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Mujer en la cárcel
El Ministerio de Justicia tiene un proyecto para lograr la excarcelación de unas 5.000 mujeres cabeza de familia que hoy cumplen condenas por delitos menores. | Foto: Getty Images

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“La reincidencia sería el camino”. Ley de “utilidad pública” que impulsa Gobierno está llamada al fracaso, advierten expertos

La iniciativa, que busca lograr la libertad de 5.000 mujeres, no ofrece alternativas de reinserción laboral. Tiene que cumplir con unas horas de voluntariado, que no son pagas. Ya hay denuncias de fundaciones que pretenden cobrar por vincularlas. Esta es la historia.

Redacción Semana
1 de octubre de 2023

Uno de los proyectos más ambiciosos y ‘cacareados’ por el Ministerio de Justicia del actual Gobierno es lograr la excarcelación de unas 5.000 mujeres cabeza de familia que hoy cumplen condenas por delitos como concierto para delinquir, hurto, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y otros delitos, cuya pena sea inferior a ocho años. Sin embargo, más allá de las buenas intenciones, la iniciativa no plantea alternativas laborales para estas mujeres, dejándoles casi, como único camino, la reincidencia delictiva para sobrevivir.

Fuentes desde el Ministerio de Justicia contaron a SEMANA cómo, pese a que la iniciativa ha tenido amplia difusión y se ha presentado como una alternativa humanitaria para que estas mujeres regresen a sus casas, también tiene claro, y lo hablan en voz baja, no existen las mínimas alternativas laborales para ellas.

El lío -según explica la fuente - está en la misma ley, a la que la Corte Constitucional le dio vía libre en marzo de 2023, y fue sancionada por el presidente Petro y anunciada con bombos y platillos.

Cárcel el Buen Pastor.
Cárcel el Buen Pastor. | Foto: Presidencia de la República

Las mujeres tendrán la “oportunidad” de sustituir la cárcel por 5 o 20 horas semanales de servicio comunitario en fundaciones, para reintegrarse a la sociedad, pero por eso no recibirán un peso. A lo que se suma la clara imposibilidad de obtener trabajo porque son personas que aún tienen una condena a cuestas, y son mujeres de difícil empleabilidad, desde el Ministerio de Justicia no hay alternativas, lo que conduciría a la reincidencia. Lo más grave, ya hay denuncias de “fundaciones” que cobrarían por vincularlas.

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Fuentes consultadas por SEMANA advierten que el mayor temor para las mujeres que hoy están en la cárcel y que podrían acogerse a esta ley es no encontrar un medio de sustento fuera de prisión y aún así tener que cumplir con las horas de servicio comunitario sin ninguna remuneración. Para algunas incluso “lo peor de quedar en libertad, es enfrentarse nuevamente a la sociedad y a todo lo que esto implica”, dejando claro que tiene familias por mantener, pero pocas alternativas.

Y es que así lo deja claro el decreto que reglamenta la prestación de esa especie de “servicio social”. “Consiste en servicios en la sociedad no remunerado que se en la libertad, a través de instituciones públicas, organizaciones ánimo de lucro o no gubernamentales. Los de utilidad pública no podrán ejercerse a favor intereses lucro de u organizaciones privadas”, es decir no habra pago, pero tendrán que cumplir horario, trasladarse, cumplir con horas, tomar transporte.

Los funcionarios del ministerio que se acercaron a plantear las dudas plantean una duda razonable: “Si una mujer condenada es de difícil empleabilidad, cómo ocurrirá si además no tiene el tiempo de cumplir un horario laboral porque deben hacer el voluntariado que obliga la ley para el beneficio. No van a conseguir trabajo”.

| Foto: Colprensa

La respuesta del ministerio

“La ley consiste en que mujeres que sean cabeza de familia, que hayan cometido delitos menores, que hayan cometido este delito en condición de marginalidad, es decir, para atender la manutención de su hogar porque no tenían de otra y que no tengan temas de reincidencia, puedan en vez de estar haciendo su pena en privación de la libertad en cárceles, hacer servicios comunitarios para sustituir esa pena, es decir, servicios que restauren y reparen las comunidades como una forma de sanción frente a lo que hicieron”, explicó Camilo Eduardo Umaña Hernández. Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa del Ministerio de Justicia.

