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La microcuenca de Caño Cristales abarca cerca de 7.000 hectáreas, ubicadas en su mayoría en el Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena. | Foto: Jorge Patiño

MEDIOAMBIENTE

La naturaleza también pide tregua

La guerra ha puesto en peligro el patrimonio natural del país. Y es prioritario solucionar problemas como la concentración de tierras y la ocupación de áreas de reserva.

5 de diciembre de 2015

“Tres cosas han hecho que no me maten en estos 16 años de trabajar en parques nacionales: uno, el discurso claro y concreto con todas las partes, tanto con la guerrilla como con los campesinos; dos, el manejo transparente de los recursos; y tres, la suerte… los dioses del Olimpo”. Lo dice César Augusto Zárate, jefe del Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena, cuna de las Farc y el área protegida con la mayor extensión de cultivos de coca del país: 2.449 hectáreas.

Zárate conoce la guerra muy de cerca. ¿Cómo se imagina la paz?, ¿cuál cree que será el destino de las 630.000 hectáreas de este parque cuando la guerrilla se desarme? Su respuesta es contundente: “Aquí el conflicto ha sido por el territorio. El origen de esta guerra no es solo la guerrilla”. Luego explica que estas tierras fértiles y productivas han atraído históricamente gente sin control, lo que ha ocasionado una problemática de ocupación que, según él, es el centro del conflicto.

Las múltiples bonanzas –primero la quinua; luego el caucho, la piel de tigrillo, la pesca, la madera, la coca, la ganadería, el petróleo…– convirtieron a La Macarena en tierra de ocupantes, sin contar con los pobladores que ya la habitaban cuando fue declarado parque natural en 1971. Tras las bonanzas llegaron campesinos, grupos armados –Farc, EPL, paramilitares– y también grandes latifundistas, inversionistas y ganaderos, quienes “son el real problema”, en palabras de Zárate.

Vecino al parque La Macarena está el Parque Nacional Natural Tinigua, en el departamento del Meta, también en la casa histórica de las Farc. Su jefe, Juan Carlos Clavijo, sentencia que si no se hacen ajustes territoriales el conflicto no solo va a persistir sino que se puede agudizar. “Las Farc no van a desaparecer, seguramente va a haber disidentes, y en una primera fase esos se van a dar bala con los actores que quedan”. La realidad en esas 215.000 hectáreas de área protegida no es muy diferente a la del parque La Macarena: concentración de tierras, informalidad, ocupación de áreas de reserva, despojo, abandono estatal.

Podría venir para estos parques, entonces, una lucha por la redistribución de las tierras. Se estima que en 37 de los 59 parques nacionales naturales hay actores armados ilegales, donde las Farc son solo una punta de ese monstruo.

Cuando las Farc se desarmen quedará el resto de ocupantes. “Puede que en cinco años la coca se acabe -explica Zárate-, pero si no hay una solución estructural que contemple formalizar la tenencia de la tierra, y atender integralmente a la población históricamente abandonada, nada va a cambiar”.

Pero a muchos les cuesta reconocer una gran paradoja: que muchos ecosistemas han permanecido intactos por el conflicto armado. Esta tesis, que no escapa a la controversia, tiene de fondo una realidad clara en el caso de las Farc: esta guerrilla ha manejado su ‘política ambientalista’ con un doble discurso –que preserva y arrasa al mismo tiempo – en función de tres intereses: ocultarse, financiarse y moverse. Son los autores de desastres ambientales como la deforestación masiva, la minería ilegal, la siembra de cultivos de coca, y los atentados a la infraestructura petrolera.

Pero al mismo tiempo han ejercido como ‘autoridad ambiental’ en regiones sin presencia del Estado, y han impuesto sus normas para limitar la cacería, la pesca y la deforestación; y, además, han mantenido al margen a industrias extractivas y devastadoras. La firma de la paz con la guerrilla plantea un reto monumental para el gobierno: hacer presencia, a través de autoridades ambientales con capacidad presupuestal y física, en esas regiones históricamente abandonadas. Los expertos señalan que el reemplazo de la ‘autoridad temeraria’ de las Farc por un Estado legítimo, que llega con muchos vacíos, tardaría como mínimo una década.