisión anotó que hay investigaciones de la Procuraduría y el CODHES que muestran que algunos megaproyectos de “utilidad pública” han traído consigo el desplazamiento forzado. “Estas investigaciones dan cuenta de cómo la reconfiguración territorial inherente al desplazamiento violento también guarda relación con dichos proyectos”, concluyó la Comisión.

La fecha:

El proyecto de ley aprobado en la Cámara estableció el estatus de víctimas para personas que lo fueron a partir de 1991, con el argumento de que en ese año se firmó la nueva Carta Política. No obstante, el Senado cambió la fecha y definió el universo de víctimas para quienes han visto vulnerados sus derechos a causa del conflicto armado a partir de 1986.
La Mesa aduce que esa fecha excluye a víctimas de las masacres de Manila y Cañaveral de Remedios (Nordeste Antioqueño, 1983); de la Universidad Nacional de Vuelta Acuña (Santander, 1984); el asesinato del sacerdote indígena Páez Álvaro Ulcué Chocué (1984); de la toma y retoma del Palacio de Justicia y la masacre de Tacueyó (1985), entre otras.

Además, el proyecto propuesto reconoce la restitución de tierras de víctimas a partir de 1991. La Mesa aduce que esta disposición dejaría por fuera “la entrega de más de cien mil hectáreas de tierra objeto de despojo”.

La ponencia incluyó un parágrafo que excluye de reparación y restitución a las víctimas de la delincuencia común. Esta medida se podría interpretar como excluyente de las víctimas de las bandas emergentes o bandas criminales, pues en el proyecto de seguridad ciudadana estas se asumen como “delincuencia organizada”. Por eso, la Mesa Nacional de Víctimas y la Comisión de Seguimiento no dejaron de advertir que ese parágrafo se debe modificar o suprimir.

Comienza una nueva etapa de discusión en el Congreso de este proyecto que es de suma importancia no solo para el Gobierno, sino, en criterio de muchos analistas, para la reactivación del campo y para sanar las heridas del conflicto. Sin embargo, aún queda una larga jornada para que se haga realidad: la aprobación en el Senado, la conciliación de los puntos divergentes entre las dos cámaras, y, lo más difícil, su exitosa aplicación. Voluntad del Gobierno y de buena parte del Congreso hay, pero falta ver si se incorporan las sugerencias de las víctimas y cómo se comporta el poder local, los grupos ilegales y la sociedad en general.