La mala educación

La Universidad Distrital, donde estudian 23.000 jóvenes de escasos recursos de Bogotá, vive una profunda crisis de gobernabilidad. La última noticia es que el rector, Ricardo García, exonerado de investigaciones hechas por la Procuraduría y la Fiscalía, no ha podido reintegrarse al cargo porque el consejo superior no se ha podido reunir por falta de quórum. Mientras tanto, su reemplazo empezó a desmontar varias reformas que estaban en marcha desde 2003, dirigidas a sanear la administración.

Desde cuando éste se posesionó, en 2003, García enfrentó una guerra de un grupo de docentes, empleados, concejales y políticos que no han compartido su plan de gobierno ni muchas de sus decisiones. Además de desmontar beneficios laborales, García demandó más de 280 pensiones otorgadas a ex rectores, profesores y empleados con el argumento de que se habían hecho de manera irregular y que le podrían costar más de 300.000 millones de pesos a la ciudad.

De prosperar las demandas, se calcula que las mesadas bajarían entre 25 y 47 por ciento y que los jubilados, muchos de ellos menores de 45 años, tendrían que reintegrar miles de millones de pesos. El dinero que está en juego asciende a 160.000 millones de pesos.

La salida del rector se produjo a través de una demanda penal entablada por un grupo de profesores catalogados como defensores del viejo régimen, por devengar más salario del que merecían durante varios años. De hecho, al comenzar su gestión, García descubrió que había sido mal ubicado en el escalafón, y de inmediato hizo una conciliación con la Universidad y le devolvió nueve millones de pesos.

A comienzos de diciembre, un fiscal consideró que el acuerdo no era suficiente y sindicó al rector de ser coautor de los delitos de peculado por apropiación y celebración indebida de contrato, y le ordenó detención domiciliaria. Debido a esto, y a otra investigación que adelantaba la Procuraduría por denuncias en su contra, fue retirado provisionalmente del cargo y detenido en su casa.

Pero, hace tres semanas, la Procuraduría, y hace dos, la Fiscalía, lo absolvieron y lo exoneraron de todos los cargos. Mientras tanto, el rector encargado, el ingeniero Germán Andrés Méndez, declaró insubsistente a la mayor parte de los decanos y la cúpula administrativa que había sido nombrada por García, y la reemplazó por profesores y empleados de planta. Entre los despedidos están tres decanos, entre ellos el de ciencias y educación, Manuel Flórez, quien era representante ante el consejo superior. También salieron los directores jurídico, administrativo y de asuntos disciplinarios.

"Tengo el derecho de ser reintegrado de inmediato a la rectoría, pero esta dilación es una reacción organizada contra las medidas que tomé y que atacaban el sistema de privilegios que imperaba en la universidad", dijo a SEMANA García, quien el viernes interpuso una tutela para reincorporarse al cargo.

Además de los problemas de gobierno que reflejan, estas operaciones han sido cuestionadas por haberse llevado a cabo en momentos en que la ley de garantías se las prohíbe a todas las entidades del Estado, incluidas las universidades. Aunque el rector encargado, Germán Andrés Méndez, dijo que esta ley excluyó a las universidades y que no hay ninguna ilegalidad en sus acciones.

Lo que queda al descubierto es la pugna por el control de la universidad y que García no tiene el respaldo del consejo superior, que incluso le ha pedido la renuncia. En el horizonte no hay solución a la guerra de poderes.

Desde hace años, la Distrital ha sido la 'cenicienta' de la administración. Por ella no ha pasado la famosa transformación que tanto enorgullece a los bogotanos. Y los mayores perjudicados son los jóvenes de escasos recursos para quienes la Distrital es su alternativa de salir de la pobreza.