Imaginese un gerente que entra a manejar una empresa semiquebrada, que pierde 13 millones de pesos al año y además tiene que pagar una deuda de 100 millones. Muy pronto recorta todos los gastos que puede, hace maromas para producir utilidades y amortizar sus monumentales obligaciones. Pero cuando las cuentas por fin parecen cuadrar, tampoco puede respirar tranquilo. Se aparece alguien y le dice que su deuda en realidad no es de 100 sino de 510 millones, pues ha servido de fiador de otras obligaciones que están empezando a vencerse.
Algo así le ocurre al presidente Alvaro Uribe. La diferencia es que en el caso de la Nación las cuentas no son por millones sino por billones (millones de millones) de pesos. La deuda de 100 billones es la conocida, la que tiene la Nación directamente con acreedores internos e internacionales. La otra deuda, más del doble de grande, estuvo escondida durante mucho tiempo y es la pensional.
Por eso el gobierno, al mismo tiempo que recorta gastos y sube impuestos, se la juega esta semana en las plenarias del Congreso con la reforma pensional. Esta es, de lejos, la más importante para la estabilidad financiera del país a largo plazo, pues las fórmulas que se acuerden en esta ley equivalen, económicamente, a decenas de reformas tributarias en las próximas décadas.
Pague despues
La deuda pensional es un problema que empezó a gestarse desde el momento mismo en que se creó el sistema de pensiones del Seguro Social en 1967, al que se vincularon los trabajadores del sector privado. Para que éste funcionara se requería que las cotizaciones fueran lo suficientemente altas para acumular las reservas que se necesitarían después para pagar las mesadas.
Los cálculos actuariales de la época indicaban que las cotizaciones deberían subir gradualmente del 6 por ciento del salario en 1967 al 22 por ciento en 1993. Pero éstas se fijaron en 4,5 por ciento al inicio, y sólo habían subido al 8,5 por ciento en 1993. Además, en los primeros años del sistema la cotización era tripartita. Es decir, que aportaban la empresa, el trabajador y el gobierno, pero éste último nunca puso todo lo que debía.
De manera que el esquema nació desfinanciado. Pero el problema era aún más grave en el caso de los trabajadores del sector público, pues las diferentes entidades y empresas tenían sus propias cajas, con regímenes distintos. Durante mucho tiempo cientos de administradores que estuvieron a cargo de estas entidades otorgaron alegremente beneficios pensionales a los trabajadores. No tenían que hacer muchas cuentas, ni se veían en la necesidad de acumular reservas, pues era algo que se tendría que pagar en un futuro que veían todavía lejano.
Lo triste de la historia es que ese futuro llegó a principios de los 90, durante la administración Gaviria. En 1993 el Seguro Social ya tenía 265.000 pensionados, cuyas mesadas costaron ese año casi 400.000 millones de pesos, y sólo le quedaban 650.000 millones en reservas. Fue entonces cuando se aprobó la famosa Ley 100 de 1993.
Esta reforma cambió mucho las cosas. Subió gradualmente las cotizaciones hasta el 13,5 por ciento del salario, aumentó la edad y el número mínimo de semanas requeridas para obtener la pensión y cambió la fórmula para calcular las mesadas, de forma que éstas fueran más bajas. Salvo los militares, el magisterio y Ecopetrol, para los que hubo una excepción explícita en la Ley 100, ésta cobijó al resto de colombianos.
El problema es que la norma sólo se aplicó de verdad a los jóvenes y a quienes empezaron su vida laboral después de la promulgación de la ley. Las mujeres que en 1994 tenían al menos 35 años de edad, y los hombres que entonces tenían al menos 40, quedaron incluidos en un régimen de transición. Estas personas pueden pensionarse según las condiciones del régimen anterior al cual estaban afiliadas antes de la Ley 100, que podía ser el sistema común de los trabajadores del sector privado o alguno de los regímenes especiales del sector público.
