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| 4/19/1993 12:00:00 AM

La manzana de la discordia

Más que la privatización de la TV, lo que va a debatir el Congreso es qué tan monopólicos serán los canales.

La manzana de la discordia, Sección Nación, edición 568, Apr 19 1993 La manzana de la discordia
DESPUES DE UN AÑO DE Aplazamientos, finalmente esta semana el Gobierno nacional presentará ante las cámaras legislativas el proyecto de ley para privatizar la televisión colombiana. La espera se explica en buena medida por cuenta de los dos cambios que se han presentado en la cartera de Comunicaciones en los últimos 10 meses, pero el hecho de que e] proyecto llegue por fin al Congreso, no quiere decir que el terreno para su aprobación ya esté allanado.
Tradicionalmente los proyectos de ley sobre televisión han despertado las más agudas polémicas, no tanto por razones de orden técnico o jurídico, como por las indiscutibles implicaciones políticas del tema. Pero en esta ocasión no se trata sólo de un cambio legal en el marco del sistema de la televisión mixta tal y como ésta ha operado en el país -el Estado es dueño de los canales y los distribuye por horarios que arrienda a programadores particulares-, sino justamente de desmontar el esquema mixto y cambiarlo por uno definitivamente privado, en el cual el Estado conserva el control y la gestión de las frecuencias por las que transmiten los canales, y las alquila a operadores privados, con lo cual privatiza los canales.
En términos generales, el tema se encuentra hoy bastante ambientado. Por un lado, está claro que constitucionalmente la Carta del 91 abrió las puertas a la privatización. Por otro, las nuevas realidades y tecnologías han convencido a los viejos defensores del sistema mixto de que la televisión privada ya no se puede trancar, y que es mejor que se le dé un marco legal antes de que se tome al país por la puerta de atrás, como ya viene sucediendo con más de 200 canales locales que operan sin permiso en igual número de municipios.
Por eso mismo, tanto el proyecto del ministro de Comunicaciones William Jaramillo, como el 125 de origen parlamentario en cuya ponencia ha venido trabajando el representante José Fernando Castro, apuntan hacia una clara transición del sistema mixto al privado. También parecen de acuerdo todos los interesados en que se mantengan las condiciones de los actuales contratos con las programadoras, hasta tanto se cumplan en 1997.
El debate no va a centrarse entonces en la privatización como tal, sino en los alcances de ésta, en especial en lo referente al régimen antimonopolios que deberá evitar que los canales privados de cubrimiento nacional, que por razones técnicas y económicas no serán más de cuatro o cinco incluyendo los dos actuales, queden en manos de unos pocos y que esos pocos sean precisamente los grandes grupos económicos. La medicina que el Gobierno nacional recetará en su proyecto para prevenir esta enfermedad, es el establecimiento de un tope del 30 por ciento a la participación accionaria directa o indirecta de una misma persona natural o jurídica en un solo canal.
¿Pero será suficiente ese tope para evitar que un solo dueño monopolice un canal, como de hecho ya viene ocurriendo en el esquema mixto, donde a pesar de los topes de horas semanales que un solo programador puede explotar, el sistema de los testaferros se ha pasado por la faja los principios antimonopólicos de la actual ley de televisión? "La idea que ha ganado más terreno le dijo a SEMANA un funcionario gubernamental es que la nueva autoridad de televisión que se crearía en la ley, el organismo de que habla la Constitución, pueda proceder a vetar negociaciones en virtud de informes que obtenga de las superintendencias de valores o de sociedades, en el sentido de que dichas transacciones puedan conducir a que un solo dueño monopolice uno o varios canales".
El problema con esto es que el Gobierno es casi el único que de manera clara quiere defender estos principios, pues en época preelectoral, los congresistas son más bien tímidos en lo que a controlar grupos económicos se refiere. El desafío del Ejecutivo es, en resumen, el de sacar una buena ley, que aproveche las bondades de la televisión privada sin sacrificar el pluralismo informativo.

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