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El borrador de reforma a las altas cortes propuesta por la ministra de Justicia

El presidente Duque asegura que el Gobierno se concentrará en mejorar el acceso al aparato judicial, pero el ministerio plantearía importantes cambios en las altas cortes. ¿Estrategia o descoordinación?


El presidente Iván Duque instaló el nuevo periodo legislativo el 20 de julio y al día siguiente se reunió en la Casa de Nariño con el procurador general, Fernando Carillo, y algunos magistrados de las altas cortes del país. El motivo del encuentro era entregar las conclusiones de la consulta ciudadana "Voz por la Justicia", que llevó a cabo la Procuraduría General en las diferentes regiones y en la cual participaron facultades de derecho, funcionarios de la Rama Judicial y ciudadanos por un periodo de seis meses.

Allí, el procurador Carrillo compartió detalles del proyecto de ley que se dispone a radicar en el Congreso, el cual se basa en los hallazgos de la consulta ciudadana y que tiene como prioridad robustecer el sistema judicial en los municipios apartados del país.

Por su parte, el presidente Duque reveló que, a través del ministerio de Justicia, el gobierno ya presentó tres proyectos de ley que también pretenden facilitar el ingreso a los primeros escalones de la justicia colombiana. La creación de un estatuto único de conciliación, la especialización de jueces en asuntos agrarios y el fortalecimiento de las comisarías de familia son los componentes de ese ramillete de propuestas.

Presidente y procurador coincidieron en que la constante detrás de los más recientes fracasos de las reformas judiciales ha sido el querer intervenir en las altas cortes y que por eso sus iniciativas no las incluían.

“Si algo ha marcado el fracaso de las últimas reformas a la justicia ha sido que el debate termina concentrado en la cúspide de la administración de justicia y le ha faltado más filigrana para concentrarse en el servicio cercano al ciudadano” aseguró el primer mandatario ante asistentes como la presidenta de la JEP, Patricia Linares; el presidente de la Corte Constitucional, Alberto Rojas; Alfonso Gómez Mendez, exfiscal general; y Hernando Herrera, director de la Corporación Excelencia en la Justicia. Entre las ausencias destacadas estuvo la de la ministra de Justicia, Margarita Cabello Blanco. 

Fue justamente su cartera la que hoy sorprendió al país al saberse que desde hace varios meses trabaja en un documento que, en caso de ser radicado en el Congreso, plantearía una reforma a las altas esferas judiciales. 

El presidente Duque les dijo a las altas cortes que se concentraría en mejorar el acceso del ciudadano a la justicia.

Si bien es tan solo un borrador y está sujeto a cambios, propone modificar el periodo para el cual son elegidos los magistrados de la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia de ocho a doce años. También establecería que al momento de elegir magistrados de estas últimas dos corporaciones, de no lograrse una mayoría calificada en los 15 días posteriores al inicio de la primera votación, bastará con una mayoría simple. Señala, además, que el principio de equidad de género será garantizado para la conformación de las cortes.

Otro cuerpo colegiado como el Consejo Superior de la Judicatura tambien sufriría cambios según el borrador. Sus miembros pasarían a llamarse consejeros en vez de magistrados y su cantidad se disminuiría de seis a cinco.

En lo relacionado con los requisitos para postularse a magistrado, se aumentarían la cantidad de experiencia exigida, que pasaría de 15 a 25 años, y se impondrían los 50 años como edad mínima. Así mismo, el documento abriría la posibilidad para que los magistrados de cualquiera de las altas cortes puedan estar sujetos a sanciones. La duración sería de seis meses, requeriría el visto bueno de la mayoría calificada de la Sala Plena y tendría lugar "cuando su conducta afecte de manera grave la confianza pública en la corporación o en la administración de justicia".

Por último, se contemplaría la obligación, en cabeza de la Fiscalía General y la Judicatura, de elaborar un plan de descongestión transitorio de la Rama Judicial, que incluya cifras del rendimiento de todos los juzgados del país, para que así el Congreso pueda destinar los recursos pertinentes. Y se modificaría la Constitución de tal forma que se establezca que la justicia, debido a su condición de servicio público, se ofrezca a la ciudadanía con herramientas y plataformas tecnológicas que aseguren su continuidad a pesar de las circunstancias.

El ministerio de Justicia es enfático en que el documento no es aún definitivo y debe ser socializado con diferentes actores. Las opiniones cruciales serán las de las altas cortes y habrá que ver si ahí, como ha ocurrido una y otra vez en las últimas, el tema naufraga.

El borrador en cuestión no fue mencionado en la reunión en la que presidente Iván Duque y el procurador Carrillo socializaron los proyectos de ley que se llevarán a trámite ante el Congreso. De momento, el borrador fue compartido con los magistrados de las altas cortes para que estos aporten comentarios. Así que todo está por verse: falta mucho para que el documento de trabajo evolucione a un proyecto formal y luego habría que ver qué suerte corre en el Congreso, donde requeriría de dos periodos legislativos, pues implicaría reformas a la Constitución Política.