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| 9/10/2019 2:03:00 PM

La supuesta exigencia de $ 20.000 millones que enreda a Tarquino y a Bustos

Tras dos años de destaparse el cartel de la toga, la Fiscalía le imputó cargos al exmagistrado Camilo Tarquino por los delitos de concusión y asociación para la comisión de delitos contra la administración pública. El abogado se declaró inocente.

La supuesta exigencia de 20.000 millones de pesos que enredan al exmagistrado Tarquino La supuesta exigencia de $ 20.000 millones que enreda a Tarquino y a Bustos

Este martes, un tercer exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia pasó al banquillo de los acusados por el llamado cartel de la toga. La Fiscalía le imputó cargos a Camilo Tarquino, quien hizo parte de la Sala de Casación Laboral de la corte, por los delitos de concusión y asociación para la comisión de delitos contra la administración pública. El exmagistrado se declaró inocente.

"Se puede inferir que usted se asoció con Leonidas Bustos (exmagistrado) para solicitar de manera ilegal la suma de 20.000 millones a Lyons a cambio de solucionarle problemas judiciales", señaló la Fiscalía, al compulsar copias para que Bustos sea investigado por este caso puntual. Cabe recordar que Tarquino era coequipero con Bustos, a quien apoyó para que llegara a ser magistrado de la Sala Penal de la corte.

En contexto: Leonidas Bustos será acusado por el escándalo del Cartel de la Toga

La prueba principal contra Tarquino son las grabaciones entregadas por Estados Unidos a la justicia colombiana. En estas se escucha al exgobernador Alejandro Lyons, al exfiscal Gustavo Moreno y al abogado Leonardo Pinilla hablar de cómo Tarquino hizo un ofrecimiento ilegal. Según los audios, el exgobernador Lyons, quien estaba inmerso en varios escándalos judiciales buscó ayuda para limpiar su imagen ante la opinión pública. 

"El papá de Alejandro Lyons le solicitó a Muriel Benito Rebollo recomendarle una oficina de abogados prestigiosa y ella recomendó a Tarquino. Se concretaron cuatro reuniones en el apartamento del exmagistrado, teniendo como propósito el que Lyons quisiera desmentir los rumores negativos en el ámbito judicial", indicó la Fiscalía delegada ante la corte que lo señala. Lo que Lyons al parecer estaba buscando era una persona que se comprometiera a hacer aclaraciones con altos funcionarios indicando en comunicados de prensa que eran comentarios malintencionados de opositores políticos.

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La Fiscalía asegura que Tarquino pidió 60 millones de pesos como pago de reuniones clientelistas, cenas y para moverse en general. De este dinero, Lyons habría accedido a darle 30 millones de pesos. No obstante, las peticiones de dinero no habrían parado allí.

En la imputación de cargos, la Fiscalía señala que Tarquino le mencionó a Lyons los detalles de una conversación que sostuvo con el magistrado Leonidas Bustos. Este habría asegurado que la situación de Lyons era crítica y que no se arreglaba a través de medios de comunicación o transmitiendo buenos mensajes. Cuando Lyons pregunta qué tiene que ver Bustos con su caso, Tarquino habría dado como respuesta que tiene "poder suficiente" para resolver su situación a cambio de 20.000 millones. 

El exmagistrado Tarquino además le habría dicho que Bustos ayudó a llegar a la Fiscalía delegada ante la corte a Julio César Martínez, funcionario a cargo de investigar los casos contra los exgobernadores de Córdoba. Tarquino aseguró que Bustos tenía injerencia en él porque era su cuota. 

"La insistencia de Tarquino impactó al exgobernador quien aseguró que salió espantado de la reunión porque lo que él pretendía no era nada irregular", señaló la Fiscalía. Lyons no habría accedido a la exigencia dada la descomunal cifra. 

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Actualmente los exmagistrados Gustavo Malo y Francisco Ricaurte responden en juicio por los hechos relacionados al cartel de la toga. De otro lado, el Congreso está en proceso de acusar a Leonidas Bustos ante la Corte Suprema de Justicia. Lo último que se sabe de este exmagistrado es que abandonó el país hace meses. Recientemente sus abogados divulgaron una carta en la que este se declara un perseguido judicial. 

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