La ONU raja a Colombia en Derechos Humanos

La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia informó que el año pasado fueron asesinados 39 activistas en el país, frente a los 37 del 2012.

La Oficina, en su informe anual, también exhortó al gobierno para que, en el evento de que se selle un acuerdo de paz con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (Farc) realice las reformas del caso a fin de que se eviten los problemas de orden legal que en el pasado hubo con la desmovilización de las bandas paramilitares.

"De hecho, lo más probable es que casi todos los acusados (paramilitares) sean puestos en libertad al cabo de ocho años sin haber sido enjuiciados", dijo el informe de 21 páginas.

La Fiscalía colombiana ha dicho que en el 2014 quedarán en libertad al menos 400 jefes paramilitares por haber cumplido ocho años en prisión, tal como lo estipuló la Ley 975 de 2005 o llamada Ley de Justicia y Paz impulsada durante el gobierno de Álvaro Uribe.

Las autoridades calculan que entre el 2003 y el 2006, en Colombia se desmovilizaron unos 30.000 paramilitares, algunos de los cuales han vuelto a delinquir al ingresar a grupos de narcos y criminales comunes a los que la policía acusa de estar detrás de asesinatos, secuestros, extorsiones, entre otros crímenes.

Todd Howland, representante en Colombia de la Alta Comisionada, dijo que entre los activistas asesinados el año pasado -36 hombres y tres mujeres- hay desde reclamantes de tierras despojadas por grupos armados ilegales -hasta indígenas y líderes sociales- y que la mayor parte estaban radicados en zonas rurales del país donde se presenta la mayor parte de los actos de violencia.

El repunte en los asesinatos, dijo Howland, puede obedecer precisamente a que las grandes ciudades como Bogotá y Medellín son más seguras que las regiones rurales y de allí que recomendó reforzar las medidas de protección a esos activistas. Pero destacó que el país aún vive el conflicto armado interno que ya dura 50 años y en lo que "unos días hay avances, unos días hay retrocesos" en el tema del respeto a los derechos humanos.

El representante también dijo que en cuanto a la eventualidad de una firma de un acuerdo de paz con las Farc, con las que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos lleva en Cuba diálogos desde fines del 2012, "lo más importante es la no repetición" de actos de violación de derechos humanos y de allí, que hay que sacar lecciones sobre la desmovilización de los escuadrones paramilitares.

A esos grupos es que se atribuye buena parte de una ola de violencia en Buenaventura -el principal puerto colombiano- y en que la Oficina constató al menos ocho casos de personas asesinadas en los últimos meses.

Según la Fiscalía, además los paramilitares desmovilizados, han entregado unos 6.300 millones de pesos, monto calificado por algunos activistas de derechos humanos como solo una pequeña parte de sus dineros mal habidos.

La Ley de Justicia y Paz, "si bien parece haber favorecido el conocimiento de la verdad (de algunos crímenes), no se ha convertido en un instrumento importante de justicia penal", dijo la Oficina en su informe.

Howland declinó comentar si la Oficina favorecía o no que se impusieran penas alternativas y reducidas, como las de ocho años que recibieron los paramilitares, en caso de la desmovilización de los guerrilleros.

El gobierno de Santos aún no ha dicho qué fórmula legal buscaría en caso de un desarme y desmovilización de los al menos 8.000 miembros de las Farc.

En 11 distintas recomendaciones, tanto al gobierno como a la Fiscalía, entre otros organismos, la Oficina recordó "a todas las partes en conflicto armado que las medidas de justicia de transición sólo podrán ser un instrumento eficaz si las instituciones y las personas interesadas demuestran un verdadero compromiso con la verdad, el restablecimiento de los derechos de las víctimas y la reconciliación".

También solicitó a las Farc y al rebelde Ejército de Liberación Nacional (ELN), la segunda guerrilla del país y con la cual aún no hay diálogos formales, que "faciliten información sobre los civiles, funcionarios policiales y militares que han desaparecido o se encuentran en su poder; además de la ubicación de las minas (antipersonas) y otros artefactos explosivos improvisados".