LA PAZ PERSEGUIDA

SI LA PAZ TIENE FUTURO, nada más diciente que las escenas vividas el pasado jueves en una cancha de fútbol de la comuna nororiental de Medellín, cuando más de mil personas se congregaron para presenciar la desmovilización y desarme de las Milicias Populares del Pueblo y para el Pueblo, Independientes del Valle de Aburrá y Metropolitanas, conformadas por cerca de 650 jóvenes.

En un histórico acuerdo, los muchachos, que hasta entonces habían decidido ocupar el lugar del Estado en sus barrios tuguriaes, se comprometían a abandonar la lucha armada y a ponerse del lado de la autoridad para solucionar los graves problemas y conflictos sociales y económicos en sus zonas de influencia.

Sin embargo, cuando el ministro de Gobierno, Fabio Villegas, supervisaba la entrega de más de 250 armas, un contingente de milicias disidentes, controladas por la Coordinadora Nacional Guerrillera, quemó unos 15 autobuses y dejó a por lo menos 150 personas sin cédulas para votar en las elecciones del pasado domingo.

Sin duda, la guerrilla quería ahogar el entusiasmo despertado por el nuevo clima de entendimiento pese a haber prometido respetar las conversaciones con los milicianos arrepentidos y -lo más importante- sus resultados. Pero como se avecinaba el debate presidencial, la comandancia no quiso perder la oportunidad de "hacer una ida y dos mandados".

Sea como fuere, lo más preocupante para los reinsertados es su seguridad, especialmente ahora que se han comprometido a "actuar para prevenir y no para atacar". Más de la mitad de los antiguos milicianos conformarán una cooperativa de vigilancia para mantener presencia militar en sus zonas de influencia, pero con el propósito de evitar actos ilícitos y no de castigarlos en el acto, como antes ocurría.

Los miembros de la cooperativa estarán autorizados para portar armas, además de contar con una buena dotación de vehículos y motocicletas. Se cree que las agrupaciones controladas por la guerrilla tratarán de instigarlos y provocarlos para que, con sus respuestas, echen a tierra los planes del gobierno. Este es el punto más frágil del actual clima de entendimiento. No obstante, existe la confianza de que los ex milicianos puedan recurrir al Estado para que les cuide la espalda.

A pesar de los ataques de la semana pasada, las autoridades nacionales, locales y eclesiàsticas estàn plàcemes. "Lo más importante es haber demostrado que el diálogo si sirve", dijo monseñor Héctor Fabio Henao, representante de la Iglesia en las conversaciones.

Otro acierto es la voluntad que mostraron los milicianos de convertirse en fuerza política y de buscar, a través de las urnas, una más acertada -y aceptada- representación. "Con estas nuevas herramientas asumiremos la defensa de los pobladores de estas laderas con las banderas de la dignidad", dijo Pablo García, uno de los ex comandantes. Y será función de esos movimientos supervisar las acciones del gobierno en inversión social prometida para solucionar problemas de salud, educación, mejoramiento de vivienda y sitios de recreación.

Claro está que el el acuerdo es apenas un paso en el camino hacia la paz. "Habrá que consolidar el trabajo en las comunidades, incrementar la participación ciudadana en la busqueda de sus propias soluciones y seguir acercando a la mesa de negociaciones a otros grupos milicianos y bandas de delincuentes que ya han expresado señales de acercamiento", dijo monseñor Henao. Falta ver si la guerrilla se aguanta las ganas de enlodar nuevamente un terreno ya despejado.