LA NIñA Y EL PAPA

El escándalo era tan suculento que tenía inclusive Papa. Y de ahí para abajo, todo el paisaje como un buen sancocho: hijo de ex presidente, crédito oficial, decreto presidencial, gerente en el asfalto y chismes de cineastas. El Espectador le dedicó un violento editorial: "¿Qué sucede en Focine?". El Tiempo terció con otro: "Estado, rosca y cine", agregó una "Nota del día" exigiendo explicaciones. La revista Guión le dedicó tres páginas: "Un lío de película". Otra vez desde El Espectador, la columnista María Teresa Herrán, especialista en el tema, escribió una nota exhaustiva: "Focine: ¿ahora qué?". Y entre tanto María Emma Mejía, gerente de Focine desde la administración Betancur, enviaba la renuncia irrevocable a su cargo apenas dos días después de haber presentado a la prensa lo que consideraba la culminación de su tarea en esa entidad: el decreto 131 de 1987 para el fomento del cine colombiano.
El escándalo se centraba en el largometraje nacional "El niño y el Papa", cuya gran premiere se acababa de celebrar en el teatro Almirante de Bogotá. Para realizar la película Focine había concedido a la firma productora (Producciones Casablanca, de propiedad de Felipe López Caballero) un crédito de 35 millones de pesos en julio del año pasado, hecho cuya legitimidad fue también puesta en tela de juicio por el diario de los Cano.
Comenzaron a llover las aclaraciones: la gerente de Focine reveló en carta a El Espectador, que se había declarado impedida cuando fue solicitado el crédito, por lo cual este fue otorgado por la junta presidida por un gerente ad hoc, la entonces viceministra de Comunicaciones, María Cristina Mejía de Mejía. La revista Guión fue aún más allá, afirmando que tenía conocimiento de que la funcionaria de Focine se había opuesto al otorgamiento del crédito, anticipando que podía presentarse un lío político. Más sorprendente aún resultó la revelación de que Producciones Casablanca era la única compañía realizadora de largometrajes que le había pagado a Focine en el pasado. Todas las otras deudas por concepto de largometrajes, que sumaban cerca de 250 millones de pesos, habían tenido que ser condonadas aceptando el negativo como dación en pago, o estaban en cobro judicial.
La segunda parte aparentemente turbia del asunto estaba en el decreto 131. El estreno de la película "El niño y el Papa", previsto para el 4 de febrero, le permitía beneficiarse del subsidio que el recién firmado decreto establecía para los largometrajes colombianos: cien pesos por cada una de las boletas de los primeros doscientos mil espectadores. Parecía pues, como lo insinuaba El Espectador en su editorial, un decreto con nombre propio. Tampoco era así, sin embargo. Además de "El niño y el Papa" iban a beneficiarse de él en este año otras cinco películas de autores nacionales: "El día que me quieras", de Sergio Dow, "La boda del acordeonista" de Francisco Botía, "A la salida nos vemos", de Carlos Palau, "El embajador de la India", de Mario Ribero, y "La mansión de Araucaima", de Carlos Mayolo. Por otro lado, la expedición del decreto respondía a un fallo de la Corte Suprema, que en septiembre del año pasado había tumbado el subsidio al cine que existía hasta entonces imponiendo al gobierno la obligación de reemplazarlo por otro. Este amparaba hasta ese momento a todas las seis películas colombianas que estaban en producción, incluyendo "El niño y el Papa". El otro, el nuevo, fue ampliamente discutido durante varios meses tanto entre los cinematografistas como por diversos ministerios -en particular Hacienda y Comunicaciones. Según un grupo de cinematografistas encabezado por Lisandro Duque, Jorge Alí Triana y Fernando Laverde, "el decreto es fruto de la concertación (entre el gobierno y los gremios de la industria cinematográfica) y su propósito es crear las condiciones para ampliar la producción de películas colombianas, entendidas como bienes culturales, como alternativas de distracción y de espectáculo, o como renglón generador de divisas y empleo". De manera que no era un secreto para nadie cuáles eran los alcances del decreto cuando fue firmado finalmente por el Presidente de la República. Como dice López Caballero en carta enviada al diario El Tiempo, "la fecha del estreno de la película se escogió como es apenas natural, en función de la entrada en vigencia del decreto con el objeto de acogerse a los beneficios que el Estado colombiano otorga, sin excepción, a las películas nacionales".