La Ley 100, al subir las cotizaciones, le dio un respiro al sistema pensional. El Seguro Social, por ejemplo, pudo incrementar sus reservas de 650.000 millones de pesos en 1993, a 5,1 billones en 2000. Pero esto apenas bastó para aplazar el problema unos años más, pues las condiciones financieras del sistema siguieron, en el fondo, desbalanceadas.
Mientras que en 1994 el Seguro tenía 10 cotizantes por cada pensionado, a mediados de 2002 esta relación había bajado a 4,5. Dicho de otra manera, el ISS ha tenido cada vez menores ingresos por cotizaciones y mayores egresos por mesadas, pues el número de pensionados crece todos los días. Por eso sus reservas han bajado de 5,1 billones de pesos en 2000 a 3,5 billones en 2002, y se calcula que éstas se terminarán de agotar en 2004.
En dos años, cuando se hayan agotado estas reservas, el gobierno deberá empezar a responder por las mesadas con cargo al presupuesto nacional. Está obligado a ello legalmente. De hecho, es algo que viene ocurriendo de tiempo atrás con los regímenes especiales del sector público. A las cajas de retiro de gran cantidad de entidades públicas ya se les acabó la plata y el gobierno ha pagado directamente las mesadas. La cantidad de dinero destinada para ello ha crecido exponencialmente. Mientras que en 1998 la Nación giró 2,7 billones de pesos para pagar mesadas, en 2002 la cifra subió a 5,8 billones, equivalentes a más de 3 por ciento del PIB.
Si se miran las proyecciones de años venideros la cosa es más alarmante. En 2003 el gobierno gastará en pensiones corrientes 8,4 billones de pesos, cerca de 4 por ciento del PIB. A partir de 2005, cuando se acaben las reservas del Seguro, deberá atender también esas mesadas, lo cual implicará un gasto adicional de cerca de 1 por ciento del PIB en el futuro. En las próximas décadas los giros para todo tipo de pensiones crecerán como una bola nieve que en un escenario extremo -pero no descartable- podrían llevar a la Nación a la cesación de pagos.
Para arreglar este problema es que el gobierno presentó al Congreso el proyecto de reforma a las pensiones. El punto de partida de la propuesta es respetar los derechos de quienes ya se pensionaron o están próximos a hacerlo. Pero para los más jóvenes sí habría aumentos en la edad y en el número de semanas cotizadas para obtener la pensión y en la fórmula para calcular las mesadas. El proyecto plantea además un incremento gradual en las cotizaciones, que pasarían del 13,5 por ciento del salario en la actualidad al 15,5 por ciento en 2006. No menos importante es la propuesta de desmontar con la mayor prontitud los regímenes especiales de pensiones para que todo el mundo quede en las mismas condiciones. Es algo sobre lo que los colombianos podrán votar, pues se incluyó como una pregunta en el referendo.
Como están las cosas hoy, si el gobierno quisiera crear un fondo con reservas suficientes para atender hacia el futuro todas las pensiones que debe, tendría que desembolsar 410 billones de pesos, recursos equivalentes al 205 por ciento del PIB. De ese tamaño es la deuda pensional. Claro que ésta no se pagará de una vez, sino poco a poco durante los próximos 50 años.
De aprobarse la reforma esta deuda podría bajar considerablemente. Según como quede, ésta mermaría los gastos del gobierno, en grandes cantidades, durante muchos años. Pero así se aprobara la más estricta de las reformas, la deuda pensional de la Nación nunca podría bajar a cero. Ocurre que hay millones de colombianos viejos que trabajaron entre los años 60 y los 90 y ya están pensionados. Cuando fueron jóvenes, sin embargo, no cotizaron lo suficiente para financiar sus propias mesadas. Pero no porque no quisieran sino por la imprevisión de los gobiernos de la época, que dejaron crecer un sistema pensional desfinanciado sin hacer nada al respecto. Estos viejos ya tienen su derecho adquirido a la pensión, que el actual gobierno les paga con la plata de los impuestos de sus hijos.