LA OTRA CERTIFICACION

A finales del año pasado el gobierno y buena parte del Congreso de Estados Unidos estaban muy impresionados con la situación de orden público en Colombia. Los buenos resultados en la erradicación de cultivos ilícitos por parte de la Policía y el Ejército a raíz de la Operación Conquista habían hecho mella en quienes toman decisiones con respecto al país en Washington. La tesis de 'narcoguerrilla' cobraba fuerza y aunque el lobby de los defensores de los derechos humanos aún era fuerte, estaba debilitado por la flagrante participación de la guerrilla en actividades relacionadas con el narcotráfico, como la vigilancia de cultivos y de pistas clandestinas. "Vimos llegar los cuerpos calcinados de policías asesinados por la guerrilla durante una operación de fumigación", dijo a SEMANA el asesor de un congresista norteamericano que visitó a Colombia el año pasado.
Sin embargo el lobby de los defensores de los derechos humanos estaba lejos de ser derrotado. En lo que varios conocedores del Congreso estadounidense consideraron como un mico colosal que se coló a última hora en la Ley de Presupuesto de 1997, se aprobó lo que hoy se conoce como la Enmienda Leahy. Esta norma establece que "si el Departamento de Estado encuentra evidencia creíble implicando una unidad militar o de policía en violaciones de derechos humanos sin que el respectivo gobierno tome medidas para sancionar a los responsables, esa unidad no tendrá derecho a ninguna ayuda antinarcóticos por parte del gobierno de Estados Unidos".
Este texto pasó prácticamente inadvertido tanto para el gobierno norteamericano como por la Cancillería de Colombia hasta la semana pasada, cuando salió a la luz el hecho de que 30 millones de dólares en ayuda antinarcóticos que el gobierno Clinton había decidido entregar a Colombia estaban estancados en un 'limbo jurídico'. Como la Policía Nacional necesitaba con urgencia esta ayuda para no suspender las labores de fumigación se llevó a cabo un debate en la Cámara Baja de ese país para exigirle a los funcionarios del Departamento de Estado _incluido el embajador Myles Frechette_ explicaciones por la demora. Y fue en este debate donde se destapó lo sucedido. Los 30 millones no eran exclusivos para la Policía Nacional, que tiene excelente reputación en materia de derechos humanos, sino que una parte era también para el Ejército.
En la mira
A finales de marzo el gobierno Clinton tomó la decisión de entregar a Colombia la ayuda antinarcóticos que había sido congelada desde 1996 por la descertificación. Para hacerlo se valió del waiver 614, un mecanismo legal que permite al Presidente tomar decisiones motivadas por seguridad nacional sin que el Congreso de ese país pueda replicar. Para muchos congresistas, especialmente senadores demócratas muy comprometidos con el tema de derechos humanos en Colombia, el que la medida se tomara sin consultarles, como es costumbre en Washington, cayó como un baldado de agua fría que enrareció el ambiente.
Como los demócratas son aliados estratégicos para Clinton, el Departamento de Estado se comprometió a cumplir al pie de la letra la Enmienda Leahy. En otras palabras, a no entregar ni un peso a una unidad militar o de policía que violara los derechos humanos en Colombia. Fue así como el Departamento de Estado diseñó un acuerdo para poder investigar concertadamente con la Policía y el Ejército colombianos posibles violaciones de derechos humanos en ambas fuerzas.Cuando se le propuso el acuerdo a la Policía, ésta lo firmó sin problemas. Sin embargo cuando la embajada envió el memorando al Ejército el tema se complicó. Según Carlos Salinas, encargado de Amnistía Internacional para América Latina, "el general Bonett se opuso rotundamente a este tema". De hecho, en declaraciones dadas a El Tiempo el 18 de mayo pasado, el comandante del Ejército explicó sus razones para rechazar la ayuda militar: "Había un memorando donde imponían unas condiciones unilaterales para recibir la ayuda. Yo creo que primero que todo está la dignidad del Ejército y después los dólares". El Ejército argumentó, sin embargo, razones de inconstitucionalidad para no firmar el acuerdo. Esto disgustó aún más a los funcionarios norteamericanos, quienes ya habían firmado un acuerdo idéntico con la Policía Nacional. Al respecto el general Rosso José Serrano dijo a SEMANA: "Para mí la situación siempre ha sido muy clara. Si uno de mis policías viola los derechos humanos, yo simplemente lo boto".
