¿La nueva Bogotá?

Cuando el alcalde de Bogotá, Samuel Moreno, regrese de sus vacaciones, encontrará lista para su firma una de las decisiones más trascendentales para la capital de los últimos años. Se trata de un decreto que abrirá las compuertas para que la ciudad pueda realizar nuevas construcciones desde la calle 170 hasta los límites con Chía. Se trata de 2.025 hectáreas, una extensión equiparable al 70 por ciento de lo que hoy es una ciudad como Popayán o Pasto.

Con la decisión que tome, el alcalde Moreno abrirá un nuevo frente de controversia sobre su gestión, pues así como muchos consideran que se debe dar vía libre al progreso, otros miran con recelo esta forma de desarrollo. La primera discusión será política. El Alcalde en su campaña siempre privilegió un modelo de ciudad creado a partir de densificar lo ya construido, en busca de optimizar los recursos existentes, por ejemplo, las redes de servicios públicos. Ese modelo se opone a otro en el cual se expande la ciudad, lo que implica altos costos en infraestructura.

La segunda será por parte de los ambientalistas, pues en la zona afectada hay un importante ecosistema de humedales que a su vez sirve de corredor natural entre los cerros orientales, varios bosques nativos y el río Bogotá.

También tendrá que soportar los embates de quienes consideran que una decisión de tal naturaleza no se ha hecho con suficiente discusión pública, y que una de las razones podría estar en los fuertes intereses que se mueven en el área del proyecto. Si bien son muchos los propietarios de predios en las hectáreas que se podría urbanizar, son cuatro grandes constructores los que tienen la mayor cantidad de tierras en la zona. Estos son: Fernando Mazuera, Pedro Gómez, Constructora Bolívar y Constructora Colpatria. También sobresalen predios que están pendientes de esta norma como uno de la Universidad del Rosario y el del club de fútbol Los Millonarios. Y finalmente, la administración tendrá que mostrar qué plan tiene para mitigar el ya de por sí pesado tránsito de este sector, cuya principal vía es la autopista norte, que colapsaría con la llegada de los habitantes de las 63.000 nuevas viviendas que tendrían vía libre con el decreto del llamado Plan de Ordenamiento Zonal del Borde Norte de Bogotá (POZ Norte).

Este es uno de los temas más sensibles que han lidiado las últimas dos administraciones. Al final del gobierno del anterior alcalde, Luis Eduardo Garzón, ya estaba listo un decreto, pero en el momento del empalme, el alcalde Moreno pidió que no se firmara para él resolver el tema. De esto hace un año.

En estricto sentido, las medidas que se tomen sobre este sector no significan que se estén ampliando los límites urbanizables de la ciudad. Estos linderos están definidos desde hace años en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), que es la carta de navegación de la ciudad. Lo que hace el decreto pendiente de firma es reglamentar lo que ya está aprobado y definir unas políticas de lo que se puede hacer en la zona. La alcaldía tiene la obligación de reglamentar el plan, y el debate se concreta en cómo lo hace."No es un proceso vulgar para sembrar ladrillo por toda la Sabana -dice Óscar Molina, secretario de Planeación-, se trata más bien de un ejercicio de buen urbanismo". La alcaldía sostiene a su favor que hasta ahora el desarrollo de esta zona ha sido desordenado, lote a lote, incluso sin pavimentación o alcantarillado, como ha sucedido en exclusivos barrios como San José de Bavaria, y en otros casos de forma ilegal y sin mayor control.

Los más férreos críticos de estas medidas, como el ex ministro de Medio Ambiente Manuel Rodríguez Becerra, aseguran que permitir este desarrollo es repetir experiencias desafortunadas como la de Ciudad de México y abandonar importantes estudios que ha patrocinado el gobierno nacional en donde se plantea que la mejor forma de resolver la expansión de la ciudad en esta área es en el llamado modelo de Bogotá-Región. Es decir, más que permitir que la sabana se tiña de construcciones, es generar polos de desarrollo en poblaciones cercanas articulados con la capital. Este mismo grupo, del que hacen parte reconocidos ambientalistas como Tomás Wan Der Hammen, Juan Mayr Maldonado, Julio Carrizosa Umaña y la congresista Cecilia López, hace énfasis en que, según lo que conocen del proyecto, no se protege de manera adecuada el ecosistema, pues a pesar de que se contemplan zonas de reserva, hay lugares en los que se levantarían barreras al corredor natural que se debe proteger. Además del impacto de las nuevas urbanizaciones, está por verse el de avenidas como la Boyacá, la Ciudad de Cali, la carrera novena y la 19, que atravesarían toda esta zona para tratar de resolver el trancón de la autopista.

Rodríguez resalta que para la dimensión del proyecto, la forma como se ha construido "es poco transparente. ¿En beneficio de quién? No en beneficio se la comunidad de Bogotá, más a favor de unos pocos urbanizadores", dice.

Otro grupo que le ha seguido la pista al decreto, conformado por políticos, ha propuesto "contener hasta donde sea posible las presiones por la expansión de Bogotá sobre el frágil entorno sabanero". El concejal Carlos Vicente de Roux, uno de ellos, se refirió específicamente al lobby que sobre la propuesta hace Camacol, el gremio de los constructores. Explicó a SEMANA que han tenido varias comunicaciones con la administración y esta ha atendido sus observaciones. Aún no saben si el decreto final incluyó todas. En esencia, lo que plantean es que se les dé prioridad a los programas de densificación y renovación en otras zonas de la ciudad y la expansión por el norte sea gradual. Piden que en lo ambiental se extremen las medidas, incluso que sean más exigentes que la propia ley, y plantean que se debe aprovechar esta zona para dar respuesta a la necesidad de vivienda de los estratos más necesitados.

La propuesta, de la que también hacen parte los concejales Carlos Fernando Galán y Jaime Caicedo Turriago y el congresista Gustavo Petro, busca que al menos la mitad de todas las viviendas que se autoricen se destine para Vivienda de Interés Prioritario, es decir, de menos de los 62 millones de pesos que cuesta la Vivienda de Interés Social.

Molina, el secretario de Planeación, dice que han actuado con transparencia, que están abiertos a la vigilancia ciudadana y que si la propuesta tiene alguna falla, están dispuestos a corregirla. Resalta que en la práctica sólo una tercera parte del área de la zona de intervención se utilizará para nuevos desarrollos, pues hay prevista una amplia zona de conservación y ya existe gran cantidad de clubes, colegios y cementerios.

Dice, además, que ese desarrollo se hará por etapas, que la primera parte llegará hasta la calle 200 con énfasis en viviendas de interés social, y que la propuesta tiene un componente novedoso en el que los costos de infraestructura no correrán por cuenta de la ciudad, sino de los actuales propietarios de los predios. ¿Qué tan real es que se pueda construir vivienda barata teniendo en cuenta el costo tan alto que significa responder por obras públicas como vías e infraestructura de servicios? Incluso para viviendas de estrato alto, bajo esas condiciones, el costo puede no ser atractivo.

Sin duda están en juego dos modelos: el conservacionista a ultranza y el de desarrollo a toda costa. No se trata de que alguno de los dos se imponga, pero los permisos que se den y la manera cómo se haga cumplir la ley van a ser definitivos para el futuro de Bogotá. El alcalde Moreno tiene en sus manos una decisión de un impacto irreversible para la ciudad. Es mucho lo que está en juego, para que al menos no sea un tema que amerite más discusión pública y se revise con calma.