A esas alturas iba siendo ya claro que a El Espectador se le había ido la mano en su editorial. Varios de sus propios columnistas -Gonzalo Mallarino, Antonio Panesso, Antonio Caballero, y sobre todo la misma María Teresa Herrán, la más feroz crítica de la gestión de María Emma Mejía en Focine- empezaron a aclarar el tema. Dijo María Teresa Herrán: "He llegado a la convicción de que la gerencia de Focine estaba interesada en redorar un desteñido blasón con un decreto que recogía viejas aspiraciones de los gremios cinematográficos, y no en enriquecer a Felipe López". Pero era tarde. Ya María Emma Mejía, hastiada del hostigamiento promovido por un pequeño grupo de cineastas descontentos con su gestión, integrado principalmente por Luis Alfredo Sánchez, Jorge Pinto y Jorge Nieto, había tirado la toalla como los boxeadores fatigados. Se trataba de su tercera renuncia desde que tomó poseción el gobierno del presidente Barco.
A estas alturas, lo que se había anunciado como el acontecimiento social de la semana, la gran premier, de "El niño y el Papa" con asistencia de ex presidentes y arzobispos, había pasado a ser un evento de segundo plano, oscurecido no sólo por la polémica sino por un debate más amplio sobre el cine colombiano.
El editorial de El Tiempo había provocado reacciones airadas de lo cineastas, que se habían visto trata de ineptos "que se creen Bertolucci y se toman en serio" sin hacer otra cosa que despilfarrar dinero del Estado en producir "películas malas que nadie ve". Quedaba planteado nuevamente el tema de fondo: si el Estado debe, a no, financiar el cine nacional, que por un numeroso conjunto de razones no es rentable para los productores privados. Y a los cinematografistas antimariaemistas empezaba a preocuparles que tal vez en su intento de derrocar a la gerente de Focine, habían ido demasiado lejos y estaban de pronto ahorcando la gallina de los huevos de oro de la protección estatal a su industria. Pues no se puede ignorar el hecho de que, en sus ocho años de existencia, los dos y medio de la administración de María Emma Mejía han sido los que ofrecen un balance más favorable de las actividades de Focine, y ese balance no queda opacado por el episodio final de la renuncia. Se han producido en ese lapso catorce largometrajes -frente a uno solo para los dos años anteriores- incluyendo coproducciones con Venezuela, Cuba, Argentina, Italia y Francia. Se rodaron, y fueron luego transmitidos por la televisión, 77 mediometrajes, además de financiar la producción del programa cultural "Yurupari" (68 programas). Se han abierto y dotado salas de exhibición permanentes -en los museos de arte moderno de Bogotá y Medellín, en la Biblioteca Pública de Bucaramanga- y se han creado dos nuevas cinematecas, una en Bogotá y la otra en Barranquilla. Se ha recuperado el patrimonio fílmico nacional, adquiriendo las películas conservadas por los particulares en sus viejos archivos, y se han hecho importantes inversiones en la capacitación de profesionales de la industria: directores, actores, luminotécnicos.
Frente a ese esfuerzo sigue subsistiendo la opinión, expresada por ejemplo en el citado editorial de El Tiempo, de que se trata de un despilfarro. También la especialista María Teresa Herrán, que defiende el fortalecimiento de la industria, cede en ocasiones a ese argumento, diciendo: "Dicho de otro modo, Carlos Saura por cuenta del analfabetismo colombiano". Sin embargo, jurídicamente ese dilema ha sido ya zanjado varias veces en favor de la industria cinematográfica nacional, y por todas las instancias imaginables: varios gobiernos sucesivos, varias legislaturas del Congreso, y por lo menos un fallo formal de la Corte Suprema de Justicia.
Falta por saber qué opina el Papa.