Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

×

| 3/8/1999 12:00:00 AM

LA SUPREMA CONTRAATACA

Aunque la Corte Suprema de Justicia no podrá investigar a los parlamentarios por prevaricato sí lo <BR>podrá hacer por cohecho. Pero la tarea será muy difícil.

LA SUPREMA CONTRAATACA LA SUPREMA CONTRAATACA
La primera impresión que dejó el controvertido fallo de la Corte Constitucional sobre la tutela
interpuesta por la senadora Viviane Morales fue que el proceso contra los 109 congresistas que votaron por
la preclusión del proceso contra Ernesto Samper quedaba sepultado para siempre. Sin embargo las cosas
son bien distintas.
SEMANA ha podido establecer que el 25 de febrero _cuando vence el término para que los nuevos ponentes,
Alejandro Martínez Caballero y Carlos Gaviria, formalicen la sentencia_ la Corte Constitucional defenderá la
inviolabilidad del voto de los parlamentarios y ratificará que la sala penal de la Corte Suprema no es
competente para investigarlos, tal como lo sostuvo la senadora Morales en su tutela. Es decir que, según la
sentencia, de ahora en adelante los congresistas no podrán ser juzgados por sus opiniones y votos cuando
se trate de juicios políticos.
Sin embargo, como dijo a SEMANA un magistrado de la Corte Constitucional, "si se logra demostrar que hay
decisiones de los parlamentarios que se salen de la esfera de la autonomía del voto, por ejemplo un
cohecho, no hay duda que ello genera responsabilidad penal". O sea que aunque la Corte no podrá investigar
a los congresistas por prevaricato sí lo podrá hacer por cohecho. En castellano raso, cohecho en el 'juicio'
de Samper es vender el voto absolutorio a cambio de una prebenda. La polémica en este caso radica en que
para que se configurara el delito tradicionalmente se consideraba que el beneficio debería ser personal. En
este caso, algunos magistrados de la Corte Suprema consideran que las partidas presupuestales y los
cargos pueden llegar a ser prebendas que incidieron en el voto .
Según esta interpretación el choque de trenes seguiría vigente. Pero esa labor investigativa puede resultar
más complicada de lo que parece. No es fácil probar que una decisión de un parlamentario estuvo motivada
por prebendas más que por razones políticas."Hubo representantes que exoneraron a Samper por el solo
hecho de ser un presidente liberal", dijo a SEMANA un abogado defensor de un parlamentario, ilustrando la
dificultad de calificar las motivaciones de un voto.
En por lo menos un caso se ha denunciado un intento de cohecho no cuestionable. Se trata del
representante conservador Rodrigo Arcila, quien dijo a la Corte Suprema que durante el juicio a Samper
recibió ofertas para que cambiara su ponencia en la Cámara. Arcila era, junto con Heine Mogollón y Eliécer
Meneses, uno de los investigadores. La ponencia de Arcila fue contraria a la preclusión de la investigación.
De acuerdo con lo afirmado por Arcila ante la sala penal, la también representante quindiana Emma
Peláez le ofreció 50 millones de pesos para que exonerara a Samper."El día que se vencían los términos para
presentar el proyecto ingresó a mi oficina la doctora Peláez y me dijo que conociendo mi situación
económica me podría colaborar con un dinero si yo no presentaba el proyecto de resolución, que dicho
dinero en una cuantía de 50 millones de pesos me lo mandaba el doctor Oviedo".
Arcila en su declaración afirmó que había rechazado el ofrecimiento puesto que"tenía la plena convicción
de que al doctor Ernesto Samper Pizano se le debía acusar porque había sido elegido con dineros del
narcotráfico". Arcila también le contó a los investigadores que ante el rechazo de los 50 millones la
parlamentaria le hizo otras propuestas.
Una de ellas, según el representante, consistía en unos puntos de un contrato que se estaba celebrando en
Colpuertos por 30.000 millones de pesos."Primero me ofreció un punto y ante mi decisión de no cambiar me
subió a dos puntos, me ofreció hasta tres puntos, pero como yo fui determinante en decirle que ante
ninguna circunstancia yo cambiaba mi actitud, no insistió más en el asunto" . Un punto, explicó Arcila,
correspondía a 30 millones de pesos. O sea que en un contrato de 30.000 millones el representante
recibiría 90 millones. De ser verdad el anterior relato es contundente como intento de soborno, pero hasta
ahora se limita a un solo caso.
Nadie cuestiona que si un parlamentario recibe dinero para tomar decisiones se está frente a un delito.
Igualmente es un indicio de que hubo durante el juicio ofertas indebidas. Sin embargo, a menos que la plata
haya terminado en el bolsillo del parlamentario, va a ser difícil probar el cohecho. Sobre todo en los casos en
que los puestos y las partidas hayan sido los instrumentos de soborno.
En este momento reposan en la sala penal cerca de 22.000 folios, en los que figuran los nombramientos
diplomáticos y las partidas otorgadas por el gobierno durante el juicio a Samper. Los investigadores deberán
demostrar si tales prebendas están relacionadas con el voto de los 109 parlamentarios.
Ante esta situación el reto de los magistrados de la sala penal es complejo. En primer lugar hay
parlamentarios, como Rodrigo Rivera e Ingrid Betancourt, que recibieron partidas de los fondos de
cofinanciación y votaron en contra de Ernesto Samper.
Por otro lado, aunque el gobierno hubiera repartido el presupuesto para granjearse simpatías, mientras
no se pruebe el acuerdo previo para garantizar el voto no se configura delito. La presunción de que la
piñata presupuestal determinó el voto no basta. Hay que demostrar la intención de las dos partes y eso sólo
se puede fundamentar cuando hay denuncias, documentos, casetes y otras pruebas reina. Hasta ahora la
única que ha aparecido es la de Arcila. Queda por ver cuáles son las cartas que tiene guardadas la Corte que
demuestren el delito de cohecho de los parlamentarios.

EDICIÓN 1874

PORTADA

La orquesta del Titanic

Para tomar decisiones en el Consejo Nacional Electoral son necesarios 6 de los 9 votos. Cinco de esos votos ya están listos contra la posibilidad de que exista una candidatura viable de centro. La determinación del Consejo Nacional Electoral no será jurídica, sino exclusivamente política.

Les informamos a todos nuestros lectores que el contenido de nuestra revista impresa en nuestro sitio web será exclusivo para suscriptores.

Queremos conocerlo un poco,
cuéntenos acerca de usted:

Maria,

Gracias por registrarse en SEMANA Para finalizar el proceso, por favor valide su correo a través del enlace que enviamos a:

correo@123.com

Maria,

su cuenta aun no ha sido activada para poder leer el contenido de la edición impresa. Por favor valide su correo a través del enlace que enviamos a:

correo@123.com