La responsabilidad del Gobierno

A continuación, algunas de las piezas del análisis que llevaron a esa conclusión:
 
Las autoridades sabían

Frente al deber de prevención que tenía el Estado, la Comisión aseguró que “las autoridades tenían pleno conocimiento de las amenazas de los extraditables a magistrados de la Corte Suprema, las cuales habían determinado la realización de un Consejo de Seguridad Nacional y la adopción de ciertas medidas de protección que en el momento de la toma del Palacio brillaron por su ausencia”. Y es que “la opinión pública conoció, con base en la información divulgada el 16 de octubre de 1985 por el Ministro de Defensa, general Miguel Vega Uribe, de la existencia de los planes del M-19 para tomarse la sede máxima del poder judicial”.

La Comisión explica que a partir de lo anunciado por el general Vega, “el Comandante de la Brigada XIII y el Comandante Operativo de la Policía de Bogotá alertaron a las
unidades militares, de policía y del DAS el 17 de octubre de 1985 sobre la posible acción violenta del grupo guerrillero”. Y que, según una entrevista de la Comisión al presidente Betancur, “el Presidente de la República se enteró del proyecto del M-19 de tomarse el Palacio de Justicia a través del Consejo de Seguridad, donde estaban la representación de los mandos militares, el Ministro de Gobierno y el DAS”.

El retiro de la vigilancia

La Comisión aseguró que “el retiro de la vigilancia al Palacio contribuyó al trágico
desenlace de los hechos”. El informe final señala que “una vez ocurridos los hechos, las razones y las responsabilidades individuales e institucionales de tal decisión estatal nunca fueron adecuadamente investigadas y mucho menos sancionadas por las autoridades competentes”.

Para justificar dicho retiro, la Comisión cree que “se produjeron intentos de negar el conocimiento previo de los planes de la guerrilla, pretendiendo responsabilizar de ello al martirizado presidente de la Corte Suprema, Alfonso Reyes Echandía”, quien, según el informe final, había solicitado, al igual que la Corte y el Consejo de Estado, “el reforzamiento de las medidas de seguridad ante las graves amenazas de muerte a los magistrados y de asalto a la edificación”.

¿Por qué Belisario no habló con Reyes Echandía?

El presidente Betancur dijo en entrevista con la Comisión de la Verdad que decidió no dialogar con el presidente de la Corte Suprema, Alfonso Reyes Echandía, “tras consultas con ex presidentes, ministros y colegas en el continente”. El Presidente también le expresó a la Comisión que “cuando el doctor Reyes Echandía quería hablar con el Presidente, el Presidente consideró que no era oportuno agotar la instancia presidencial con un diálogo con el doctor Reyes Echandía, que no era libre en ese momento, porque él mismo advertía que tenía una ametralladora sobre su cabeza y por consecuencia, no era libre”.

La explicación del Presidente fue calificada como inaceptable por la Comisión, ya que “la instancia del diálogo se tornaba fundamental con el inminente riesgo para la vida de la muchedumbre de retenidos y amenazados con armas de fuego”. Además, la Comisión alertó que mientras el presidente del Congreso, Álvaro Villegas, y el presidente de la Corte, Reyes Echandía, insistían en llamar para solicitar el cese al fuego, algunos rehenes sí recibieron llamadas de parte del Gobierno con el fin de tranquilizarlos.

Presidentes y ministros no recibieron información puntual de lo que sucedía

La Comisión reveló que “el Presidente y sus ministros no recibían de parte del comandante de la operación militar, general Arias Cabrales, ni de sus superiores, la información puntual acerca de lo que sucedía en el Palacio, lo que, como quedó señalado en el Informe Preliminar, generó un vacío de poder, dado que el Presidente simplemente fue un espectador del desarrollo de los desastrosos acontecimientos”.

En el informe final califican como “elocuentes” las declaraciones del Presidente tras conocer la información que el mandatario Betancur y su gabinete ministerial recibían: “El Presidente no dispuso del operativo militar minuciosamente”; “el presidente estuvo enterado del grueso de la operación, pero no de la minucia”, esto es, no supieron de la entrada de los tanques y tampoco tenían comunicación con el general Arias ni con el coronel Plazas, quienes dirigían el teatro de operaciones; “los militares nos daban información pero fragmentaria, parcial y en la medida en que ellos presionaban y preguntaban, pero no tenían información completa de lo que estaba pasando, ni conocíamos la magnitud de la tragedia”.

¿Qué ordenó el Presidente?

El presidente Betancur señaló a la Comisión de la Verdad que “las instrucciones fueron siempre, siempre, siempre, que el Ejército, a través del Ministro de Defensa y los altos mandos militares y de la Policía, restableciera la Constitución en el Palacio de Justicia con cautela, garantía de la vida de los rehenes y aun, dije en varias oportunidades, de los guerrilleros”.

Esas instrucciones fueron dadas al ministro de Defensa, general Vega Uribe, “quien llegó al Palacio de Nariño hacia las 4:00 p. m. del día 6 de noviembre después de haber coordinado con el Comandante de la Brigada 13 y otros oficiales la operación de retoma del Palacio, y con el Director de la Policía, quien ordenó la operación helicoportada desestimando la recomendación de algunos ministros que se oponían a su realización por los riesgos que entrañaba”.

La censura

La ministra de Comunicaciones, Noemí Sanín, “tomó la decisión de censurar la difusión de las noticias relacionadas con los gravísimos hechos que conmovían al país entero el 6 de noviembre de 1985 y ordenar la transmisión de un partido de fútbol mientras el Palacio era consumido por las llamas”. Se atendió la orden, aunque, paradójicamente, el Presidente y sus ministros se enteraban de lo que ocurría a través de la radio y la televisión. Y es que el presidente Betancur le confirmó a la Comisión que “la información de radio llegaba más rápido que las informaciones oficiales”.

Las “órdenes” y el “control absoluto”

La Comisión estudió el discurso pronunciado por el presidente Belisario Betancur el 7 de noviembre de 1985, en el que dice que “esa inmensa responsabilidad la asumió el Presidente de la República, que para bien o para mal suyo estuvo tomando personalmente las decisiones, dando las órdenes respectivas, teniendo el control absoluto de la situación de manera que lo que se hizo para encontrar una salida fue por cuenta suya y no por obra de otros factores que él puede y debe controlar”.

No obstante, el informe final sostiene que esas “órdenes” y ese “control absoluto” a los que se refirió el primer mandatario de ese entonces, no se compadecen con la realidad de lo ocurrido en la operación militar de retoma del Palacio de Justicia”.

En conclusión, la Comisión de la Verdad hizo un llamado en su informe final al presidente Betancur y a quienes ejercían cargos de responsabilidad en su Gobierno, a “aceptar la responsabilidad política que les compete por las acciones y las omisiones en las que incurrieron en el curso de los días 6 y 7 de noviembre de 1985, como una manera de superar el dolor de las víctimas y sus familiares y de dar una lección de grandeza al país, al reconocer que la solución armada, el uso desproporcionado de la fuerza, la ausencia de diálogo y la negación de las evidencias no contribuyen a defender, sino, por el contrario, a socavar las instituciones del Estado de Derecho”.

Finalmente la Comisión se refirió al futuro de las nuevas generaciones si el gobierno de ese entonces asume la responsabilidad , “ello habrá de constituir para las futuras generaciones de colombianos una garantía de no repetición de los hechos del Palacio de Justicia”.
 
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