¡La patrasiada!

Hace apenas mes y medio, el curtido político Luis Guillermo Giraldo, vocero del comité de promotores que impulsó la campaña por el referendo para la segunda reelección de Álvaro Uribe, se declaró culpable de los delitos de falsedad ideológica y fraude procesal. Era un paso trascendental en la aplicación de la justicia por unos hechos irregulares que durante más de un año mantuvieron en vilo la institucionalidad y la vida política del país.

Además, su autoincriminación era una ventana de esperanza para una decena de personas que, por su participación en dicho comité, están siendo investigadas por delitos similares; y para 86 congresistas que igual están bajo pesquisas por haber votado la iniciativa sin que esta cumpliera con los requisitos. Qué mejor para todos que hubiera un sacrificado que asumiera toda la responsabilidad. Con su confesión, Giraldo también lograba reducir una eventual pena de 6 a 12 años a una de 54 meses con prisión domiciliaria.

En esencia aceptó que no relacionó todos los donantes de la campaña de recolección de firmas, que recibió aportes por encima de los topes legales y que simuló un crédito inexistente para ocultar esa situación. Así mismo, que con este informe falso buscó engañar a la Registraduría para obtener una certificación de que todo estaba en orden, lo que no prosperó, pero que sí logró su cometido en el Congreso, donde aceptaron sus documentos para darle trámite a la iniciativa.

Pero las dudas de una juez de si se estaba aplicando de forma adecuada la ley en los beneficios que Giraldo negoció con la Fiscalía llevaron el caso a apelación ante el Tribunal de Bogotá. La sorpresa se dio la semana pasada cuando el abogado de Giraldo decidió no defender el acuerdo, y dejó en evidencia que se echó para atrás en su autoincriminación. ¿Qué sucedió para que un día Giraldo se inmolara y al otro se envalentonara y decidiera enfrentar un juicio público que de perder le podría significar una mayor condena?

El abogado David Espinosa dijo que su defendido había aceptado la culpa para que ninguno de los miembros del comité se viera perjudicado por esta situación, pues la mayoría de ellos nunca ni siquiera tuvieron contacto con los detalles de lo que sucedía en la campaña. Que lo hizo porque consideraba que la justicia no sería imparcial en ningún tema que oliera al presidente Álvaro Uribe, por las confrontaciones entre este y el poder judicial, y porque sabía que el contador de la campaña buscaba negociar, según él, mintiendo e incriminando a otros.

Pero dice que luego de aceptar los cargos, todo el mundo rodeó a Giraldo, y eso le dio ánimo para dar la pelea hasta el final. Y que volvió su confianza en la justicia cuando supo que el contador no había logrado ningún acuerdo, algo que aún no se ha definido.

La inusual estrategia jurídica puso a los magistrados del Tribunal en una encrucijada que aún no resuelven. La audiencia con ellos era solo para definir si se aceptaban los términos del acuerdo, no para resolver si había acuerdo. Obviamente, que Giraldo se haya echado para atrás es una consideración que puede afectar la decisión que debían tomar. Si los magistrados resuelven aceptar el preacuerdo, Giraldo no tiene otro camino que asumir los cargos que ya había aceptado y pagar su condena, pero siempre podrá decir a su favor que fue algo que en el fondo no quería aceptar, tiñendo con la duda la acción de la justicia.