Nación
La Presidencia de la República pagó más de 4 millones mensuales por el apartamento donde, según los testigos, se repartieron los sobornos de la UNGRD
SEMANA conoció cinco facturas que suman más de 22 millones de pesos que le pagó la presidencia al Hotel Tequendama Suites para que la exconsejera para las Regiones, Sandra Ortíz, se hospedara por cinco meses.
El Hotel Tequendama Suites ha sido mencionado en múltiples ocasiones como uno de los lugares donde se planeó el mayor escándalo que golpeó al gobierno del presidente Gustavo Petro: la corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo.
SEMANA obtuvo una serie de facturas de ese Hotel que dejaría en evidencia a una de las altas funcionarias del Gobierno Petro que hoy está siendo investigada por la Fiscalía en ese escándalo. Se trata de la exconsejera para las Regiones de la Presidencia, Sandra Ortiz, señalada por Sneyder Pinilla de ser la “mensajera” a cargo de llevarle 3.000 millones de pesos al saliente presidente del Senado, Iván Name, supuestamente a cambio de apoyar las reformas del gobierno.
Los cinco recibos en poder de esta revista prueban que Ortiz se hospedó en el Hotel Tequendama Suites desde junio hasta octubre del año pasado, en las habitaciones 2312, donde se quedó el primer mes; y la 2304, en la que se alojó los otros cuatro meses restantes. Pero lo más escandaloso es que todas las facturas, que suman en total más de 22 millones de pesos, las pagó el Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), justo cuando el director de esa entidad era Carlos Ramón Gonzáles, también salpicado en la polémica de la UNGRD.
Una de las curiosidades que más llama la atención de los comprobantes es que, además de que la exconsejera Sandra Ortiz aparece como una de las huéspedes que se estaba quedando en el hotel ubicando en el centro de Bogotá, también se registró otro adulto que hasta el momento se desconoce su identidad.
Lo más leído
Sin embargo, el propio Sneyder Pinilla, exsudirector de la UNGRD le confirmó a SEMANA que en una de las tantas reuniones a las que asistió Olmedo López, entonces director de la entidad, para cuadrar la corrupción del recurso que se habría destinado por parte del Ministerio de Hacienda para mitigar y atender emergencias en el país, una de esas fue con la propia Sandra Ortiz y el senador Iván Name en el hotel que le pagó la propia Presidencia de la República.
Esta revista tiene en su poder conversaciones de WhatsApp entre López y Ortiz. Una de ellas es del 25 de septiembre de 2023. Allí se observan varias llamadas pérdidas de Olmedo a Sandra (a las 7:09 a. m., a las 7:11 a. m. y a las 7:13 a. m.). A las 7:15 a. m., Sandra le dijo a Olmedo: “Director, buenos días. La reunión va hacer (sic) en la Suit del Tequendama (sic)”. A las 7:56 a. m., Olmedo le reportó a Ortiz: “Pésima movilidad por la 26. Aquí voy”. Luego hubo otra llamada perdida a las 8:21 a. m. de Olmedo a Sandra. Pinilla aseguró que Olmedo, Sandra y Name se reunieron en el Tequendama Suites ese lunes 25 de septiembre.
Y es que fue Pinilla quien señaló que entre septiembre y octubre de 2023, habría acordado encontrarse con la entonces consejera para las regiones de la Presidencia, Sandra Ortiz, en el Hotel Tequendama Suites para llevarle los 3.000 millones de pesos para el presidente del Senado, Iván Name, en transacciones en efectivo que se habrían llevado en maletas negras.
“Ella era la mensajera, por eso es importante en el proceso. La doctora Sandra fue la mensajera para el tema de Name, para nada más. Fue la persona que Name destinó para que se hiciera la entrega. Ella era la mensajera”, dijo Pinilla a SEMANA.
Las facturas se convertirían en una prueba irrefutable de todos los señalamientos que ha hecho el exsubdirector de la UNGRD contra Sandra Ortiz, quien para la época de los hechos, según los recibos, se estaba hospedando en el Tequendama con presupuesto de la propia Presidencia a través del Dapre, cuando era dirigido por Carlos Ramón Gonzáles.
La exconsejera para las regiones de la presidencia, Sandra Ortíz, recientemente quedó vinculada a una investigación preliminar que abrió la Fiscalía General en su contra y contra varios altos funcionarios del gobierno, como el propio Carlos Ramón Gonzáles, exdirector del Dapre y actual director del DNI; el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla; y el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco.