El claro el planteamiento del viceministro frente a la intención, y es beneficiar a esas mujeres que terminan delinquiendo al ser coptadas por organizaciones criminales, y se convierten en el eslabón débil de la cadena, terminando capturadas por delitos menores como el microtráfico y el porte de estupefacientes. Pero lo que es claro que retornarían, por esta vía, al crimen.

“El problema no es la ley porque resulta revolucionaria, pero cuando las mujeres empiecen a salir se van a encontrar con lo mismo: estigmatización y registro en las entidades del Estado, para ellas les resultará muy difícil avanzar en sus procesos de resocialización”, señaló un funcionario del Ministerio de Justicia que habló con SEMANA, quien dijo que de esto no hay una línea.

“La realidad es que estas mujeres de escasos recursos económicos, que son madres, que son cabeza de hogar, que salen con una cantidad de necesidades, van a hacer un trabajo social absolutamente gratuito. Y esta gratuidad va a generar que muchas de ellas terminen de alguna manera reincidiendo en la conducta delictiva. Es importante decir al Gobierno Nacional que esta ley sería maravillosa. Claramente ellas realizando trabajo comunitario, pero un trabajo que les genere obviamente el sustento para llevar a sus hogares. Y eso nos lleva a una cantidad de situaciones también”, advierte además Esmeralda Echeverry, directora Cárceles al Desnudo.

La respuesta del Gobierno es tibia, y sí, reconoce lo que ya es una alerta y de la cual poco han hablado en la gigantesca socialización de la ley. La fórmula es que no hay peor condición para estas mujeres cabeza de hogar que estar en la cárcel y dejarlas en libertad es un avance. De trabajo para sobrevivir, no hablan.

Lo primero que hay que entender es que no hay peor condición para estas mujeres que estar en la cárcel. No hay peor condición socioeconómica, porque estas mujeres no solamente están en una condición de marginalidad, sino que sus familias tienen que sostenerlas y hacer una cantidad de maromas para que las mujeres puedan siquiera sobrevivir. Entonces, esta medida no las deja en ninguna forma peor de lo que están, porque están en el peor de los mundos estando en la cárcel, la medida busca avanzar”, señaló al viceministro Umaña.

MUJERE CONDENADA
CARCEL EL BUEN PASTOR MUJERES CONDENADAS POR HOMICIDIO BOGOTA, JUNIO 15 DEL 2004 FOTO LEON DARIO PELAEZ- SEMANA | Foto: LEON DARIO PELAEZ

Quiere decir que ni el Ministerio de Justicia ni los jueces pueden garantizar que las mujeres que se beneficien de esta ley y sean excarceladas tendrán empleo una vez salgan de la cárcel y, por lo tanto, tampoco pueden garantizar que no haya reincidencia. Fuentes consultadas por SEMANA que estuvieron en la elaboración de la ley advierten que se estará llevando a cabo bajo el método de prueba y error y las palabras del viceministro así lo confirman.

“Algunas mujeres encontrarán un empleo, algunas mujeres tendrán subsidios, algunas mujeres tendrán un apoyo por autonomía de las organizaciones, algunas mujeres buscarán educarse, algunas mujeres encontrarán un empleo satisfactorio, otras no, pero la ley lo que busca es compensar esas iniquidades y avanzar. En el sistema penitenciario, como en la sociedad, siempre hay asuntos que pueden salir mejor, que tienen que ser tratados de una forma más cercana y por eso nosotros estamos creando los mecanismos de supervisión que nos permitan establecer las alertas para entender cuáles van a ir siendo los problemas para la ejecución de sustitutos”, dijo Umaña.

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Incluso, el viceministro dice que la alternativa que tendrían las mujeres que no consigan empleo sería acogerse a los subsidios que tiene el Gobierno para mujeres cabeza de hogar o subsidios para la niñez.

En Colombia la reinserción a la vida civil de quienes han purgado una pena en cárcel ha sido un problema sin solución pues el país no cuenta con procesos exitosos para pospenados y esto repercute directamente en la reincidencia y en el hacinamiento carcelario. que supera el 22 % en todo el país.

