La resurrección

La semana pasada también fue de resurrección para el Estatuto Antiterrorista. Mientras hace 15 días este proyecto del gobierno parecía naufragar por el desorden de la bancada uribista y la indecisión de los conservadores, el martes y el miércoles de Pascua se aprobaron en el Congreso los 18 artículos de la iniciativa que permitirá a las Fuerzas Militares y de seguridad realizar allanamientos, interceptaciones y comunicaciones sin previa orden judicial.

Los artículos pasaron, sin embargo, con algunas modificaciones. Es que incluso entre los congresistas más comprometidos con las políticas de seguridad del presidente Álvaro Uribe calaron las advertencias de organismos internacionales como Naciones Unidas, en el sentido de que la aplicación del Estatuto podría generar arbitrariedades de la Fuerza Pública. Por eso, un grupo de senadores y representantes de varios partidos firmaron un pliego de modificaciones al texto del gobierno, para precisar las responsabilidades de las Fuerzas Armadas y los controles de legalidad de sus acciones. La existencia de un texto alternativo agilizó el debate y el tránsito del proyecto, a pesar de la resistencia original que tuvo entre algunos legisladores.

Del proyecto presentado por el gobierno se hundieron la creación de las unidades permanentes de policía judicial militar, Unesmil, y las funciones que se les otorgaban en las poblaciones con poca presencia de la justicia. Además se estableció que para prevenir desmanes de las autoridades, las capturas o allanamientos sin orden judicial deberán hacerse bajo la responsabilidad de los comandantes de división, de brigadas y de los directores de operativos.

Con lo anterior, se limita el número de funcionarios que podrían interceptar las comunicaciones sin orden previa de un juez. Al depurar esta potestad dejándola en manos de los comandantes, los jefes de inteligencia del Ejército, los directores del DAS y la Dijin, se busca tener cabezas visibles en el desarrollo de las operaciones antiterrorismo. Al hacer que los miembros de las Fuerzas Militares con capacidad directiva asuman la responsabilidad por sus acciones, se estaría dando un avance frente a la propuesta gubernamental.

Las comisiones también aceptaron la propuesta que lideró el senador Germán Vargas y que busca generar garantías para que se lleve a cabo el registro de personas. Con la nueva medida, las autoridades militares y de policía estarían autorizadas a llevar a los ciudadanos que no se hayan empadronado ante las autoridades encargadas de hacer los registros domiciliarios. A pesar de ser uno de los puntos más criticados por los opositores del empadronamiento, éste seguirá siendo general, pero bajo la coordinación del Ministerio del Interior se establecerá en cuáles sitios se podrá ir aplicando la medida.

Finalmente fue acogida la iniciativa del senador Rafael Pardo, dirigida a formular garantías para que las facultades de policía judicial no interfieran con el trabajo de los periodistas al reafirmar el derecho constitucional que ellos tienen de proteger sus fuentes.

El paso del proyecto del Estatuto por las comisiones no garantiza un exitoso y definitivo trámite legislativo. Aún falta su discusión en las plenarias de Senado y Cámara y, si sale invicto del Congreso, deberá ponerse a consideración de la Corte. Entre algunos magistrados no hay un ambiente favorable. Por eso, antes de que llegue a manos de la Corte, en los próximos debates habrá que resolver dudas que tienen que ver, por ejemplo, con la precisión de los "motivos serios" a los que se refiere el proyecto, y por los cuales los ciudadanos sospechosos podrán ser capturados sin previa orden judicial.

Pero la pregunta más fuerte que le queda al Estatuto es si las Fuerzas Militares están preparadas para asumir las nuevas responsabilidades. Como lo señaló el senador Darío Martínez en el debate, "sería un error imperdonable aprobar el Estatuto Antiterrorista sin haber aclarado los errores militares de los últimos días". Equivocaciones fatales como las de Guaitarilla y otras más recientes reflejan que a las Fuerzas Militares colombianas les cuesta trabajar en equipo. Y este trabajo colectivo será una de las bases para lograr los objetivos que persigue el gobierno con el Estatuto, si es que éste pasa en el Congreso y no lo objeta la Corte.

Las Fuerzas Militares tuvieron herramientas excepcionales para combatir la guerra durante más de la mitad del siglo XX. No obstante no se logró terminar con la violencia de los grupos armados ilegales. El reto, esta vez, dependerá del liderazgo del Presidente Alvaro Uribe para que la política de seguridad democrática no reproduzca el fracaso de las anteriores políticas de combate a la subversión. Y esto sólo se evitará si, a la par de las medidas contra la corrupción, se garantizan procesos que profesionalicen a los miembros de las Fuerzas Armadas en el respeto a los derechos humanos.