La otra hacienda restituida de los Castaño

Un total de 59 familias recuperaron 340 hectáreas en la hacienda de Cedro Cocido, antigua propiedad de los paramilitares Fidel, Carlos y Vicente Castaño en el departamento de Córdoba. 

La finca, ubicada en la vereda el Tronco del corregimiento de Leticia, en Montería, fue adquirida por los hermanos Castaño Gil en 1985 y tiene un total de 1410 hectáreas. 

Esta es la segunda restitución de tierras con predios de esa familia; la primera fue en la reconocida hacienda Santa Paula, en abril del 2013. 

En ambos casos, los paramilitares Castaño llegaron a los predios luego de irse del municipio antioqueño de Segovia, a mediados de la década de los 80, y obligaron a los campesinos a abandonar las tierras.

En 1990, los líderes paramilitares “donaron” ese terreno a través de una organización que ellos mismos habían creado, la Fundación para la Paz en Córdoba (Funpazcor). El pretexto era realizar una reforma agraria integral que presidió Fidel Cataño, como lo evidencia el objeto social de la fundación, según certificado de la Cámara de Comercio: “procurar la igualdad social de los habitantes de Córdoba por medio de donaciones de tierras, viviendas y asistencia técnica gratuita dentro de las normas legales, católicas y democráticas”.

Sin embargo, esta era una estrategia multipropósito puesto que los campesinos a los que se traspasaron los bienes deberían pagar una especie de administración a Funpazcor por los terrenos que tenían   

Además, esta organización les prohibió de manera determinante vender, hipotecar o limitar las hectáreas concedidas y estableció que no se podía sustituir cultivos por el pasto. En casos más extremos, prohibieron completamente la utilización del predio.

Tiempo después del acto con el que se quería reivindicar Fidel Castaño, los funcionarios de la fachada de estos hermanos obligaron a las familias a salir de los territorios.

Hasta el momento, 119 familias han vuelto a las tierras despojadas por el clan Castaño en Córdoba, de un total de 2.500 familias que supuestamente recibirían las 10.000 hectáreas concedidas por Funpazcor en 1990.