La polémica tutela que esperó al magistrado Rojas

El regreso del magistrado Alberto Rojas Ríos a la Corte Constitucional ha causado revuelo. El jurista abandonó su cargo 11 meses atrás, cuando la sección Quinta del Consejo de Estado declaró nula su elección. Sin embargo, hizo todo cuanto la justicia le ofreció para retornar, y una tutela le dio esa posibilidad.

Ahora, cuando volvió a la Corte, al magistrado Rojas le espera el fallo de una tutela escogida para revisión hace más de 16 meses, de la cual él es ponente, que busca resolver de fondo un pleito por el manejo de cerca de 30.000 millones de pesos por medicina preventiva y pruebas de alcoholimetría en las terminales de transporte terrestre en el país, tal como publicó SEMANA en noviembre del año pasado (ver artículo). Es decir, la tutela esperó a que Rojas se fuera y regresara para ser fallada.

Con esa tutela contra la Terminal de Transportes de Neiva, la Corte podría dar vía libre, o cerrar el camino, a la existencia de un mercado apetecido dentro de las terminales de transporte de todo el país: el programa de seguridad vial, convertido en la mayoría de los casos en una simple prueba de alcoholimetría que se les practica a todos los conductores de transporte intermunicipal antes de salir a sus viajes.

El pleito se generó luego de que la Terminal de Neiva terminara el contrato con el Consorcio Addit Asotrans. Lo que está en juego dentro de la tutela es si los programas de seguridad vial en las terminales de transporte sólo los puede manejar este consorcio. De manera muy rápida dos juzgados de Bogotá le dieron la razón al consorcio. Sin embargo, el asunto fue apelado y llegó hasta la Corte Constitucional.

Lo que causa inquietud es que el texto sería favorable a las pretensiones del Consorcio Aditt-Asotrans, de quienes, según fuentes de la Corte, sería cercano el magistrado Rojas. Hace unos meses en Canal Capital, el abogado Yesid Sierra, apoderado de la Terminal de Neiva, dijo que uno de los magistrados era “bastante allegado a la agremiación y ha estado en reuniones y tertulias con algunos de los miembros del Consorcio". Días después Noticias Uno dijo que ese magistrado sería Rojas y que no se declaró impedido pese al aparente conflicto de interés.

Además, en este momento la tutela se encuentra en trámite de documentación y firmas en la Sala Octava de Revisión, y todo parece indicar que la decisión se hará pública ahora, cuando el magistrado Rojas Ríos regresó.

¿Cuál es el enredo?

El decreto 2762 de 2001 regula los programas de seguridad vial en el país, pero nadie sabe si los millonarios recursos destinados a ellos, que provienen de los propios usuarios, se están usando bien o terminan en los bolsillos de los encargados de desarrollarlos.

La operación de estos programas se volvió sospechosamente atractiva. Cada bus despachado en una terminal debe pagar en promedio 2.750 pesos por la prueba de alcoholimetría. Según el más reciente informe de la Cámara Sectorial de Transporte de la Andi, en el 2012 se despacharon 11.636.123 viajes, lo que daría un recaudo aproximado de 32.000 millones de pesos. Una cifra nada despreciable.

Semana.com quiso conocer la opinión del magistrado Rojas sobre este asunto, pero hasta el momento de publicación de este artículo no contestó las insistentes llamadas.