La ONU da espaldarazo al proceso de paz

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia celebró el avance en las negociaciones entre el Gobierno y las FARC para alcanzar la paz. En un informe de 20 páginas, destacó que entre agosto y noviembre pasado el país registró el nivel más bajo de los últimos 50 años de acciones ofensivas en el marco del conflicto armado.

“Gracias a los ceses unilaterales de fuego por las FARC y el desescalamiento de las operaciones ofensivas del Gobierno. La Oficina observó que las negociaciones de paz han prevenido muchas violaciones de derechos humanos. Sin embargo, la aguda situación humanitaria generada por diversos actores siguió afectando de forma desproporcionada a las poblaciones rurales, indígenas y afrocolombianas”, dice el documento.

La Oficina, en su informe anual, también exhortó al Gobierno para que, en el evento de que se selle un acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, realice las reformas del caso a fin de que no se propaguen otros tipos de violencia, como la que se viene presentando contra defensores de Derechos Humanos.

Según el estudio en el 2015, se registraron 295 ataques en contra de 885 defensores, incluidas 310 mujeres. “El Programa Somos Defensores y la Oficina documentaron el asesinato de 63 defensores. También registró 20 tentativas de homicidio, incluidas nueve en contra de sindicalistas, 151 amenazas de muertes individuales y colectivas y 80 denuncias de vigilancia ilegal. En 2015, se conocieron 39 panfletos amenazantes contra 211 mujeres, 298 hombres y 47 organizaciones sociales. Esta situación refleja la persistencia de un entorno inseguro y hostil para los defensores”, señala el informe.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas observó que las violaciones contra defensores ocurren principalmente bajo cuatro modalidades: conflictos de tierras, la exigencia de justicia por parte de defensores, los líderes de los movimientos Marcha Patriótica y Congreso de los Pueblos recibieron amenazas, fueron vigilados y estigmatizados por supuestos vínculos con las guerrillas.

“Se tuvo conocimiento de seis nuevos casos abiertos por la unidad de Terrorismo de la Fiscalía que utilizaron como base principal informes de inteligencia o declaraciones de informantes. En un caso denunciado en 2015, se imputó a cuatro defensores el delito de secuestro por la retención de 26 policías durante las protestas del paro agrario de 2013. La Defensoría del Pueblo monitoreo dichas protestas y verificaron que esos dirigentes facilitaron la liberación de los policías retenidos por otras personas”, resalta el informe.

Llama la atención que, según los registros, también el activismo en favor de la paz generó persecución. “Por ejemplo, organizaciones y personas que participaron en las audiencias de víctimas de La Habana recibieron amenazas”, dice. 

Finalmente en 13 distintas recomendaciones, la Oficina recordó al Gobierno la necesidad de vincular a la sociedad civil en la evaluación sobre la implementación de los sistemas internacionales y regionales de derechos humanos.

Pide al Gobierno desarrollar un sistema que recopile el universo de datos sobre violencia sexual en Colombia y, con base en este, ajustar las políticas de prevención, atención y judicialización; y evaluarlas anualmente.

Exhorta a las partes en La Habana a aprovechar la oportunidad de dialogar con los pueblos indígenas y afrocolombianos, y realizar una sustancial redistribución de los recursos humanos y financieros dentro del Estado.

“Se debe asegurar que el apoyo internacional al proceso de paz responda tanto a las prioridades de las autoridades, como de la población, incluyendo las mujeres, los pueblos indígenas y los afrocolombianos”, señala la Oficina de la ONU.

De igual forma, Insta a las FARC a ampliar su compromiso con las víctimas y la sociedad, tal como se reflejó en el acto de reconocimiento en Bojayá, mediante manifestaciones públicas de respeto a los derechos humanos.

Recomienda una amplia discusión pública sobre la trasformación del sector seguridad y la implantación de la seguridad ciudadana para un futuro postconflicto. “El Gobierno deberá asegurar que la asistencia militar a tareas de seguridad pública sea reducida progresivamente bajo el principio de primacía policial y regulada acorde con el derecho internacional".

Por último, solicitó al ELN, la segunda guerrilla del país y con la cual aún no hay diálogos formales con el Gobierno, que avancen hacia el inicio de negociaciones formales y priorizar el respeto de los derechos de la población, en especial de las víctimas.