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| 3/20/2018 10:57:00 AM

La pelea de Hugo Aguilar contra el procurador Carrillo ante la CIDH

El excoronel considera que hubo indebida participación del jefe del Ministerio Público en su proceso. Fernando Carrillo ha impulsado la iniciativa de que Aguilar pague con su capital por el daño a las víctimas.

La pelea de Hugo Aguilar contra el procurador Carrillo ante la CIDH La pelea de Hugo Aguilar contra el procurador Carrillo ante la CIDH Foto: Archivo particular

Hace unos meses, cuando una periodista de Vanguardia Liberal publicó la fotografía en la se veía al excoronel Hugo Aguilar conduciendo un Porsche Boxter por las calles de Bucaramanga, se desató la reacción en cadena de autoridades judiciales que buscaban la protección de los derechos de las víctimas de sus conductas. El exgobernador de Santander estaba condenado por parapolítica y a pesar de haber sido multado con 6.500 millones de pesos, se declaró en insolvencia y logró un acuerdo de pago de 500.000 pesos mensuales.

A la contradictoria situación le salió una primera reacción por parte de la Procuraduría, que de inmediato pidió que le fuera revocada la detención domiciliaria al considerar el evidente incumplimiento. "Las víctimas de a pie, las que no andan en carros de alta gama son nuestra razón de ser. Nosotros defendemos los intereses de la sociedad y la solicitud que le hemos hecho a la justicia es que actúe en esa materia", dijo en su momento el jefe del Ministerio Público.

Paralelo a ello, la Fiscalía aceleró una investigación por enriquecimiento ilícito, que este año terminó en una nueva orden de captura relacionada con bienes avaluados en 15.000 millones de pesos en poder de la familia de Aguilar, y que no tendrían cómo justificar. 
 

Fue así que los investigadores procedieron a hacer efectiva la detención de Aguilar, de su esposa, Mónica Barrera Carreño, y su suegra, Socorro Carreño. Después del operativo y de varios días de audiencias, un juez de Bogotá los liberó, al considerar que no quedó claro el nexo entre el supuesto incremento patrimonial de Aguilar y su alianza con grupos paramilitares. También argumentó que no hay evidencia para probar que es un riesgo para la sociedad o que puede entorpecer la investigación. 

En este contexto se dio el episodio que llevó a la defensa de Aguilar a buscar la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Durante la diligencia judicial, el procurador del caso conceptuó que no había elementos suficientes para mantener a Aguilar y a su familia detenidos y recalcó que el delito que la Fiscalía debió imputar era el de enriquecimiento ilícito de funcionario. Esto en razón a que no existe sustento sobre cómo ese incremento patrimonial tiene conexión con grupos criminales. En cambio, sí se dio un crecimiento injustificado de sus propiedades en los años que rodearon su paso por la gobernación.

No obstante, el jefe de la Procuraduría, Fernando Carrillo, en declaración rendida ante medios de comunicación, estuvo de acuerdo con que el delito que debió ser imputado era el de enriquecimiento ilícito de funcionario, pero se mostró en desacuerdo con la decisión del juez al considerar que Aguilar y su familia debieron ser enviados a prisión.

Esta declaración de Carrillo provocó la reacción de Aguilar, quien acaba de acudir al Sistema Interamericano pidiendo medidas cautelares, por lo que considera una presión indebida del Ministerio Público. El abogado Sergio Augusto Pérez Mantilla, quien defiende los intereses del excoronel, le pidió a la CIDH: 1. Que requiera a la Procuraduría que no usurpe las funciones de la Fiscalía. 2. Que le ordene garantizar la actuación imparcial y objetiva de los procuradores judiciales que actúan en el proceso y 3. Que se proteja y se garantice el derecho fundamental a la libertad de los investigados hasta que un juez tome una decisión. 

La defensa de Aguilar, su esposa y su suegra consideran que Carrillo se extralimitó en sus funciones, pues habría usurpado las competencias de la Fiscalía al asegurar que Aguilar debía ir a la cárcel y que el delito que debió imputársele era otro. "Esto es una afrenta al debido proceso por cuanto en audiencias procesales posteriores, los investigados ni la defensa contarán con una actuación del procurador delegado judicial que se ajuste a los principios jurídicos de imparcialidad y objetividad".

Colombia es el país del cual llegan más solicitudes de medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En las últimas semanas, también fueron noticia peticiones como la de Musa Besaile o la del exministro Diego Palacio. Sin embargo, del volumen que llega solo una minoría tiene oportunidad real de un pronunciamieno de esta instancia, que actúa de manera subsidiaria cuando los Estados parte son incapaces de garantizar justicia. 

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