La oveja negra

La Brigada XVII del Ejército, con sede en Urabá, está en la mira del Senado de Estados Unidos. En agosto se congelaron durante varias semanas los 200 millones de dólares que debían recibir las Fuerzas Armadas como parte del Plan Colombia, debido a la poca claridad que existía sobre una eventual participación de miembros de esa Brigada en la masacre de ocho personas de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó en febrero de este año. Las dudas han vuelto a aflorar desde el 17 de noviembre, cuando en esa misma zona se denunció el asesinato del campesino Rodrigo Salas. Inicialmente, la comunidad dijo que Salas había muerto por una granada lanzada por el Ejército. Posteriormente se supo que fue acribillado con tiros de fusil. De inmediato la embajada norteamericana le pidió al gobierno colombiano una investigación imparcial. El propio fiscal, Mario Iguarán, se apropió del caso. No obstante, el hecho no pasó inadvertido en el Congreso de Estados Unidos. La semana pasada, el senador demócrata Patrick Leahy afirmó que esta guarnición militar debe ser vetada no sólo por estos hechos,s sino por un deficiente comportamiento en derechos humanos que viene de tiempo atrás. Leahy es uno de los políticos más influyentes de la comisión del Senado de Estados Unidos encargada de asignar la ayuda económica a otros países. Y aunque esa brigada no recibe dineros del Plan Colombia, las dudas que suscitan sus actuaciones podrían poner en riesgo, de nuevo, los desembolsos de la ayuda. ¿Cuáles son los casos que trasnochan a los norteamericanos? En primer lugar, les preocupa que en varios períodos esta brigada haya estado conducida por militares que mantuvieron presuntos vínculos con grupos paramilitares. En concreto, las denuncias que hicieron ante la Fiscalía General varios oficiales y soldados que estuvieron bajo órdenes del general Rito Alejo del Río, a mediados de los años 90, y que le incriminan no sólo de omisión sino de cooperación con las AUC. Aunque Del Río fue exonerado de todos estos cargos, su nombre aparece cada año en los documentos, tanto públicos como reservados, del Departamento de Estado sobre violaciones a los derechos humanos. Parte de las dudas que se posaron sobre esta Brigada tienen que ver con la 'exportación' de paramilitares desde Urabá hasta otras zonas del país. Es el caso de la masacre de Mapiripán, Meta, en 1997. Igualmente, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cursa una denuncia por la desaparición forzada de Alcides Torres Arias, quien había sido detenido en las instalaciones de la Brigada 17 en diciembre de 1995. Tres días después, la Fiscalía ordenó su libertad, pero nunca más se supo de él. En el año 2002, la abogada que había presentado su caso ante los jueces internacionales fue asesinada. En mayo de este año un nuevo hecho le hizo sombra a la brigada. La Procuraduría General de la Nación le levantó pliego de cargos a cuatro oficiales de alto rango por no haber protegido a los habitantes de San José de Apartadó. Según las pruebas testimoniales y documentales de la Procuraduría, durante los años 2000 a 2002 hubo masacres y asesinatos selectivos por parte de las autodefensas y, además, desplazamientos forzados. Este año, además de los casos de San José de Apartadó, las comunidades de la cuenca del río Jiguamiandó denunciaron que tropas de la Brigada XVII mataron a Pedro Murillo, porque corrió cuando vio a la tropa. El general Héctor Jaime Fandiño, comandante de la brigada en el momento de este episodio, le dijo a SEMANA que "Pedro Murillo era el seudónimo del jefe de milicias del Frente 57 de las Farc, conocido como 'Hombre Viejo', y se le dio de baja cuando se enfrentó a la tropa". También aseguró el general que este hecho fue investigado por la justicia penal militar y por la Procuraduría. En la mayor parte de los hechos denunciados, la inspección interna de las Fuerzas Militares ha determinado que no hay responsabilidad de la brigada. A su vez, el gobierno colombiano no se cansa de señalar que existe una "guerra jurídica" contra sus oficiales en esta región, y de mostrar los procesos internos y de justicia penal militar que la exoneran en tales denuncias. No obstante, los entes de control, la justicia internacional, y algunos senadores norteamericanos no parecen convencidos de ello. Justamente por los problemas históricos que ha tenido la Brigada de Urabá, en cuanto a posibles nexos con paramilitares y con violaciones a los derechos humanos, su desempeño en este campo debería ser ejemplar. Quien tiene la última palabra es el Fiscal General de la Nación. De su investigación sobre lo que ha ocurrido en los casos antes señalados depende en buena medida que se borre la sombra de duda sobre la brigada. En particular, la masacre ocurrida en febrero de este año, y sobre cuyos resultados nada se sabe aún.