La supercorte

En Colombia esta a un paso de ratificar el estatuto de la Corte Penal Internacional, que le pondrá coto en un futuro no lejano a la impunidad de los peores crímenes que se cometen en el país y en el mundo.

La semana pasada el acto legislativo que declara superadas las diferencias entre el Tratado de Roma, que aprueba la Corte, y la Constitución del 91, quedó aprobado en séptimo debate y sólo le resta un paso por la plenaria del Senado, en unos 10 días, para convertirse en realidad. Simultáneamente se espera que el gobierno, en cabeza del vicepresidente Gustavo Bell, presente esta semana un proyecto de ley para ratificar el tratado. Una vez los trámites legislativos y diplomáticos terminen, lo que sucederá en los próximos meses, Colombia será el país número 47 en ratificar el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Los expertos estiman que antes de finalizar el año 2002 ya lo habrán ratificado los 60 países que se requieren para volver este organismo jurisdiccional una realidad.

Desde 1998 Colombia, junto con otras 120 naciones reunidas en Roma, aprobó la creación de una Corte. La institución abre las puertas a un nuevo ordenamiento político mundial. Nada más ni nada menos le pone dientes a la justicia penal para juzgar los delitos de genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra que se cometan en cualquier lugar del mundo para que no queden en la impunidad.

Los responsables de delitos atroces pueden ser acusados ante esta Corte Penal, que los investigará, juzgará y si son culpables los enviará a la cárcel.

Los códigos por los que se regirá esa Corte, sin embargo, tienen normas que no son compatibles con la Constitución colombiana como, por ejemplo, permite que se impongan penas de cadena perpetua. De ahí que para poder presentar el tratado que suscribió Colombia a ratificación del Congreso ha sido necesario que éste aprobara primero una reforma constitucional que lo hiciera coherente con el régimen constitucional colombiano. “Esta reforma no cambia la Constitución nacional sino que permite que colombianos sean juzgados por la Corte Internacional bajo sus normas”, explica uno de los ponentes de la reforma, el senador independiente Gustavo Guerra Lemoine.

Por estar entre los primeros 60, Colombia podrá participar en la elección de los 18 magistrados que tendrá la Corte y en la del fiscal. También podrá participar en las reformas que se le hagan a los códigos de este sistema internacional de justicia.



Soberania hasta donde

La Corte revoluciona el concepto tradicional de soberanía. De ahí que el proceso de ratificación en Colombia haya despertado resistencias, sobre todo entre las Farc. “Si Colombia entrega a sus ciudadanos para que sean juzgados afuera se pierde soberanía”, dijo ‘Manuel Marulanda’, jefe de las Farc, cuando comenzó a discutirse el tratado en el Congreso. El mismo gobierno Pastrana, temeroso de que la aprobación del tratado afectara las negociaciones de paz, no impulsó su paso por el Congreso y más bien lo obstaculizó hasta donde pudo. De todos modos un grupo de organizaciones no gubernamentales, el defensor del Pueblo, Eduardo Cifuentes, en llave con los senadores ponentes del proyecto de reforma constitucional, Gustavo Guerra y Jimmy Chamorro, lo han venido sacando adelante con éxito. “En las últimas semanas el gobierno ha resuelto impulsar el proyecto de acto legislativo y se ha comprometido a presentar la ley de ratificación ante el Congreso”, dijo Guerra.

Si finalmente Colombia ratifica el tratado estará aceptando que comparte la idea de que “para la conciencia humana universal, la soberanía de un Estado no puede ni debe convertirse en un ‘manto’ de protección de aquellos que han vulnerado de manera violenta y desmedida aquellas garantías mínimas reconocidas universalmente como valores inprescriptibles e inalienables de la dignidad humana”, como dice el informe que prepararon sobre la Corte varias organizaciones colombianas que apoyan su ratificación.

Esa Corte no reconocerá fueros especiales ni políticos ni militares, tampoco distinguirá afiliaciones o motivos que lleven a las personas a cometer los crímenes atroces. Es importante aclarar, sin embargo, que solamente cuando el país donde se cometieron los delitos no haya podido o querido investigarlos puede llegar el caso hasta la Corte, que funcionará en La Haya, Holanda. Ella debe respetar el derecho interno cuando éste opera. Los casos pueden ser llevados a la Corte por iniciativa de la fiscalía internacional, por un país o por el Consejo de Seguridad de la ONU. La Corte decide si los acepta, y si lo hace tiene el poder de investigar en el país donde se cometieron los crímenes, con o sin la colaboración del gobierno respectivo. Los acusados gozarán de todas las garantías fundamentales reconocidas universalmente y, de ser condenados, serán enviados a una prisión de un país que haya suscrito el estatuto.

Quizás uno de los puntos más delicados es que aun si se juzgó un caso en un país, pero se puede probar ante la Corte que no se investigó debidamente, o que ese Estado no estaba en capacidad para hacerlo y no se hizo justicia, la Corte podría volver a juzgar a los implicados.



¿Y la paz?

Muchos críticos de la Corte Penal temen que, al suscribirla, Colombia le cierre la puerta a la paz porque ninguno de los actores violentos, que en este país han cometido todo tipo de atropellos contra los derechos de los civiles, se querrá arriesgar a que, después de dejar las armas, lo extraditen y juzguen en la Corte Internacional.

No obstante la Corte se demorará por lo menos un año en empezar a operar y luego sólo juzgará los delitos que se cometan de ahí en adelante. Además los países pueden declarar que no aceptan la competencia de la Corte sobre los crímenes de guerra durante siete años a partir de la entrada en vigor del estatuto.

De ahí que muchos crean que, por el contrario, la existencia de la Corte y la perspectiva de que los delitos contra el DIH que se venían cometiendo impunemente ahora sí serán castigados pueden ser un incentivo grande para que los actores violentos en Colombia dejen de cometerlos.

“La ratificación del Tratado de Roma puede ser un factor importante para que las negociaciones se tomen en serio y para que los actores armados respeten el DIH, que lo único que señala es que hay conductas bárbaras, irracionales, excesivas y desproporcionadas que no tienen nada que ver con la guerra en sí ni con la condición humana”, dijo el defensor del Pueblo, Eduardo Cifuentes, en una entrevista hace poco con Semana.com.

Es precisamente porque este país vive una catástrofe humanitaria que se hace imperativo que respalde e impulse un instrumento como la Corte Penal Internacional. A diferencia de Nuremberg, o inclusive de los tribunales de Yugoslavia, no será una corte de vencedores de una guerra. Al contrario, será una corte que defienda los derechos de los ciudadanos corrientes, de las víctimas que hace rato en Colombia están clamando porque alguien le ponga freno a la impunidad con que los actores armados están desplegando su barbarie por todo el país.