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La pelea, los altos costos y las irregularidades en la “meritocracia” para cargos en la justicia

La Judicatura repetirá las pruebas para elegir a más de 1.000 jueces y magistrados en todo el país. La Corte Constitucional revisará dos tutelas.


Un concurso de méritos para elegir más de 1.000 jueces y magistrados que reemplazarán los cargos en provisionalidad en todo el país, ahora se convirtió en una fuerte pelea que pone sobre la mesa mantener el clientelismo o darle paso al mérito profesional. La Corte Constitucional revisará dos tutelas que advierten graves irregularidades en los concursos de méritos de la Judicatura.

En 2018 la justicia convocó a abogados y funcionarios de la rama judicial para que participaran en un concurso que pretendía proveer más de 1.000 cargos que estaban en provisionalidad. Las pruebas se realizaron sin problema, de 45.000 aspirantes, 3.400 pasaron los exámenes con resultados que fueron objeto de revisión y que un año después quedaron en firme, a sólo un paso de llegar a esos cargos.

El problema es que mientras se resolvían algunos recursos, los nombramientos se fueron dilatando, tanto que casi tres años después la Judicatura no solucionó las dudas y al contrario, contra todo pronóstico, decidió convocar a un nuevo exámen, que en la primera oportunidad le costó más de 4.000 millones de pesos a la justicia.

“Lo que quieren es seguir dilatando porque hacer un nuevo examen no es una solución para la justicia. Porque si vamos a presentar el examen en agosto y nos van a publicar los resultados este año, nosotros vamos a oponernos y vamos a revisión. En esa oposición se va un año entero osea, dentro de un año vamos a tener la misma conversación”, dijo Nidia Edith Gómez, quien participó en el concurso y ahora lidera a más de 600 aprobados en esa convocatoria.

Los responsables de la tutela advierten que la Judicatura emitió un acto administrativo para notificar a todos los aspirantes a cargos públicos que las pruebas se repetirán el próximo 29 de agosto. Sin embargo, en el acto administrativo no quedaron las motivaciones o análisis técnicos para llegar a esa determinación.

“En la búsqueda de esas razones se han presentado varias tutelas, además de otras acciones judiciales, en especial un grupo de aproximadamente 600 aprobados por el que hablo, hemos presentado y hecho seguimiento a 5 acciones de tutela, que han sido negadas por el Consejo de Estado con el argumento de que el asunto debe ser resuelto por un juez ordinario y no por vía de tutela”, señaló Nidia Edith.

Las dudas alrededor de este concurso las genera la misma Judicatura tras la falta de respuesta, según los aspirantes, que insisten en un proceso transparente en la elección de quienes esperan llegar a la dignidad de impartir justicia en el país. “Si la Corte Constitucional no revisa las acciones de tutela y en tanto ordena suspender el concurso, tarde conoceremos las verdaderas razones por las que el examen debe repetirse, dejando en duda si se está atentando contra el mérito y contra los derechos de los concursante”, reiteraron quienes lideraron las tutelas.

En resumen, el concurso convocado por la Judicatura en 2018, incluyó pruebas de mérito y dejó más de 3.000 preseleccionados. Fue necesario recalificar los exámenes, luego la misma Judicatura dio el visto bueno y dos años después le echó tierra a todo el proceso para hacer nuevas pruebas, sin una explicación lógica o legal.