Aunque la ley también establece que a las mujeres vuelvan a delinquir se les revocará de inmediato la sustitución de la pena para que vuelvan a estar privadas de la libertad, resulta incierto de qué manera se va a hacer el seguimiento para garantizar que no reincidan o evadan sus obligaciones o requerimientos con la justicia, pues no llevarán un sistema de monitoreo consigo cómo los brazaletes que llevan quienes tienen medidas como casa por cárcel.

“Las mujeres deberán cumplir a cabalidad con las obligaciones que impongan los jueces de la República en las sustituciones. Es decir que los jueces podrán imponer diversas obligaciones como no salir del país, presentarse cuando sean requeridas, evitar transitar por ciertos lugares o hacer ciertas actividades. Eventualmente las fundaciones o instituciones públicas deberán reportar al juez sobre el desempeño de la labor. Adicionalmente, el Ministerio de Justicia dispuso la creación de grupos interdisciplinarios que buscan hacer seguimiento a las medidas para entender cuáles pueden ser las vulnerabilidades de las mujeres y también el nivel de cumplimiento de las mismas”, dice al respecto el viceministro.

Las fundaciones y sus cupos

SEMANA también conoció denuncias al interior de las cárceles, según las cuales, algunas fundaciones y ONGs desde ya estaría aprovechándose para cobrar “cupos” con el objetivo de que las mujeres que se quieran acoger a la ley y quedar en libertad puedan cumplir con el requisito de estar vinculadas a una de estas organizaciones, incluso con la posibilidad de firmar las horas de servicio sin que realmente se cumplan.

“Esta empresas que se están vinculando a la propuesta del Gobierno en su gran mayoría son de Bogotá. Nosotros hemos insistido en que hay casi un llamado a la explotación laboral de las personas que están privadas de la libertad y de la población pospenada. Y son muchas las denuncias que están relacionadas con los cobros que están dirigidos a esas mujeres que posiblemente se vayan a beneficiar de la ley. Ya hay a nivel nacional, presuntamente, algunas ONGs tratando de beneficiarse”, dijo a SEMANA Esmeralda Echeverry, directora Cárceles al Desnudo.

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La primera dama visitó mujeres del centro penitenciario El Buen Pastor de Barranquilla. | Foto: Presidencia

Echeverry, que lleva años trabajando en temas penitenciarios agrega que “lo decimos por las denuncias que recibimos nosotros a través de nuestros canales institucionales. El Gobierno Nacional debe crear una ley que sí disminuya esa alta población de mujeres que hay en las cárceles, pero no generando que estas mujeres terminen explotadas laboralmente y abocándolas o casi que encerrándolas o llevándolas a que nuevamente cometan delitos.

“Eso es lo que están haciendo, hacen un escaneo y les están diciendo que les van a pedir la domiciliaria de utilidad pública y después no, que igual van a la fija, pero que tienen que pagar”, señaló una privada de la libertad que advirtió las exigencias de dinero para que las mujeres puedan solicitar los beneficios de la ley.

“Yo me imagino que siempre hay una cantidad vivazos y de gente terrible que hace ese tipo de cosas y que trata de engañar a la otra gente, pero eso no se puede hacer así, porque se trata de convenios establecidos por el Ministerio de Justicia que se incluyen en un sistema de información y es el juez el que decide a organización o entidad pública quedarán vinculadas. No puede haber una vinculación de ese tipo ni puede haber un cobro de ese tipo y en caso de que esto esté sucediendo inmediatamente se tomarán cartas en el asunto con la propia fiscalía y se harán todas las acciones que correspondan”, aseguró Umaña.

Actualmente, unas 17 mil mujeres están privadas de la libertad en Colombia, de ellas 11 mil tienen casa por cárcel y 6 mil están en las diferentes penitenciarías del país. Son 7 mil las mujeres que cumplen con los requisitos y que podrían acogerse a la excarcelación en el marco de esta ley.

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Mujeres de la cárcel El Buen Pastor serán capacitadas en emprendimiento e ideas de negocio | Foto: Presidencia de la República

embargo, hoy se tienen más dudas que certezas respecto de la eficacia que pueda tener la medida, la cual ni siquiera repercute en el hacinamiento carcelario que en la población de mujeres privadas de la libertad no supera el 10 %. En cambio, preocupa que la improvisación en su ejecución y la falta de garantías para estas mujeres pueda ponerlas nuevamente en situación de mayor vulnerabilidad y llevarlas incluso a la reincidencia.