Pero más allá del acuerdo mismo, lo cierto es que la negativa del Ejército a firmarlo cayó como una bofetada en la cara del Departamento de Estado y del Congreso norteamericano. Igualmente abrió los ojos de todos los lobbistas de derechos humanos y de los congresistas demócratas interesados en el tema. Como dijo un alto funcionario estadounidense, "todo el trabajo que se había hecho para vender la 'narcoguerrilla' se desplomó, porque como dicen en Colombia, cuando el río suena es que piedras lleva".
¿Nueva certificación?
El tema de los derechos humanos está cobrando gran fuerza en Estados Unidos. El absoluto respeto a los principios del Derecho Internacional Humanitario es parte fundamental de la plataforma demócrata, como lo es la guerra contra las drogas para la plataforma republicana. Con cuatro años de presidencia demócrata hacia adelante y sin perspectivas de reelección es probable que el tema escale posiciones dentro de la agenda diplomática norteamericana y por tanto en la agenda con Colombia.Lo más probable es que el episodio de los debates del Congreso que culminaron la semana pasada en una promesa de la administración Clinton de dar estricto cumplimiento a la Enmienda Leahy no sea más que una consecuencia de ese cambio de ambiente en Washington. Lo mismo se puede decir del comunicado del Departamento de Estado cuestionando el tono del fallo absolutorio al general Yanine. Como dijo a SEMANA una fuente del Congreso norteamericano: "En el Departamento de Estado se está acabando la paciencia. Es muy difícil defender la cooperación antinarcóticos si el Ejército se niega a firmar los acuerdos. El gobierno no puede volar por encima de los derechos humanos".
Todo este episodio tuvo especial influencia sobre el Congreso. Si bien la Enmienda Leahy parecía redactada específicamente para Colombia, acaba de ser aprobada en ambas cámaras del Congreso la Enmienda McKinney, que forma parte del nuevo código de conducta del Departamento de Estado. Esta enmienda, en opinión de funcionarios de la administración y del Congreso, crea un nuevo proceso de certificación, pero en materia de derechos humanos.
La enmienda dice: "A partir de octubre primero de 1998 estará prohibida toda asistencia militar o traslado de armas a un gobierno extranjero a menos que el Presidente certifique al Congreso que ese gobierno no comete: a) ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias; b) desapariciones; c) torturas; d) encarcelamiento arbitrario prolongado; e) omisión en desarrollar investigaciones vigorosas y en condenar a responsables de violaciones a los derechos humanos; f) no promover la independencia de entes judiciales encargados de juzgar agentes del Estado que violen los derechos humanos". Dicha ley ya fue aprobada en ambas cámaras y tan solo falta el veredicto de una comisión conjunta de conciliación por diferencias en los textos finales aprobados por Senado y Cámara. De ser sancionada, sometería a Colombia, Perú y México, junto con muchos otros países que reciben ayuda militar o traslado de armas, a un proceso de certificación idéntico al que ya existe para la colaboración antinarcóticos.Aunque no se sabe lo que pueda pasar, lo que sí está claro es que todas las organizaciones no gubernamentales en Estados Unidos se la están jugando para lograr que esta ley sea una realidad antes de fin de año. De ser así, Colombia tendrá que soportar otro calvario de certificación anual para derechos humanos, tema en el cual estamos tan mal parados como en el de narcóticos, ya que también hay agentes del Estado señalados internacionalmente por violar los derechos humanos. Sería como comenzar de nuevo.